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Una cadena de mando que presuntamente comienza en Venezuela, órdenes transmitidas a miembros de la organización en Bogotá, cobros a comerciantes y pagos a quienes ejecutan los delitos forman parte de la estructura atribuida al Tren de Aragua por testigos presentados en el proceso por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel.
La Fiscalía expuso los testimonios y una grabación durante la audiencia en la que solicitó enviar a prisión preventivamente a ocho personas vinculadas con el crimen. Las declaraciones describen un supuesto modelo de financiación basado en extorsiones, venta de drogas, hurtos, secuestros y homicidios por encargo.
Los relatos hacen parte de los elementos que sustentan la petición del ente acusador. Su contenido todavía debe ser controvertido por las defensas y valorado por un juez, por lo que no constituye una conclusión judicial sobre el funcionamiento de la organización ni sobre la responsabilidad de los procesados.
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Una presunta cadena de órdenes desde Venezuela
Uno de los testigos identificó a Giovanni San Vicente, conocido como alias el Viejo, como supuesto máximo jefe de la estructura con presencia en Venezuela y Colombia.
De acuerdo con su declaración, el segundo nivel de la organización en Bogotá estaría en manos de Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer, quien presuntamente recibía instrucciones relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos.
La Fiscalía sostiene que Castillo Urbaneja habría impartido desde una cárcel la orden de asesinar a Kevin Santiago Ángel y coordinado las acciones posteriores para ocultar lo ocurrido. El señalado permanece recluido en el establecimiento penitenciario de Doña Juana, en La Dorada, desde octubre de 2025.
La investigación también lo relaciona con hechos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes atribuidos a la estructura desde 2023. Estas vinculaciones corresponden a las hipótesis que investigan las autoridades y deberán definirse en los respectivos procesos judiciales.
Así obtendría dinero la organización
Los testigos describieron varias fuentes de financiación del grupo en Bogotá. Una de ellas sería el cobro de extorsiones a comerciantes ubicados en sectores donde la organización busca ejercer control.
Según las declaraciones de los testigos, aquellos establecimientos que se negaban a pagar podían ser objeto de hurtos o ataques con armas de fuego. La Fiscalía deberá acreditar si estos hechos ocurrieron, cuáles negocios resultaron afectados y quiénes participaron en cada caso.
El dinero también provendría de la venta de estupefacientes, los hurtos, los secuestros y los homicidios por encargo. Uno de los declarantes aseguró que quienes cometían robos debían entregar la mitad de lo obtenido a alias Osmer.
Los responsables de vender drogas, llamados “taquilleros” dentro de la estructura, presuntamente pagaban cuotas mensuales cercanas a un millón de pesos. La cantidad podía variar según el volumen de sustancias comercializado. Los encargados de cometer homicidios también recibirían pagos por cada acción.
Seguimiento y marcación de las víctimas
Los testimonios presentados en la audiencia describen un procedimiento para ubicar a las personas señaladas como objetivos de la organización.
Inicialmente, uno de sus integrantes se encargaría de reconocer o “marcar” a la víctima. Cuando no podían atacarla inmediatamente, otros miembros realizaban seguimientos hasta encontrar un lugar o momento en el que estuviera desprotegida.
La Fiscalía también presentó la grabación obtenida por un agente encubierto. En el audio, una persona identificada por los investigadores como alias Giovanni se atribuiría control territorial y capacidad para ordenar homicidios. La autenticidad, el contexto y el alcance probatorio de esta conversación deberán evaluarse dentro del proceso.
La Fiscalía señala a ocho personas por el crimen
Kevin Santiago Ángel desapareció el 20 de mayo de 2026 después de informar a su familia que se encontraba en un gimnasio del sector Gran Colombiano, en Kennedy. Su cuerpo fue encontrado dos días después dentro de una maleta abandonada en el sector de El Tintal.
La Fiscalía sostiene que el profesor habría sido contactado desde el 9 de mayo por Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra. La mujer presuntamente se ganó su confianza a través de redes sociales y lo condujo hasta una vivienda del barrio Galán, en el suroccidente de Bogotá.
En ese lugar habría sido retenido, torturado y asesinado. Posteriormente, varias personas presuntamente participaron en el traslado y abandono del cuerpo.
Estas son las ocho personas procesadas:
- Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer.
- Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bros.
- Luis Alberto Camejo González, alias Luis o el Panadero.
- Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra.
- Franyer Eduardo Vásquez Ramos, alias Fer.
- Aristides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos.
- Edwin Betsabe Herrera Martínez, alias Negrito o Looney Tunes.
- Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun.
El ente investigador les imputó, según su presunta participación individual, delitos como homicidio agravado, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Ninguno aceptó los cargos.
Las funciones atribuidas a cada procesado
La Fiscalía identificó a alias Osmer como el supuesto encargado de ordenar el asesinato desde prisión. Otro integrante habría coordinado la ejecución del crimen y la disposición del cuerpo.
Alias Mario Bros presuntamente facilitó el inmueble donde retuvieron al profesor. Alias Luis o el Panadero habría recibido previamente a la mujer que contactó a la víctima.
Los investigadores señalan a alias Negrito, Colmillos y Tun Tun de participar en la retención, las agresiones y el traslado del cuerpo. También sostienen que alias Alondra y Mario Bros utilizaron el teléfono del profesor para realizar una compra mientras lo mantenían retenido.
La Policía y la Fiscalía adelantaron más de 80 actividades investigativas para identificar a los señalados, entre ellas análisis de comunicaciones, inspecciones, entrevistas, seguimientos y procedimientos con apoyo de agencias internacionales, según el balance publicado por el Distrito.
La labor social de Kevin Ángel, posible origen de la retaliación
Kevin Santiago Ángel tenía 31 años y trabajaba como profesor en el colegio Santiago de las Atalayas, ubicado en Bosa. Además de su actividad docente, promovía procesos deportivos y comunitarios con jóvenes de Kennedy.
La hipótesis de la Fiscalía indica que su trabajo buscaba alejar a adolescentes del consumo de drogas y de la vinculación con organizaciones delincuenciales. Esa labor habría afectado los intereses de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes y la extorsión.
La investigación plantea que esta situación habría provocado la orden de asesinarlo. Por ahora, se trata del móvil presentado por el ente acusador y no de una circunstancia establecida mediante sentencia.
La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los ocho procesados. Un juez deberá determinar si los elementos presentados justifican su reclusión preventiva mientras avanza el proceso. Todos mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
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Por Redacción Bogotá
