La investigación por la muerte del bebé Liam Gael Rodríguez, de 11 meses, registrada el pasado 29 de septiembre en una sala cuna del municipio de La Calera, cada vez se hace más compleja. En especial, porque lo que comenzó como una indagación por homicidio derivó en un proceso por abuso sexual contra el padre del niño. Parece que la causa del deceso pasó a segundo plano, pues para la Fiscalía, al parecer, fue una muerte natural.
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Y esta hipótesis no la acepta la familia del niño. Por eso su abogado Juan Manuel Castellanos pidió formalmente que cambiaran a los dos fiscales que de momento se encargan del caso. Él considera que en la indagación hubo errores técnicos y una contradicción “radical” entre los informes de necropsia que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Hoy el proceso se divide en dos líneas de investigación: una por la muerte de Liam Gael y otra por un presunto acto sexual violento contra el niño, cometido antes de su muerte. Según la defensa, el manejo de ambas hipótesis ha estado marcado por un sesgo que afecta el debido proceso y el derecho a la verdad de las víctimas.
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De la asfixia a la miocarditis
El núcleo de la desconfianza de la defensa radica en el giro de los resultados forenses, entre octubre y diciembre de 2025. El primer informe de necropsia, del 6 de octubre, consignó hallazgos de trauma físico y signos de violencia, al detallar hematomas en la mucosa labial superior y en los músculos del cuello, “sugiriendo una presión externa compatible con asfixia mecánica”, cuenta Castellanos. Esto dirigió la investigación inicial hacia una presunta negligencia o maltrato en el jardín donde cuidaban al menor.
Sin embargo, el 2 de diciembre, Medicina Legal entregó un “informe de complemento de necropsia”, cuyas conclusiones modificaron la causa del deceso y llevaron el proceso al terreno de lo incierto, pues se atribuyó la muerte a una miocarditis linfocítica, lo que categoriza el deceso como muerte natural por afección cardíaca. Ante esto, el abogado sostiene que el cambio carece de sustento clínico.
“No entendemos, en ninguna lógica procesal, que un complemento tenga una contradicción tan abismal”, dice el abogado, en especial porque no existe trazabilidad médica previa ni antecedentes genéticos que justifiquen un diagnóstico de esa gravedad, para un niño que no presentaba síntomas.
Ante esta discrepancia, el profesional en derecho anunció la contratación de un perito independiente para realizar un análisis técnico-científico externo que permita controvertir el segundo informe.
La responsabilidad del padre
La línea de investigación por delitos sexuales se centra en el padre de Liam Gael. Tras el primer informe, que reportó signos de violencia en la zona genital y hallazgo de fluidos biológicos, la Fiscalía lo capturó. No obstante, el abogado señala que el ente acusador incurrió en una “pobreza probatoria”, al no realizar de manera previa cotejos de ADN.
Al progenitor lo dejaron libre en enero, luego de que él solicitara la práctica de pruebas de compatibilidad para demostrar su inocencia. Castellanos, aunque representa a la madre y no al procesado, enfatiza que las evidencias de la Fiscalía han sido insuficientes para sostener una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
“La Fiscalía tendrá que probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito, y deberá probar a quién corresponden los fluidos que identificaron en el menor, porque lo que se presentó en las audiencias preliminares sembraba dudas sobre su responsabilidad”, señala el abogado. Todo esto será motivo de debate en la siguiente audiencia del proceso en contra del padre de Liam Gael, que se programó para el 17 de junio, a las 11:00 a. m.
Ese día la Fiscalía lo acusará formalmente y enunciará las evidencias que la llevaron a tomar dicha determinación, incluso los resultados de los cotejos de ADN. El abogado Castellanos advirtió que, si las pruebas resultan ser “categóricas, solicitarán la condena de manera inmediata”. Sin embargo, si la investigación se mantiene con vacíos técnicos, denunciarán el uso del padre como una vía para desviar la responsabilidad de otros actores.
Petición a la Fiscalía General
Ante lo que consideran un estancamiento y un manejo sesgado de las pruebas, el abogado solicitó el cambio de los fiscales. “Lo más sano para el proceso es que asuman dos fiscales ajenos a los que han actuado”, advierte. Argumenta que los investigadores ya tienen un juicio formado, que ignora la gravedad de la contradicción forense y que esto vulnera las garantías de la madre.
“Pedimos que un tercer fiscal, con un punto de vista objetivo y fresco, asuma el expediente”, explicó. La petición se tramita ante el despacho de la fiscal general de la nación. De no obtener una respuesta administrativa en los términos de ley, se interpondrá una acción de tutela para proteger el debido proceso.
Simultáneamente, buscará en el sector privado la asesoría de expertos forenses que expliquen la viabilidad técnica de que un informe complementario anule hallazgos de violencia física previamente documentados. La meta es determinar si la miocarditis reportada es un hallazgo autónomo o si pudo ser coadyuvante de una asfixia, como lo sugería el primer dictamen.
La audiencia del 17 de junio será el escenario en el que se conocerá la seriedad de las pruebas del ente acusador. Para la familia, el objetivo es evitar la preclusión del delito de homicidio y garantizar que el cambio en el diagnóstico médico-legal no se convierta en un factor de impunidad para el centro donde ocurrió el fallecimiento.
El proceso continúa bajo vigilancia de la representación de víctimas, que ha dejado claro que su prioridad es la verdad científica de los hechos, independientemente de hacia dónde apunten las pruebas finales una vez sea resuelta la controversia sobre los informes de Medicina Legal, ya que tiene claro que la muerte no debe quedar impune.
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