La muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue hallado en agosto de 2025 en el río Frío, en Cajicá (Cundinamarca), volvió a ocupar el centro del debate judicial. Esta semana, la familia de la menor solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio donde estudiaba, el Gimnasio Campestre los Laureles, al considerar que existieron omisiones graves que derivaron en la desaparición y posterior desenlace fatal.
En contexto: Cruce de versiones entre colegio de Valeria Afanador y Bomberos de Cundinamarca
La petición fue radicada por el abogado Julián Quintana, representante de las víctimas, quien pidió que se formulen cargos por el delito de homicidio doloso agravado, bajo la modalidad de dolo eventual, contra Sonia Inés Ochoa, rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles, y los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón.
La defensa sostiene que el material probatorio recaudado hasta ahora permitiría establecer que los tres tenían una posición de garantes frente a la menor y que, pese a ello, omitieron actuar para evitar un riesgo que era previsible y, sobre todo, evitable. Según el abogado, esas omisiones se tradujeron en una cadena de fallas que terminaron por facilitar la muerte de la niña.
El caso se remonta al viernes 29 de agosto de 2025, cuando el cuerpo de Valeria Afanador fue encontrado en el río Frío, en el sector conocido como La Fagua. De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, la causa de la muerte fue ahogamiento, un elemento que ha sido clave en el avance de la investigación.
En el documento que la representación de víctimas entregó a la Fiscalía se señala que la rectora del plantel, como máxima autoridad institucional, habría omitido garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control de los estudiantes. La solicitud advierte que existían fallas estructurales en los protocolos de protección del colegio, las cuales, advierte la defensa, eran conocidas por la directiva y no fueron corregidas oportunamente.
Respecto a los docentes, el abogado Quintana sostiene que Emely Fuentes incumplió sus deberes de vigilancia al permitir que la menor saliera del aula sin activar los mecanismos de protección exigibles. En el caso de Diego Pinzón, el escrito afirma que el profesor advirtió una situación irregular —la presencia de la niña fuera de su salón en un horario no autorizado— y, pese a tener la capacidad y la obligación de intervenir, optó por no hacerlo.
“En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”, se lee en la solicitud elevada ante el ente acusador.
La familia de Valeria insiste en que la investigación no puede limitarse a establecer la causa médica de la muerte, sino que debe avanzar hacia la determinación de responsabilidades por omisión dentro del entorno escolar. Ahora será la Fiscalía la que deba decidir si las pruebas reunidas son suficientes para dar el siguiente paso procesal y formular cargos en un caso que sigue generando preguntas incómodas sobre la seguridad y los deberes de cuidado en las instituciones educativas.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
