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La segunda fase del Centro Especial de Reclusión de Puente Aranda, que debía entregarse en febrero de 2025, sigue sin completarse y ahora la obra tiene como nueva fecha tentativa diciembre de este año. La ampliación busca aumentar la capacidad de 216 a 489 cupos para personas privadas de la libertad, con el objetivo de descongestionar la URI de esta localidad.
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La denuncia fue hecha por la concejala Diana Diago, quien señaló que, tras más de un año de ejecución, el contratista ha avanzado apenas el 65% de la obra y aún quedan pendientes la construcción de los bloques B, C, D y E, que quedaron contemplados en la segunda fase del proyecto. “La entrega de esta obra sigue en veremos. Mientras tanto, los ciudadanos deben soportar una URI desbordada y una menor presencia policial en las calles”, advirtió Diago.
El proyecto, adjudicado en febrero de 2024 al Consorcio Caná por un valor de COP $12.200 millones, sufrió retrasos por varias razones, entre ellas la tala pendiente de tres árboles y un motín ocurrido en el bloque A en abril de 2024. A mediados de año, los trabajos se suspendieron para permitir el traslado de los privados de la libertad y cumplir con los permisos ambientales.
Con la ampliación, se habilitarían 273 cupos adicionales, lo que permitiría que parte del personal policial asignado a la custodia de detenidos regresara a patrullar las calles de Puente Aranda. Sin embargo, hasta el momento, la obra sigue retrasada y los ciudadanos esperan que se cumplan los nuevos plazos establecidos por el contratista.
“El contratista apenas avanzó la mitad en un año y pretendía terminar la otra mitad en cuatro meses, esto era previsible y demuestra la falta de planificación del Distrito. ¿Dónde está el alcalde Carlos Fernando Galán para exigirle a los contratistas que cumplan con los tiempos establecidos?”, puntualizó Diago.
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Por Redacción Bogotá
