Las decisiones que el alcalde Gustavo Petro y la secretaria de Movilidad, María Constanza García, tomaron en el primer semestre del año, en su afán por acelerar la implementación del SITP, motivaron una denuncia penal, en la que la concejal Sandra Jaramillo pide investigarlos por abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato por acción. A pesar de la denuncia, la administración se muestra tranquila y defiende la legalidad de todas sus actuaciones.
En la denuncia, la concejal cuestiona cuatro aspectos: que el alcalde se tomó atribuciones en materia de transporte, que no eran de su competencia; que se cancelaron rutas y tarjetas de operación sin cumplir requisitos legales, como el consentimiento de los afectados, una resolución motivada, y la notificación a las empresas transportadoras. Además, que se le otorgaron facultades a Transmilenio, como autoridad de transporte, al darle la posibilidad de asignar “rutas provisionales sin licitación” y “de otorgar permisos especiales de operación a empresas del transporte tradicional (TPC), que carecen de facultares legales para prestar el servicio del SITP”, todo, a pesar que el Plan Maestro de Movilidad obliga a entregar zonas de operación mediante licitación pública.
“La figura de rutas provisionales resulta leonina, puesto que a las empresas que tenían rutas asignadas por licitación, se las fueron quitando y luego las fueron reasignando a dedo sin licitación”, dijo la concejal.
La respuesta del Distrito
La respuesta no se hizo esperar, y a través de un comunicado desestimó los argumentos de la concejal Jaramillo, al señalar que desconoce la realidad y el marco jurídico. Explicó que el alcalde sí tiene las facultades como autoridad de transporte; que no se le dio competencia a Transmilenio como autoridad de transporte, sino que se facultó para planificar y organizar un esquema coordinado entre vehículos del TPC y el SITP, y que es falso que la revocatoria de tarjetas de operación se hubiera hecho de manera arbitraria.
Frente a la revocatoria de los permisos de operación, aclara la secretaria que desde 2010 se surtió todo el trámite establecido en la ley y que esas cancelaciones quedaron en firme en 2011. Además, que los que han circulado desde la época lo han hecho con permisos transitorios, que se expidieron para evitar traumatismos en el servicio de transporte, que se debían cancelar de forma gradual a medida que el SITP fuera garantizando el servicio.
Además, que es falso que las empresas del TPC operen rutas del SITP. “Sólo son autorizaciones temporales, en atención a la suspensión de operación de las empresas Coobús y Egobús, hasta tanto se garantice su migración al transporte masivo”.
En síntesis, “todas las actuaciones de la administración han estado debidamente soportadas en el marco jurídico vigente y lejos de constituirse en actos arbitrarios, ilegales o a favor de terceros, tienen como único objetivo disminuir el impacto de esta enorme transformación del servicio de transporte público en la ciudad y garantizar la continuidad en la prestación de dicho servicio”, concluyó Movilidad.
Por ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía, que tendrá que analizar los argumentos de la denuncia y la defensa de la administración, para establecer si con la aceleración de la implementación el alcalde y su secretaria de Movilidad cometieron o no algún delito.
Por Redacción Bogotá
