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En medio de las investigaciones por la desaparición de Valeria Afanador, menor de 10 años que este jueves 28 de agosto completa 16 días desaparecida, el colegio donde estudia —y donde fue vista por última vez—, el Gimnasio Campestre Los Laureles, respondió a los señalamientos del abogado de la familia, quien denunció alteraciones físicas en el lugar donde desapareció Valeria.
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Julián Quintana, abogado de la familia, tuvo acceso a una videollamada en la que participaron la rectora del colegio, otras directivas de la institución y padres de familia.
En la grabación se escucha a Ochoa decir: “¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador (...) Una de las víctimas de Sonia Ochoa como líder y representante del colegio”.
En ese sentido, Quintana planteó que la rectora pudo haber ocultado información clave a la Fiscalía y que el lugar de la desaparición habría sido alterado, lo cual podría afectar la investigación. “El sitio donde desapareció Valeria está adulterado. Lo que el colegio no hizo para evitar que un niño saliera o fuera sustraído, lo hicieron después”, advirtió el abogado.
Por ello, hizo un llamado al ente acusador para que las declaraciones de Sonia Ochoa sean tenidas en cuenta en la indagación del caso.
“La afirmación es falsa y carece de soporte”
Ante las acusaciones del apoderado de la familia, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que las afirmaciones de Quintana faltan a la verdad.
En el comunicado, la entidad reconoce que realizó intervenciones “de refuerzo posteriores a los hechos”, las cuales fueron recomendadas por las autoridades “con fines de protección escolar, no de alteraciones probatorias”, según se lee en el documento.
Advierten, además, que desde que se reportó la desaparición, se le permitió el tránsito por la zona a aproximadamente 700 personas entre docentes, directivos, familiares, autoridades y funcionarios, razón por la cual, “cualquier alteración física del terreno obedeció al tránsito de estas brigadas voluntarias y entidades y no puede atribuirse al colegio”, señala la institución.
Así las cosas, señala la institución que los trabajos de refuerzo que se realizaron fueron:
- Retiro de polisombra y reinstalación de la reja metálica de la zona del bicicletero
- Ampliación y refuerzo del sistema de cámaras de seguridad que apuntan hacia la zona del río Frío
- Revisión y refuerzo de la cerca viva y de la reja perimetral
¿Ocultamiento de pruebas?
Frente a las denuncias por presunto ocultamiento de pruebas tras las declaraciones de la rectora Sonia Ochoa, la institución asegura que ha colaborado plenamente con la justicia y no ha ocultado información.
Sobre el video en el que Ochoa menciona a un extrabajador o a un tercero, el colegio afirma que el fragmento fue sacado de contexto y que correspondía a un diálogo interno con padres de familia.
“Lo dicho por la rectora no constituye acusación ni imputación, sino la mención de una de las hipótesis planteadas por el CTI. Cuando Ochoa menciona que “lo hizo una persona que odia el colegio, un extrabajador” lo hace únicamente a manera dialéctica, como una de las muchas posibilidades que podrían existir”, se lee en el comunicado.
Finalmente, señalan que la decisión del colegio de limitar las declaraciones públicas obedece al cumplimiento estricto de la reserva sumaria y no a ocultamientos de pruebas o verdades a medias, tal y como se ha sugerido en los últimos días.
Si bien el colegio emitió una respuesta, la investigación judicial sigue su curso mientras la Fiscalía analiza si hubo o no obstrucción en el proceso. De comprobarse la alteración del lugar de los hechos, podrían derivarse responsabilidades penales o disciplinarias. Por ahora, el caso mantiene en vilo a la opinión pública y pone bajo la lupa los protocolos institucionales frente a emergencias escolares.
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Por Redacción Bogotá
