Colombia avanza en justicia animal: abusador sexual de perros irá a prisión

El sujeto fue capturado en flagrancia tras robarse una perra y abusarla sexualmente en el barrio Gibraltar de Ciudad Bolívar. Pese a que fue dejado en libertad ese mismo día, se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Foto: Mebog

Este martes 23 de septiembre se marcó un precedente judicial en Colombia: por primera vez, un abusador sexual de animales irá a la cárcel. Se trata de un hombre de 66 años acusado de robar perros en la localidad de Ciudad Bolívar para luego someterlos a distintos tipos de maltrato, entre ellos abusos sexuales.

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“Tras su liberación, el proceso continuó y hoy se realizó la audiencia. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en centro carcelario. No se trata aún de una condena, sino de una medida preventiva que permite el sistema penal cuando se considera que el acusado representa un peligro para la sociedad o para el proceso judicial”, explicó a El Espectador la senadora Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel.

El caso

La captura se dio gracias al seguimiento que la comunidad hizo del caso. Inicialmente, el sujeto fue señalado por la comunidad de robarse a una perra llamada Keyla. Debido a los antecedentes de maltrato animal del sospechoso (por casos previos de robos de perros) vecinos del barrio Gibraltar lo siguió hasta su vivienda y esperaron la llegada de las autoridades para averiguar qué estaba pasando.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que Keyla estaba allí. Lo más preocupante fue que también encontraron otros perros, presuntamente robados. “Este procedimiento fue acompañado por la Unidad de Protección Animal de la alcaldía de Ciudad Bolívar”, explicó en su momento la coronel Bibiana Valencia.

“La comunidad empezó a hacerle seguimiento a la situación y, el viernes pasado, cuando se robó una perra pastor alemán, la gente lo siguió, y así fue como descubrimos todo lo que pasaba en esa casa”, contó una proteccionista y defensora de los derechos de los animales de la localidad, quien prefiere no dar su nombre, por amenazas relacionadas con su labor.

“Lo más triste vino cuando entraron a la casa. Una de las perras estaba amarrada a una cama, sangrando, y la otra también estaba sangrando. Encontraron cadenas, bozales, medicamentos y cuerdas con las que se robaba los animales. Luego los amarraba para abusarlos”, añade.

Ante la evidencia, el sujeto fue capturado en flagrancia y trasladado a la URI de Tunjuelito. Finalmente, a pesar de las pruebas, el sujeto de 66 años quedó en libertad. “Nos dijeron que lo habían dejado en libertad, porque no fue capturado en flagrancia. ¿Y qué más pruebas necesitan? Es evidente lo que estaba haciendo”, le contó a este medio una proteccionista y defensora de animales de la localidad que prefirió omitir su identidad por las amenazas relacionadas con su labor.

“Esta persona quedó en libertad porque se declaró ilegal la captura en flagrancia. El caso continuó y hoy fue la audiencia. Ante la evidencia y la gravedad del caso, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Hay que aclarar que esta no es la condena, es una medida que habilita el sistema penal cuando se considera que la persona es un peligro para la sociedad y que puede generar un obstáculo para la administración de justicia. La medida de aseguramiento es una medida transitoria mientras sigue el proceso y se emite un fallo condenatorio” recalca la senadora.

El triunfo de esta decisión radica en que por primera vez en el país se emite una medida de aseguramiento contra alguien señalado de abusar sexualmente de animales.

“Con la Ley Ángel establecimos una pena máxima de 98 meses si hay muerte con agravante sexual, y de hasta 73 meses cuando hay lesiones. En este caso, aunque no hubo muerte, sí hubo lesiones con agravante, por lo que podría aplicarse la máxima pena”, explicó la senadora.

Por otro lado, sobre los otros casos que pondrían en evidencia que el caso de Keyla no es aislado y respondería a un acto sistemático de abuso, hay otro caso en estudio en donde la evidencia indicaría que, en efecto, hubo al menos otra perra abusada.

Sin embargo, para que un nuevo caso sea juzgado bajo los parámetros de la Ley Ángel, debe comprobarse que ocurrió después del 18 de abril, fecha en la que entró en vigencia. De lo contrario, se aplicará la legislación anterior.

Ahora, con la medida de aseguramiento en firme, el proceso avanza hacia una posible condena, que podría ser de hasta un año o incluso más, según las particularidades del caso.

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