Distintos sectores se han pronunciado respecto a la postura del Gobierno, después de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señalara que si el Distrito no accede a modificar el metro elevado a subterráneo, otros proyectos financiados por la Nación podrían detenerse.
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El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca se refirió al tema haciendo un llamado al Gobierno, para “construir consensos alrededor del diálogo articulado con el Gobierno distrital y de esta forma evitar anuncios y advertencias que condicionan el importante avance de un proyecto en marcha y la cofinanciación de nuevos proyectos claves para la movilidad de la capital”.
Para este comité, un posible cambio traería riesgos legales y mayores costos, “más años de congestión vehicular e ineficiencia logística y afectación a las personas de menores ingresos, asimismo, hace el llamado para que cualquier modificación se realice bajo criterios técnicos y jurídicos “que sustenten debidamente dicha decisión”.
Esta junta recalca no solo el avance del 60% con el que cuenta el patio taller y el 18% de su ejecución, sino que el contrato de la primera línea del metro tuvo un amplio proceso de planeación, el cual fue validado por tres diferentes Conpes nacionales y tres bancas multilaterales (BID, BM y el Banco Europeo de Inversiones).
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“Estarían en riesgo también los proyectos que avanzan en diferentes etapas de cofinanciación de nación y suman un total de $65 billones, entre los que se destacan por su importancia para la competitividad, sostenibilidad ambiental y la modernización de la ciudad y la región: el Regiotram de Occidente, la segunda línea del metro de Bogotá, la calle 13, los accesos norte, la ALO SUR, el Regiotram del Norte y 3 cables aéreos”, agregó el comité.
Para finalizar, la comisión señala que es prioridad garantizar la seguridad jurídica para concretar todas estas obras.
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Por Redacción Bogotá
