Comunidades rurales de cinco municipios de Cundinamarca firman acuerdo para proteger el agua

Doce acuerdos voluntarios y colectivos de conservación fueron implementados en cinco municipios de Cundinamarca, como resultado de un trabajo articulado entre comunidades, sector público y entidades privadas.

Foto: CAR

Para Cundinamarca el agua es un recurso preciado que hay que proteger. En esa línea, resaltan los nuevos acuerdos creados por las comunidades rurales de Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera y Fómeque, los cuales firmaron doce acuerdos voluntarios y colectivos de conservación del agua, como resultado de un trabajo entre comunidades, entidades públicas y el sector privado en áreas estratégicas del Páramo de Chingaza y el Embalse de Tominé.

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Los acuerdos se suscribieron en el marco del proyecto Incentivos a la Conservación, desarrollado por una alianza público-privada integrada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el fondo de agua Alianza BioCuenca, con el apoyo de sus socios y aliados, entre ellos la Fundación Santo Domingo y la Corporación Agua Somos.

El proyecto se implementó durante tres años y combinó trabajo técnico, ambiental y social con los actores del territorio vinculados al recurso hídrico. En este periodo se realizaron inversiones superiores a los $5.700 millones, que permitieron la gestión de más de 3.700 hectáreas estratégicas para el abastecimiento de agua en Cundinamarca y Bogotá.

Las acciones incluyeron la protección de nacimientos de agua y bosques, procesos de restauración ecológica mediante la siembra de especies nativas, la instalación de bebederos, tanques de almacenamiento y sistemas sépticos, así como el fortalecimiento productivo de las comunidades rurales, con el cuidado del agua como eje central de sostenibilidad.

“En este proyecto de articulación público-privada generamos impactos positivos y sostenibles en ecosistemas clave para el agua en Cundinamarca y Bogotá. Los resultados confirman que este tipo de alianzas fortalecen la gobernanza ambiental y promueven entornos de trabajo que integran conocimiento técnico, trabajo social, competitividad local y desarrollo sostenible, además de fortalecer la resiliencia climática de los territorios”, señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

La estructura de los acuerdos se basó en la metodología del Programa MiPáramo, una plataforma de acción colectiva que articula actores públicos, privados, comunitarios y académicos alrededor de la protección del agua como eje de desarrollo y bienestar territorial. Gracias a este enfoque, los acuerdos se implementaron bajo la modalidad de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

“Este proyecto es un ejemplo de articulación institucional entre la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito de Bogotá y la Fundación Alianza BioCuenca, junto con sus socios y aliados —Fundación Santo Domingo, Bavaria, Postobón y Femsa—, las comunidades y la academia. Permite escalar el Programa MiPáramo en Cundinamarca, impactando positivamente los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades, y demuestra que esta es una plataforma exitosa, replicable y escalable”, explicó Silvia Catalina Rey, directora ejecutiva de la Fundación Alianza BioCuenca.

A través de los acuerdos se beneficiaron 106 familias, propietarias de 116 predios, equivalentes a 3.706 hectáreas, donde se adelantan acciones de conservación. La inversión destinada a los incentivos entregados a las comunidades asciende a cerca de $1.700 millones.

“Los proyectos de reforestación, cercas vivas y tanques de agua fueron muy favorables, porque beneficiaron a muchas familias de mi vereda y de sectores vecinos. También se logró un cerramiento para la escuela y el cambio de válvulas en los tanques de reserva que abastecen a 250 familias, facilitando su manejo y mantenimiento. Este tipo de iniciativas abre la puerta para que más comunidades se vinculen y resulten beneficiadas”, afirmó Andrés García, representante de la comunidad y del acueducto Buenos Aires Bajo, en La Calera.

Cabe aclarar que los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son mecanismos económicos que promueven la conservación y recuperación de los recursos naturales mediante compensaciones técnicas, financieras o en especie a personas y comunidades que adelantan acciones de protección ambiental.

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