Concejales que fueron el palo en la rueda en la modificación del POT

Desde que el alcalde Gustavo Petro conoció este lunes la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación disciplinaria por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no ha dejado de referirse al tema. 

Primero, le respondió al procurador diciendo que Alejandro Ordóñez aprendió la lección de inhabilitarlo para que no pueda concurrir a las próximas elecciones; segundo, convocó a los bogotanos a marchar el próximo 22 de septiembre en defensa del POT; ahora, con nombre propio señala a los concejales que votaron negativamente al proyecto del Plan de Ordenamiento y dice que jamás entenderá por qué lo hicieron.

“Una vez presentado el proyecto al Concejo, en su comisión del Plan, las posiciones del concejal Palacio (Javier Palacio), su presidente; de Parada (Orlando Parada, hoy condenado por carrusel de contratos); Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas y Miguel Uribe Turbay, que presentó la ponencia de Camacol: el fuerte gremio que aglutina a los propietarios de tierras del borde de la ciudad, rechazaron el proyecto por votación sin discutirlo siquiera”, dice Petro.

El burgomaestre capitalino, hoy nuevamente en la mira de la Procuraduría, explicó que durante años funcionarios y miembros de la ciudadanía trabajaron en un Plan de Ordenamiento Territorial que adaptara la ciudad a los peligros del cambio climático y ayudara a mitigar su desarrollo en el mundo. Dicho Plan, como ordena la ley, fue entregado a la deliberación del Concejo. 

“En esas circunstancias no quedó en firme la decisión de la comisión y pasaron los 90 días de que habla la ley para facultar al alcalde para expedir el proyecto por decreto, cosa que hice. ¿De qué dolo habla entonces el Procurador? El proyecto de lo que trata es de limitar la construcción en donde, debido al cambio climático entre otros riesgos, se puede perder vidas humanas y ecosistemas valiosos para la resiliencia de la ciudad”, agrega el alcalde.

En este sentido, asegura que fue el ministro de vivienda (Luis Felipe Henao) y Camacol los que buscaron acabar con el POT decretado. “En Camacol estaba en su junta directiva el famoso constructor Álvaro Villegas quien por codicia puso en peligro la vida de centenares de familias del edificio Space de Medellín”. (Lea también 'Petro anuncia ruptura entre los gobiernos Nacional y Distrital')

En la misiva difundida por redes sociales Petro asegura que bajo la fuerte presión, y un día después de ser restituido en su cargo, luego de la Procuraduría lo inhabilitara y destituyera del puesto en diciembre de 2013, la magistrada Elizabeth García suspendió el POT a través de una medida cautelar que no le quitó su vigencia legal. Sin embargo la corporación de la que hacía parte la magistrada: el Consejo de Estado, declaró después por mayoría que no tenía competencia para estudiar el caso y remitió el decreto demandado a un juez administrativo.

“Este hecho es la base de la nueva acusación del Procurador, que busca con su decisión amedrentar al juez que tiene que tomar su decisión definitiva. Violando el principio de no establecer una prejudicialidad el Procurador se adelanta al juez y lo presiona de hecho. En toda mi vida de lucha política he puesto el interés general por encima de cualquier interés particular por muy poderoso que sea, incluso por encima de mis propios intereses personales. La lucha contra la corrupción, las mafias políticas, los nexos con el paramilitarismo, que el procurador alabó, la lucha contra al cambio climático producido por el exceso de mercado y la codicia, han sido ejes rectores de mi vida pública”, subraya.

Puntualiza también que el cambio climático es el principal problema de la humanidad. “No solo puede matar millones de personas en el planeta y en Colombia, sino que puede acabar con la vida misma en la Tierra. Las más importantes voces del mundo científico, político, artístico y religioso nos alertan. Nunca entenderé como concejales como Palacio, Parada, Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas o Miguel Uribe se negaron a debatir un tema tan crucial”.

“Cuando decreté las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial lo hice sabedor que tenía las facultades que la ausencia del debate en el Concejo me permitía, y sabedor que con ello entregaba un valioso instrumento de defensa de la vida y de construcción de resiliencia ante los graves eventos de cambio del clima que vamos a vivir en nuestra ciudad, ¿Cómo se le puede llamar a eso dolo? ¿Será que el ciego sectarismo y el odio han llevado a pensar al Procurador que la defensa del interés general y de la vida, es un dolo en Colombia? La proposición debía ser discutida en plenaria, de ser aceptada el proyecto pasaría a otra comisión y de ser rechazada quedaría en firme la decisión de la comisión del plan. De manera irregular Palacio no puso en discusión la proposición que es un derecho genuino de la administración y obligatoria para el Concejo”, indica.

“Convoqué sesiones extraordinarias para su debate, para el Concejo era obligatorio tratar el tema, así lo afirma la jurisprudencia del tema, sea para aceptar o para rechazar, pero jamás pusieron en consideración de la plenaria la votación de la proposición de reconsideración”, dice Petro.

En agosto de 2013, cuando Petro expidió por decreto modificación del POT, no solo el Gobierno Nacional rechazó la firma, en el Concejo de Bogotá tampoco gustó el hecho de que el alcalde hubiera pasado por alto el concepto de esa corporación, que hundió la iniciativa propuesta por la Administración Distrital dos meses atrás.

Ni siquiera los Progresistas apoyaron al alcalde, pues la entonces concejal y ahora representante a la Cámara, Angélica Lozano, aseguró que con esa actuación, el burgomaestre capitalino estaba embarcando a la ciudad, a futuro, en millonarios litigios por su posible ilegalidad. (Lea 'Bogotá quedaría expuesta a multimillonarias demandas por firma del POT')

El concejal Javier Palacio, uno de los principales opositores del proyecto POT presentado por Petro dijo: “la ciudad queda expuesta a multimillonarias demandas y la vivienda de interés social y prioritario tendrá sobrecostos del 40%”.

En este sentido agregó: “fiel a su estilo el alcalde Gustavo Petro sacó por decreto el POT, como siempre cuando las decisiones judiciales o el ordenamiento jurídico le es adverso él desconoce la ley, la asocia a mafias y busca imponer sus intenciones por encima de la constitución y de la ley”. Según Palacio, los alcaldes no pueden sacar el POT por decreto.

Al respecto, la concejal María Victoria Vargas indicó que la decisión que tomó el alcalde Gustavo Petro al expedir el POT por Decreto, lo percibe como una señal de desconocimiento hacia las competencias que tiene el Concejo de Bogotá. “Los miembros de la Comisión del Plan que estudiamos a fondo esta iniciativa nunca cerramos la puerta para que se pudiera estudiar nuevamente en la Corporación”.

Desde que el alcalde Gustavo Petro conoció este lunes la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación disciplinaria por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no ha dejado de referirse al tema. 

Primero, le respondió al procurador diciendo que Alejandro Ordóñez aprendió la lección de inhabilitarlo para que no pueda concurrir a las próximas elecciones; segundo, convocó a los bogotanos a marchar el próximo 22 de septiembre en defensa del POT; ahora, con nombre propio señala a los concejales que votaron negativamente al proyecto del Plan de Ordenamiento y dice que jamás entenderá por qué lo hicieron.

“Una vez presentado el proyecto al Concejo, en su comisión del Plan, las posiciones del concejal Palacio (Javier Palacio), su presidente; de Parada (Orlando Parada, hoy condenado por carrusel de contratos); Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas y Miguel Uribe Turbay, que presentó la ponencia de Camacol: el fuerte gremio que aglutina a los propietarios de tierras del borde de la ciudad, rechazaron el proyecto por votación sin discutirlo siquiera”, dice Petro.

El burgomaestre capitalino, hoy nuevamente en la mira de la Procuraduría, explicó que durante años funcionarios y miembros de la ciudadanía trabajaron en un Plan de Ordenamiento Territorial que adaptara la ciudad a los peligros del cambio climático y ayudara a mitigar su desarrollo en el mundo. Dicho Plan, como ordena la ley, fue entregado a la deliberación del Concejo. 

“En esas circunstancias no quedó en firme la decisión de la comisión y pasaron los 90 días de que habla la ley para facultar al alcalde para expedir el proyecto por decreto, cosa que hice. ¿De qué dolo habla entonces el Procurador? El proyecto de lo que trata es de limitar la construcción en donde, debido al cambio climático entre otros riesgos, se puede perder vidas humanas y ecosistemas valiosos para la resiliencia de la ciudad”, agrega el alcalde.

En este sentido, asegura que fue el ministro de vivienda (Luis Felipe Henao) y Camacol los que buscaron acabar con el POT decretado. “En Camacol estaba en su junta directiva el famoso constructor Álvaro Villegas quien por codicia puso en peligro la vida de centenares de familias del edificio Space de Medellín”. (Lea también 'Petro anuncia ruptura entre los gobiernos Nacional y Distrital')

En la misiva difundida por redes sociales Petro asegura que bajo la fuerte presión, y un día después de ser restituido en su cargo, luego de la Procuraduría lo inhabilitara y destituyera del puesto en diciembre de 2013, la magistrada Elizabeth García suspendió el POT a través de una medida cautelar que no le quitó su vigencia legal. Sin embargo la corporación de la que hacía parte la magistrada: el Consejo de Estado, declaró después por mayoría que no tenía competencia para estudiar el caso y remitió el decreto demandado a un juez administrativo.

“Este hecho es la base de la nueva acusación del Procurador, que busca con su decisión amedrentar al juez que tiene que tomar su decisión definitiva. Violando el principio de no establecer una prejudicialidad el Procurador se adelanta al juez y lo presiona de hecho. En toda mi vida de lucha política he puesto el interés general por encima de cualquier interés particular por muy poderoso que sea, incluso por encima de mis propios intereses personales. La lucha contra la corrupción, las mafias políticas, los nexos con el paramilitarismo, que el procurador alabó, la lucha contra al cambio climático producido por el exceso de mercado y la codicia, han sido ejes rectores de mi vida pública”, subraya.

Puntualiza también que el cambio climático es el principal problema de la humanidad. “No solo puede matar millones de personas en el planeta y en Colombia, sino que puede acabar con la vida misma en la Tierra. Las más importantes voces del mundo científico, político, artístico y religioso nos alertan. Nunca entenderé como concejales como Palacio, Parada, Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas o Miguel Uribe se negaron a debatir un tema tan crucial”.

“Cuando decreté las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial lo hice sabedor que tenía las facultades que la ausencia del debate en el Concejo me permitía, y sabedor que con ello entregaba un valioso instrumento de defensa de la vida y de construcción de resiliencia ante los graves eventos de cambio del clima que vamos a vivir en nuestra ciudad, ¿Cómo se le puede llamar a eso dolo? ¿Será que el ciego sectarismo y el odio han llevado a pensar al Procurador que la defensa del interés general y de la vida, es un dolo en Colombia? La proposición debía ser discutida en plenaria, de ser aceptada el proyecto pasaría a otra comisión y de ser rechazada quedaría en firme la decisión de la comisión del plan. De manera irregular Palacio no puso en discusión la proposición que es un derecho genuino de la administración y obligatoria para el Concejo”, indica.

“Convoqué sesiones extraordinarias para su debate, para el Concejo era obligatorio tratar el tema, así lo afirma la jurisprudencia del tema, sea para aceptar o para rechazar, pero jamás pusieron en consideración de la plenaria la votación de la proposición de reconsideración”, dice Petro.

En agosto de 2013, cuando Petro expidió por decreto modificación del POT, no solo el Gobierno Nacional rechazó la firma, en el Concejo de Bogotá tampoco gustó el hecho de que el alcalde hubiera pasado por alto el concepto de esa corporación, que hundió la iniciativa propuesta por la Administración Distrital dos meses atrás.

Ni siquiera los Progresistas apoyaron al alcalde, pues la entonces concejal y ahora representante a la Cámara, Angélica Lozano, aseguró que con esa actuación, el burgomaestre capitalino estaba embarcando a la ciudad, a futuro, en millonarios litigios por su posible ilegalidad. (Lea 'Bogotá quedaría expuesta a multimillonarias demandas por firma del POT')

El concejal Javier Palacio, uno de los principales opositores del proyecto POT presentado por Petro dijo: “la ciudad queda expuesta a multimillonarias demandas y la vivienda de interés social y prioritario tendrá sobrecostos del 40%”.

En este sentido agregó: “fiel a su estilo el alcalde Gustavo Petro sacó por decreto el POT, como siempre cuando las decisiones judiciales o el ordenamiento jurídico le es adverso él desconoce la ley, la asocia a mafias y busca imponer sus intenciones por encima de la constitución y de la ley”. Según Palacio, los alcaldes no pueden sacar el POT por decreto.

Al respecto, la concejal María Victoria Vargas indicó que la decisión que tomó el alcalde Gustavo Petro al expedir el POT por Decreto, lo percibe como una señal de desconocimiento hacia las competencias que tiene el Concejo de Bogotá. “Los miembros de la Comisión del Plan que estudiamos a fondo esta iniciativa nunca cerramos la puerta para que se pudiera estudiar nuevamente en la Corporación”.