La justicia penal para adolescentes en Bogotá dictó una sentencia de 7 años y 5 meses de aprehensión contra el menor de edad que disparó y mató a Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, durante un robo en la localidad de Usaquén el pasado 3 de diciembre. Así lo confirmaron sus familiares en las últimas horas a la opinión pública, sin ocultar su indignación con la cuantía de la pena.
Bossard, un administrador de empresas oriundo de Barranquilla que trabajaba en la ciudad desde 2023, fue abordado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en la avenida 19 con calle 108. Uno de los agresores fue neutralizado por la Policía en el lugar, mientras que el otro, un adolescente de 16 años que le disparó en el pecho a Bossard tras forcejear con él, resultó aprehendido por las autoridades.
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Según confirmó el padre de la víctima, el juez le imputó cuatro cargos al menor, de los cuales aceptó tres —no se hizo responsable del delito de falsedad marcaría—, entre ellos homicidio y otros asociados al hurto con violencia.
La familia de la víctima no se mostró conforme con la pena, pues aseguraron que el daño recibido, a nivel emocional, no se equiparan con siete años en una correccional.
Adolescente había estado bajo libertad vigilada antes del asesinato
El caso de Bossard también reveló fallas previas en el sistema de justicia para menores, ya que el joven implicado ya había sido capturado en mayo por hurto calificado y, tras aceptar cargos, había recibido una sanción de libertad vigilada en octubre, apenas dos meses antes del fatal ataque en Usaquén.
Esa situación fue confirmada por el alcalde de Bogotá, quien explicó que, a pesar de esa sanción reciente, el menor volvió a delinquir y cometió un crimen con resultado de muerte mientras cumplía la medida alternativa en libertad.
La aceptación de cargos por parte del adolescente y la condena que enfrentará bajo el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) buscan asegurar que cumpla la medida dictada por la autoridad judicial en un centro para menores.
Por todo lo anterior, la condena representa un paso en el proceso judicial, pero también reaviva el debate sobre la protección de derechos y la responsabilización de menores en delitos graves, en un contexto donde la violencia urbana y los hurtos violentos han generado preocupación en la ciudadanía y las autoridades.
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Por Redacción Bogotá
