Se enreda aún más el panorama para Francisco Cruz Prada, actual secretario distrital de Ambiente. Tras hacerse público que en un juzgado de Manizales avanza un proceso penal en su contra, por posibles irregularidades en un contrato que se ejecutó cuando él fue gerente de Corpocaldas (2006), hay un hecho que podría complicar su situación: uno de los procesados aceptó que cometió un delito en desarrollo de dicho convenio.
El contrato que tiene en aprietos al secretario de Ambiente, y que curiosamente se reactivó después de su nombramiento como funcionario en la Alcaldía de Bogotá, se firmó en 2006. Según el documento, el objetivo era “propender por el cuidado de los recursos naturales, en el desarrollo de unos cultivos de caña en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada”.
Sin embargo, en el departamento de Caldas se sabe que en los últimos dos municipios no existen suelos aptos para el cultivo de caña, ni existen cultivos de ese tipo. Sin embargo, siguieron adelante con el contrato y como era imposible cumplir el objetivo del convenio, decidieron invertir el dinero en actividades culturales para la comunidad. Una vez se gastaron el dinero, liquidaron el contrato con la observación de que se había ejecutado a satisfacción.
Ante la jugada, que iba en contra de las normas de contratación y del código penal, un ciudadano puso esta situación en conocimiento de la Fiscalía, que encontró méritos para abrir investigación por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
El ente acusador vinculó formalmente a la investigación a Francisco Cruz Prada, entonces gerente de Corpocaldas; al exsubdirector de Recursos Naturales de Corpocaldas, Santiago Villegas Yepes, quien fue el que firmó el contrato; Juan Manuel Rivera Cruz, interventor de ese contrato, y al contratista Víctor Segundo Mejía Puentes, representante legal de la fundación que ejecutó el contrato.
El pasado jueves se celebró la audiencia de imputación en su contra, a la que Cruz no asistió. Recientemente se conoció que el contratista Mejía Puentes negoció con la Fiscalía, hizo un preacuerdo y aceptó cargos por el delito de peculado.
Esta confesión enredaría aún más a Cruz, ya que al confirmarse que sí hubo delito en el desarrollo del contrato, la Fiscalía está convencida de que Cruz Prada, como director de la entidad, tendría algún grado de responsabilidad en las posibles irregularidades, toda vez que, como gerente de Corpocaldas en su momento, debía estar enterado de la situación.
De acuerdo con personas cercanas al secretario, él ha manifestado que no se considera responsable de ninguna irregularidad, ya que cuando se liquidó el contrato, ya no era gerente de Corpocaldas.
Por ahora, con una persona lista para ser condenada, este proceso penal será uno más de los que tendrá que defenderse el actual secretario distrital de Ambiente, quien ha señalado públicamente que él no está inhabilitado para ejercer el cargo que le asignó el alcalde Enrique Peñalosa.
Una menos
El trago dulce tiene que ver con la decisión de la Contraloría General, que decretó la nulidad de la investigación que adelantaba contra Cruz por posibles irregularidades fiscales cuando fue gerente de Aerocafé (sociedad pública que construye un aeropuerto en el departamento de Caldas), y que al parecer generaron un posible detrimento patrimonial por $20.000 millones.
Según el diario La Patria, de Manizales, la nulidad se adoptó ante “la falta de pruebas contundentes que permitan avanzar”. Sin embargo, aclaró que la nulidad no implica su cierre. El proceso por el que investigan a Cruz se abrió el 31 enero del 2011, tras un artículo en ese diario que reveló cómo constructores e interventores de la obra habían sido socios, lo que llevó a que no existiera vigilancia en el manejo de los recursos públicos. (Lea también: Nuevo Secretario de Ambiente de Bogotá dice no tener impedimentos para ocupar el cargo)
La Contraloría iba a llevar a juicio fiscal a 21 personas, entre ellas a Cruz Prada. Aunque el ente de control señaló que seguirá el proceso, lo cierto es que con la decisión de anular lo actuado y teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, la acción fiscal estaría más cerca de caducar que del juicio de responsabilidad, ya que, según la ley, estos procesos tienen una vigencia de cinco años.
De suceder esto, todos los sospechosos frente a las posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Aeropuerto del Café se liberarían de este proceso, pero más por ineficiencia del ente de control que por una decisión de fondo y definitiva.