Consejo de Estado ordenó garantizar la protesta en el monumento a los Héroes en Bogotá

En el monumento a Los Héroes se han registrado más de 6 mil manifestantes.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Durante este mes de protestas el Monumento a los Héroes, ubicado en la calle 80 con autopista Norte, se ha convertido en uno de los epicentros de las manifestaciones en Bogotá. Según los comerciantes de la zona, más de 6.000 personas frecuentan, durante los días de mayor movilización, este estratégico sector, lo que viene dificultando su trabajo y volumen de ventas. Ante esto, por medio de una acción de tutela, los vendedores volvieron -ya lo habían hecho en 2020- a pedir que se garantice su derecho al trabajo, la vida digna y la propiedad privada.

El alto tribunal no accedió a esta solicitud, pero sí decretó una medida cautelar de urgencia que ordena a la Presidencia de la República, a la Alcaldía Distrital de Bogotá y a la Policía Nacional a que cumplan el “Estatuto de Reacción Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”.

Esta medida obliga a las autoridades mencionadas a que garanticen los derechos fundamentales al trabajo, la vida digna, la propiedad privada y la protesta. El estatuto también obliga a la Policía a que tenga un enfoque diferencial en todas las intervenciones que realiza, diferenciando entre comunidades étnicas, niños, niñas, adolescentes, comunidad LGTBIQ+, personas mayores o con discapacidad.

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“Entre las acciones preventivas fijadas en esta norma están la de activar un Puesto de Mando Unificado; conformar y convocar la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas, y constituir Comisiones de Verificación de la Sociedad. Finalmente, también se dispusieron acciones posteriores, entre las cuales se destacan, Presentación de informes y comunicaciones públicas, y Finalización del Puesto de Mando Unificado, entre otras”, dice el auto que contiene la medida cautelar.

Con el objetivo de tener documentos que prueben la demanda, el Consejo de Estado también solicitó a las instituciones mencionadas un informe sobre la tutela presentada. Finalmente, el alto tribunal debe definir si los derechos de los tutelantes fueron vulnerados, de ser así, se deben establecer medidas para protegerlos.