Luego de conocerse que un juez aceptó una acción popular el proyecto de construir una troncal de TM por la séptima, una nueva queja se sumó al debate este lunes 4 de marzo. Esta vez fue la representante a la Cámara, María José Pizarro, del partido Lista de la Decencia, quien expresó su preocupación porque los consultores que están detrás de los estudios son los mismos de Hidroituango.
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Por un lado se encuentra Integral, que es la firma de ingeniería que realizó los planos y las especificaciones del proyecto de Hidroituango. Esta empresa es la interventora del proyecto por la Séptima.
Por el otro está Ingetec, que es la firma interventora en la construcción de la represa. En el caso de la construcción de troncal fue la encargada de realizar los primeros diseños de la obra en 2007 y recientemente la que adelantó la actualización de los estudios contratados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para rediseñar la obra.
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“Estamos alertando sobre el altísimo riesgo que generan las puertas giratorias que el consultor e interventor han fabricado en estos dos proyectos. INTEGRAL fue consultor para los estudios y diseños en el proyecto Hidroituango y en Bogotá cumple las funciones de interventor del Proyecto Troncal Carrera Séptima”, dijo la representante.
Pizarro hace un llamado para que los entes de control investiguen, por qué estas firmas están en la mayoría de los proyectos en Bogotá y en diferentes partes del país como la Hidroeléctrica en Antioquia y en obras como el puente de Chirajara en Villavicencio.
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La advertencia se conoce justo cuando un juez administrativo de Bogotá admitió la acción popular, que presentó el pasado 26 de febrero la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde), en la que señala supuestas falencias técnicas y ambientales en el desarrollo de los estudios técnicos del proceso licitatorio, que se abrió el pasado diciembre.
Este proyecto, que pretende talar 1.431 árboles según Rojas, y que recortará parte del andén del Parque Nacional, ya tiene aprobado el dinero para que se realice la obra. El futuro del proyecto queda ahora en manos de los jueces, que tendrán que analizar las respuestas del Distrito y las evidencias de los denunciantes.
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Por -Redacción Bogotá -bogota@elespectador.com
