Contraloría investigará contrato entre UAESP y Aguas de Bogotá, para manejo de residuos mixtos

El operador del relleno y la UAESP libran una batalla por el manejo de los residuos mixtos.

Foto: Archivo El Espectador

Aparece una nueva arista del pleito que libran la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP) y CGR (operador del relleno Doña Juana). A la denuncia penal que presentó el operador contra Amanda Camacho, directora de la entidad distrital, se suma el proceso que abrió la Contraloría de Bogotá. El ente de control fiscal, a través de su dirección de reacción inmediata abrió una indagación preliminar contra la entidad distrital.

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Para entender las razones detrás de la decisión es clave recordar el origen del choque: la disposición, tratamiento y aprovechamiento de residuos mixtos, que no son más que basuras mezcladas con escombros de construcción. Si bien CGR venía haciendo esta labor desde 2014, gracias a un contrato con pasadas administraciones; la actual directora de la UAESP cuestionó y suspendió dicho contrato; señaló que esa no era tarea del operador; le prohibió seguir tratando los residuos, e indicó que buscarían a un tercero. Además, que no le pagaría la deuda por ese servicio, que entre enero y marzo ascendía a $3.000 millones.

Mientras estos deshechos se iban acumulando, el enfrentamiento se agudizó el 8 de mayo cuando la UAESP intentó entrar al relleno para encargarse directamente del manejo los residuos mixtos, pero el operador privado lo impidió, amparándose en ser legalmente el titular del manejo de todo el sitio de disposición. El aprovechamiento de los mixtos lo venía haciendo CGR en un terreno dentro del relleno, pero fuera de los polígonos licenciados por la CAR.

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Este detalle es justo en el que se apoya el Distrito para decir que la disposición está por fuera del contrato de concesión que tiene el operador y por fuera de la licencia ambiental que ellos tienen, por lo que podrían encomendar esta tarea a un tercero en esos mismos terrenos. Esto derivó en que la UAESP firmara un convenio con la empresa Aguas de Bogotá (filial de la Empresa de Acueducto), para encargarle esta labor. Y es justo este contrato, por seis meses y casi $1.723 millones, el que hoy pretende investigar la Contraloría y qué, en principio, es por un valor mucho menor del que se le venía pagando a CGR.

El convenio tiene por objeto “autorizar el descargue, separación, traslado de material de rechazo y acopio de los residuos de construcción y demolición que están mezclados y provienen de los puntos críticos o clandestinos en la ciudad y que se encuentran en el patio de mixtos dentro del área que conforma el relleno o en el predio que defina la UAESP”

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Según el auto de la Contraloría Distrital, “los hechos objeto del presunto reproche fiscal se enmarcan o circunscriben en lo siguiente: La existencia de posibles hechos irregulares, con fundamento en las diferentes denuncias realizadas en los medios de comunicación, sobre la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, y la posibilidad de ocurrencia de una emergencia sanitaria, de acuerdo con lo explicado en los antecedentes de la presente providencia, específicamente en lo relacionado con el contrato suscrito con la Empresa Aguas de Bogotá”.

La posible emergencia sanitaria a la que hace alusión el ente de control tendría que ver con un hecho puntual: si CGR no es el encargado de procesar los residuos mixtos, una vez se llenen los patios destinados para su disposición, la empresa no solo impedirá el ingreso de más camiones cargados con estos deshechos a Doña Juana, sino que, tal parece, tampoco dejará ingresar a otra empresa a encargarse de esta labor, con lo que se acumularían en la ciudad. Esto obligaría a Aguas de Bogotá y el Distrito a buscar dónde hacer el proceso pues, paradójicamente, a pesar de que los terrenos donde está el relleno son del distrito, hoy están bajo el manejo del operador por el contrato de concesión.

Por ahora, las denuncias y las indagaciones están en marcha y seguro será un juez el que terminará dirimiendo la controversia alrededor del tratamiento y disposición de los residuos mixtos. Lo único que se espera es que este pleito se resuelva lo antes posible, para evitar que otra emergencia, esta vez por basuras, afecte la capital.