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Como olvidando la denuncia que pesa sobre el consorcio Movilidad Futura 2050 (integrado por Sutec y Siemens), por cómo ganó el contrato para renovar la red de semáforos de Bogotá con una aparente falsedad, el Distrito se ha dedicado a promocionar los avances de la obra. Los trabajos van a un ritmo tan acelerado, que muestran cómo los posibles involucrados en la maniobra les están ganando la carrera a los entes de control, que aún no toman decisiones de fondo.
Hoy, 15 meses después del escándalo y de que el alcalde Enrique Peñalosa (pasando por alto evidencias y advertencias) decidiera seguir adelante con el proyecto, se conoce un contundente testimonio. Es el de Andrés Cufiño, expresidente de Sutec Argentina (socia mayoritaria del consorcio), quien ratificó que la firma que aparece en los papeles que presentó la empresa para ganar contratos en Colombia no es la suya, confirmando que los documentos serían falsos.
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Para entender la importancia de su declaración, es clave hacer un recuento de este lío, que comenzó a mediados de 2017, cuando la administración abrió la licitación por $215.000 millones, para la instalación de la red de semáforos inteligentes. No obstante, desde que se puso en marcha, estuvo en entredicho. No solo por su estructuración, sino por las dudas alrededor de varios interesados.
El ruido fue tal, que la Procuraduría pidió suspender el trámite y cuestionó “la falta de planeación, la improvisación y el probable favorecimiento a algunos oferentes”. Pese a esto, el 28 de diciembre de 2017 el Distrito le adjudicó el contrato al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por Sutec Argentina (99 %) y la multinacional Siemens (1 %). Esta última, si bien por años manejó los semáforos en Bogotá, no podía presentarse sola, pues no cumplía los indicadores financieros. Por eso se alió con la empresa argentina, que supuestamente sí los cumplía.
Tres meses después, y luego de que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunciara que en junio de 2018 empezaría la modernización, estalló un escándalo mayor. El 20 de marzo de 2018 El Espectador hizo pública la solicitud de un supuesto veedor ciudadano, que le pedía al Distrito declarar nulo el contrato, ya que los estados financieros que presentó Sutec en Colombia eran falsos.
Como evidencia, al despacho de Bocarejo llegó una copia de los balances originales de 2016, que presentó Sutec ante las autoridades argentinas (que revelaban que estaba al borde de la quiebra) y los falsos, que radicó para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP) en la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales mostraban una empresa solvente.
A pesar de que en los documentos eran evidentes las inconsistencias, había un elemento clave: si bien ambos aparecían avalados por el contador público Maximiliano J. Álvarez, el contador Julio Ómar Gallo y el presidente Andrés Cufiño, al revisar las firmas, estas no coincidían. En su momento, tanto el Distrito, los directivos de Sutec y los de su socio Siemens se mostraron sorprendidos y dijeron que “iban a revisar”.
“Nos estamos empapando. Lo pondremos en conocimiento de Sutec en Argentina, que es la encargada de elaborar la documentación. Revisaremos el asunto y luego haremos un pronunciamiento”, dijo en su momento Jorge Armando Pérez, gerente de Sutec en Colombia, dejando, de alguna manera, la carga en Andrés Cufiño, quien para entonces era el presidente de la casa matriz de la compañía.
Explicaciones que ratifican
Aunque el Distrito le pidió explicaciones al consorcio, este solicitó desestimar la denuncia, señalando que en la licitación había cumplido las exigencias. Luego, el 25 de abril envió un oficio, firmado por su representante Miguel Mariano Bertel, que de fondo validaba la denuncia. Decía que, “por motivos objeto de investigación interna, la información financiera usada en mayo de 2017 para la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá presenta diferencias con la registrada en Argentina”.
En esa misma carta no solo relataba de un posible fraude en la empresa, cuando sus dueños Remberto Merlano y José Villalba intentaron venderla, sino que tras descubrirlo nombraron como presidente a Andrés Cufiño, para que hiciera una auditoría interna, quien al terminarla, el 5 de diciembre de 2017 (a tres semanas de la adjudicación del contrato de semáforos en Bogotá) radicó oficialmente en Argentina los estados financieros de 2015 y 2016 de Sutec.
De manera implícita Bertel aceptaba que para la época en la que presentaron los documentos en Colombia para renovar el RUP, la empresa ni siquiera había elaborado los estados financieros. Para completar, y en un intento por corregir el yerro, Bertel envió unos balances rectificados, con los que alegaba que la empresa sí tenía la solvencia para asumir el contrato de semáforos en Bogotá. Con ellos la verdadera rúbrica de Andrés Cufiño, con la que era fácil probar la falsedad en los documentos presentados en Colombia.
¿Objetivo Manizales?
El oficio que Bertel le envió a la Secretaría de Movilidad de Bogotá remataba con una curiosa observación. “Resulta importante mencionar que la inscripción al RUP fue en mayo de 2017, tiempo antes de la publicación del borrador de la licitación (de semáforos), hecho que descarta que se haya presentado en la Cámara de Comercio una información inexacta para cumplir los requisitos del proceso de la Secretaría de Movilidad”.
Si bien esa afirmación podría ser cierta, de allí se desprende un hecho diciente: justo en mayo de 2017, cuando radicaron “la información inexacta”, Sutec participaba en una licitación por un contrato de casi $30.000 millones, para operar las zonas de parqueo en vía en la ciudad de Manizales. Dicha licitación en su momento también estuvo rodeada de alertas y cuestionamientos.
Entre los documentos exigidos en dicho proceso, los interesados debían presentar los estados financieros de 2014, 2015 y 2016, pero solo se tendrían en cuenta los datos del último año a la hora de evaluar. Durante el proceso varios proponentes alertaron sobre las inconsistencias de los datos suministrados por Sutec. No obstante, la Alcaldía le permitió corregirlos y lo hizo justo con los estados financieros cuestionados, que radicaron en la Cámara de Comercio de Bogotá, para renovar el RUP.
Aunque en su momento el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, señaló que “por el presunto hecho que se investiga en la Alcaldía de Bogotá no se podía suponer que existieran falsedades en el proceso que adelantó la Alcaldía de Manizales”, las circunstancias y las fechas permitirían inferir que la posible falsificación realmente se hizo, primero, para ganar el contrato en la capital caldense (el cual sigue sin ser investigado) y, luego, al evidenciar que ninguna autoridad advirtió la irregularidad, la mantuvieron para seguir buscando contratos.
Muchas preguntas
Según abogados que le han hechos seguimiento a este caso, la irregularidad cometida por Sutec se hace más evidente luego de conocer la versión que hizo pública Andrés Cufiño (expresidente de Sutec). Con un ingrediente adicional y que pone en entredicho el trabajo de las autoridades: su versión ya la conocía la Fiscalía desde comienzos de este año. No obstante, la declaración, lo sencillo que resultaría verificar los sellos de notaría o la apostilla, inexplicablemente en el ente acusador dicen que siguen a la espera de otras evidencias. Entre ellas, los balances originales de la empresa, que pidieron desde marzo a las autoridades argentinas.
Han pasado 15 meses desde que se conoció la denuncia y mientras la empresa sigue avanzando en la instalación de los nuevos semáforos, las decisiones de fondo no aparecen. No obstante, son muchas preguntas que surgen alrededor de este caso. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la Cámara de Comercio, que aceptó documentos sin una debida verificación? ¿Qué papel cumplieron los dueños de la empresa Sutec? ¿Por qué siguen sin investigar el contrato en Manizales?
Además, ¿ya llamaron a declarar a los encargados en Sutec para conocer de dónde surgieron los documentos adulterados?, o, ¿qué tan eficiente fue el papel del “compliance” de Siemens a la hora de verificar los antecedentes de la empresa con la que se alió para ganarse un contrato? Resolverlas está en manos de los entes de control.