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Una denuncia presentada ante la Fiscalía señala a dos directivos de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHECC) de presuntamente exigir COP 60 millones en efectivo a un subcontratista para autorizar un pago relacionado con la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
La denuncia fue dada a conocer en la Revista Semana y fue presentada por el abogado Julián Quintana, en representación de la Unión Temporal Metrobuild, y quedó radicada ante la Fiscalía el pasado 28 de julio
De acuerdo con el documento de la denuncia que conoció El Espectador, los señalados son Wang Chuang, identificado en el documento como gerente general de proyectos de CHECC, y un directivo de apellido Yang, quien se desempeñaría como gerente comercial de la compañía.
La denuncia solicita que sean investigados inicialmente por los presuntos delitos de concusión o, de manera subsidiaria, extorsión, conductas que deberá determinar la Fiscalía. Las afirmaciones hacen parte de una denuncia y aún no corresponden a decisiones judiciales ni a responsabilidades establecidas por las autoridades.
La presunta exigencia de COP 60 millones
Según el texto radicado ante Fiscalía, Metrobuild fue contratada desde finales de 2023 para participar en la fabricación de vigas tipo “U” y en la construcción de subestructuras para el viaducto de la Línea 1.
La Unión Temporal asegura que entre 2024 y 2026 suscribió varios contratos con CHECC por un valor total superior a COP 32.000 millones. Los pagos se realizaban mediante cortes mensuales, que debían superar distintas revisiones antes de recibir la firma final del gerente general de proyectos.
Según la denuncia, el corte correspondiente a marzo de 2026, valorado entre COP 1.000 millones y COP 1.200 millones, ya contaba con todas las aprobaciones requeridas, excepto la firma de Wang Chuang.
El 8 de abril, representantes de Metrobuild acudieron a las oficinas de CHECC para preguntar por la demora. Allí, según su versión, Yang les habría informado que debían entregar COP 60 millones en efectivo para que Wang firmara la autorización pendiente.
“Si no lo hace de esta forma, no firma”, habría señalado el directivo, según el relato incorporado en la denuncia.
El documento sostiene que la exigencia fue presentada bajo el argumento de dos supuestos problemas de calidad en vigas fabricadas durante 2026. Sin embargo, Metrobuild asegura que no existía un procedimiento técnico que hubiera determinado su responsabilidad y que el contrato ya contemplaba una retención de garantía del 5 % para responder por este tipo de situaciones.
El dinero habría sido entregado en una oficina
La denuncia afirma que, una vez autorizada la factura, Metrobuild recibió el pago del corte de marzo entre el 15 y el 17 de abril.
Un día después, el 18 de abril, Juan Carlos Cuenca habría acudido a las oficinas de CHECC y entregado los COP 60 millones en efectivo a Yang, quien supuestamente contó el dinero billete por billete y firmó un recibo manuscrito.
Los denunciantes aseguran que la diligencia quedó registrada en un video continuo de más de 20 minutos, metraje que salió a la luz en el portal de la Revista Semana y que da cuenta de las denuncias interpuestas.
También indicaron que existe un audio de entre diez y doce minutos correspondiente a la reunión del 8 de abril, desarrollada parcialmente en mandarín, en el que habría quedado registrada la presunta exigencia.
Denuncian otros COP 2.500 millones retenidos
Metrobuild también aseguró que CHECC mantiene retenidos cerca de COP 2.500 millones adicionales.
Según la denuncia, el monto estaría compuesto por aproximadamente COP 1.200 millones o COP 1.300 millones en retenciones de garantía, alrededor de COP 600 millones correspondientes a trabajos de subestructura y otros COP 700 millones relacionados con un último corte de obra y remanentes de facturas.
La Unión Temporal sostuvo que ha remitido varias comunicaciones para solicitar esos pagos, pero que no ha recibido una respuesta formal. Además, indicó que un funcionario del área comercial habría anunciado por medio de la aplicación WeChat la aplicación de nuevos “descuentos”, supuestamente por instrucciones de un superior.
El abogado solicitó a la Fiscalía investigar también un eventual enriquecimiento ilícito, establecer el destino de los COP 60 millones y revisar la evolución patrimonial de los directivos señalados.
Lo que respondió la Empresa Metro
Tras conocerse públicamente el caso, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) rechazó cualquier conducta que pueda constituir corrupción y confirmó que también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía.
La entidad explicó que fue consultada por la Revista Semana antes de la publicación del caso y que, tras revisar la información, constató que la persona señalada sería un directivo de CHECC, compañía integrante del concesionario encargado de construir la Línea 1.
Según la EMB, los hechos denunciados habrían ocurrido en la relación entre una empresa privada y uno de sus subcontratistas.
“La Empresa Metro de Bogotá rechaza de manera categórica cualquier conducta que pueda constituir actos de corrupción o que atente contra la transparencia en la ejecución del proyecto más importante de infraestructura del país”, indicó.
La empresa aseguró que informó sobre la situación a la banca multilateral y puso a disposición de la Fiscalía toda la información que sea requerida.
También sostuvo que, aunque el Metro es un proyecto público, los recursos involucrados en el supuesto pago de COP 60 millones serían dineros privados y no comprometerían el avance de la obra.
¿El caso afecta las obras?
La Empresa Metro afirmó que la situación no compromete el desarrollo de la Línea 1, cuyo avance, según la entidad, supera el 80 %.
Asimismo, aseguró que ha realizado los pagos en los plazos previstos dentro del modelo financiero del contrato y recordó que el concesionario Metro Línea 1 está obligado a cumplir sus compromisos económicos con los subcontratistas.
La EMB manifestó que los presuntos hechos entre privados deben ser investigados y sancionados, en caso de que se comprueben, y reiteró que la transparencia y la protección de los recursos públicos continuarán siendo principios centrales del proyecto.
Por ahora, la Fiscalía deberá establecer si existió una exigencia ilícita, verificar la autenticidad de los audios y videos anunciados por los denunciantes, determinar el destino del dinero y definir si los hechos corresponden a concusión, extorsión, enriquecimiento ilícito u otra conducta penal.
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Por Redacción Bogotá
