Corte constitucional admitió demanda a cambios de localidades en el POT

La Corte Constitucional aceptó una demanda interpuesta por cuatro concejales de Bogotá contra el artículo que se incluyó en la reforma del Estatuto Orgánico de la ciudad y que le permitió a la alcaldesa Claudia López incluir la modificación de las 20 localidades a 33 unidades de planeación local (UPL) dentro del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se debate en el Concejo.

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La acción fue interpuesta por los cabildantes Lucía Bastidas (Alianza Verde), Emel Rojas (Justa Libres), Heidy Sánchez (Colombia Humana), Carlos Carrillo (Polo) y Andrés Forero (Centro Democrático), quienes indican que este artículo le quita las competencias al Concejo para definir la pertinencia de ampliar el número de localidades, ya que los obligaría a aprobar el proyecto sin cuestionar los argumentos del Distrito para hacer el cambio.

Al respecto, la concejal Lucía Batidas señala que esta modificación atenta “contra la democracia, la descentralización, la participación y la prevalencia del interés general sobre el particular y otros derechos constitucionales como la libertad de conciencia y expresión, ya que resulta ser una imposición no poder votar negativo, ya que el legislador, de manera unilateral, sin justificación alguna y en contra de la Constitución Política, desea que la división sea la que se adopte en el Plan de Ordenamiento”.

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Además de este artículo, demandaron otro en el que se establece que el Distrito ya no tendrá que ir al Concejo para aprobar las vigencias futuras ordinarias y en cambio le da esta misión al Confis Distrital. “No se puede restringir la posibilidad de las corporaciones políticas, como el Concejo de Bogotá, de ejercer sus competencias relacionadas con temas presupuestales, como es el control y debate sobre las vigencias futuras”, argumentaron los cabildantes en la demanda.

Por su parte, el concejal Carlos Carrillo resaltó que la acción fue presentada por cabildantes de diferentes orillas políticas que coincidieron en la inconstitucionalidad de los artículos. “Claramente, es un mico, además de un mandado de la administración distrital y representado en el Congreso por la representante Juanita Goebertus, el representante José Daniel López y por aliados políticos de Claudia López en Bogotá, que buscan convertir las modificaciones en el POT en nuevas localidades sin que se haya dado ninguna discusión de cara a la ciudadanía y lo segundo es la autorización del Concejo de las vigencias futuras. Eso es absolutamente desproporcionado, no puede un acuerdo entre unos senadores quitarle al Concejo una de las pocas facultades reales que tiene”.

A mediados de este año, el Congreso aprobó la reforma del Estatuto orgánico de Bogotá. Pese a que en un principio proponía cambiar el método de elección de los alcaldes locales, al final solo modificó los requisitos mínimos para acceder al cargo: contar con título profesional, uno de posgrado y experiencia.

Junto a esto, se incluyeron otros cambios como que la elección de alcaldes sea paritaria en la ciudad, así como incluyó la creación de gabinetes locales, en los que estarán delegados de cada secretaría, reuniones semestrales con la Secretaría de Gobierno, para articular acciones, y un nuevo Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales, que atenderá únicamente los asuntos de las localidades, en los que se reunirá el mandatario mayor, los secretarios y los alcaldes locales.

Junto a esto, se aprobó un artículo que permite la consolidación de localidades rurales con condiciones diferentes a las urbanas y que deja en manos del Plan de Ordenamiento Territorial la creación y delimitación de nuevas localidades, lo que desde el principio ha sido cuestionado desde el Concejo, dado que el debate va más allá de la división territorial e incluye aspectos administrativos que no le competen al POT, como nuevas alcaldías y ediles en estas nuevas organizaciones.

En respuesta, el Distrito ha indicado que se requieren las modificaciones en especial en localidades como Kennedy y Suba, que tienen más habitantes que otras ciudades del país como Bucaramanga o Cali. Así mismo señalan que quien se encargará de armonizar los cambios con una reforma o lo que corresponda será la próxima administración.

La Corte Constitucional aceptó una demanda interpuesta por cuatro concejales de Bogotá contra el artículo que se incluyó en la reforma del Estatuto Orgánico de la ciudad y que le permitió a la alcaldesa Claudia López incluir la modificación de las 20 localidades a 33 unidades de planeación local (UPL) dentro del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se debate en el Concejo.

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La acción fue interpuesta por los cabildantes Lucía Bastidas (Alianza Verde), Emel Rojas (Justa Libres), Heidy Sánchez (Colombia Humana), Carlos Carrillo (Polo) y Andrés Forero (Centro Democrático), quienes indican que este artículo le quita las competencias al Concejo para definir la pertinencia de ampliar el número de localidades, ya que los obligaría a aprobar el proyecto sin cuestionar los argumentos del Distrito para hacer el cambio.

Al respecto, la concejal Lucía Batidas señala que esta modificación atenta “contra la democracia, la descentralización, la participación y la prevalencia del interés general sobre el particular y otros derechos constitucionales como la libertad de conciencia y expresión, ya que resulta ser una imposición no poder votar negativo, ya que el legislador, de manera unilateral, sin justificación alguna y en contra de la Constitución Política, desea que la división sea la que se adopte en el Plan de Ordenamiento”.

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Además de este artículo, demandaron otro en el que se establece que el Distrito ya no tendrá que ir al Concejo para aprobar las vigencias futuras ordinarias y en cambio le da esta misión al Confis Distrital. “No se puede restringir la posibilidad de las corporaciones políticas, como el Concejo de Bogotá, de ejercer sus competencias relacionadas con temas presupuestales, como es el control y debate sobre las vigencias futuras”, argumentaron los cabildantes en la demanda.

Por su parte, el concejal Carlos Carrillo resaltó que la acción fue presentada por cabildantes de diferentes orillas políticas que coincidieron en la inconstitucionalidad de los artículos. “Claramente, es un mico, además de un mandado de la administración distrital y representado en el Congreso por la representante Juanita Goebertus, el representante José Daniel López y por aliados políticos de Claudia López en Bogotá, que buscan convertir las modificaciones en el POT en nuevas localidades sin que se haya dado ninguna discusión de cara a la ciudadanía y lo segundo es la autorización del Concejo de las vigencias futuras. Eso es absolutamente desproporcionado, no puede un acuerdo entre unos senadores quitarle al Concejo una de las pocas facultades reales que tiene”.

A mediados de este año, el Congreso aprobó la reforma del Estatuto orgánico de Bogotá. Pese a que en un principio proponía cambiar el método de elección de los alcaldes locales, al final solo modificó los requisitos mínimos para acceder al cargo: contar con título profesional, uno de posgrado y experiencia.

Junto a esto, se incluyeron otros cambios como que la elección de alcaldes sea paritaria en la ciudad, así como incluyó la creación de gabinetes locales, en los que estarán delegados de cada secretaría, reuniones semestrales con la Secretaría de Gobierno, para articular acciones, y un nuevo Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales, que atenderá únicamente los asuntos de las localidades, en los que se reunirá el mandatario mayor, los secretarios y los alcaldes locales.

Junto a esto, se aprobó un artículo que permite la consolidación de localidades rurales con condiciones diferentes a las urbanas y que deja en manos del Plan de Ordenamiento Territorial la creación y delimitación de nuevas localidades, lo que desde el principio ha sido cuestionado desde el Concejo, dado que el debate va más allá de la división territorial e incluye aspectos administrativos que no le competen al POT, como nuevas alcaldías y ediles en estas nuevas organizaciones.

En respuesta, el Distrito ha indicado que se requieren las modificaciones en especial en localidades como Kennedy y Suba, que tienen más habitantes que otras ciudades del país como Bucaramanga o Cali. Así mismo señalan que quien se encargará de armonizar los cambios con una reforma o lo que corresponda será la próxima administración.