Un grupo de familias de la comunidad Emberá Katio asentada en la UPI La Florida desde hace más de un año decidió dirigirse en las últimas semanas hasta la sede del Ministerio del Interior, para protestar ante lo que aseguran son falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional para su reubicación en la ciudad y, en otros casos, el retorno a sus territorios.
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La manifestación ha involucrado a niños, niñas y jóvenes quienes de acuerdo con la cartera ministerial, los estarían instrumentalizando, y los mayores impidiendo que accedan a la oferta institucional por parte de Integración Social e ICBF, con el fin de garantizar sus derechos.
Funcionarios lograron salir
Tras casi 15 días de protestas, en la tarde de este miércoles se registró un nuevo incidente entre personas de la comunidad y funcionarios del Ministerio del Interior, ante el presunto impedimento de los indígenas emberá para dejar salir y entrar a trabajadores.
Fueron horas de tensión donde algunos indígenas utilizaron palos y bastones para romper vidrios del Ministerio.
La situación escaló a tal punto que desde el Gobierno Nacional pidieron intervención de la fuerza pública. Así lo indicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
“Por petición del Ministerio en PMU nacional se inició procedimiento de fuerza pública, en principio para poder abrir corredores seguros de evacuación.La intervención se hizo de manera controlada dada la presencia de niñas, niños y madres gestantes. Tanto el ICBF como el ministerio público han acompañado el procedimiento”, aseveró.
Mesa de diálogo
Según el Ministerio del Interior, como garante de los derechos de las comunidades, convocó mesas de diálogo para los días 16, 17, 20 y 21 de abril, junto a demás entidades de los gobiernos nacional y distrital.
A pesar de ello, señalaron que líderes de la comunidad se retiraron del proceso el 28 de abril “aduciendo que la única pretensión era el cambio de albergue, pues su decisión era no retornar a la UPI Florida”.
En respuesta, el Gobierno Nacional nuevamente planteó la disposición de la SAE de aportar algunos inmuebles “siempre y cuando la administración la asumiera alguna entidad de gobierno o alguna otra entidad con personería jurídica, aclarando que dicho proceso tiene unos tiempos que oscilan entre los tres y los seis meses. Esta situación fue rechazada por los indígenas que demandaban la solución inmediata de su solicitud”.
En Bogotá queda mucho por hacer: el diagnóstico de la Unidad para las Víctimas dice que hay cerca de 2.221 personas de la comunidad Emberá en los albergues La Rioja (241 hogares con 576 personas), La Florida (244 hogares con 629 personas) y El Buen Samaritano (60). Se estima que el 56,3 % (1.251 personas) de la población son niños y niñas.
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Por Redacción Bogotá
