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El pasado 17 de septiembre la comunidad de Sumapaz convocó una asamblea permanente para exigir al Distrito y a entidades del orden nacional soluciones a varias problemáticas que, según líderes de la localidad, configuran una deuda histórica con la ruralidad de la capital del país, la cual sigue sin saldarse.
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Las demandas abarcan desde la pavimentación de vías cruciales hasta la mejora de servicios esenciales como salud y educación, pasando por la revisión de políticas catastrales y el reconocimiento de su identidad campesina.
“Las 26 Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, conscientes de la importancia de la movilización y la protesta social para lograr avances en el bienestar de la comunidad, y en pleno ejercicio de sus derechos, decidieron convocar la Asamblea Campesina y Popular Sumapaceña para exigir atención ante la aguda crisis provocada por el deterioro vial, las limitaciones en los servicios de salud y educación, los elevados costos del impuesto predial y del avalúo catastral, entre otras problemáticas persistentes que no han tenido una solución duradera”, le contó a El Espectador, Daymer Ríos, secretario general de Asojuntas Sumapaz.
En respuesta a las demandas de las comunidades campesinas, el Distrito anunció el inicio de mesas de seguimiento bimensuales para verificar el cumplimiento de compromisos asumidos con la población rural de la localidad 20 de la capital.
La decisión se tomó luego de la movilización de septiembre y una mesa de trabajo en la que se acordó una hoja de ruta que agrupa las principales exigencias de los habitantes rurales en 10 ejes temáticos clave.
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¿Qué reclaman las comunidades rurales?
Los compromisos se enfocan en temas críticos que llevan años sin solución:
- Troncal Bolivariana
- Malla vial rural
- Acceso a salud
- Educación básica y superior
- Conectividad
- Impuesto predial
- Reconocimiento de derechos campesinos
Este plan no solo busca soluciones técnicas, sino también recuperar la confianza entre el Estado y las comunidades rurales.
¿Quiénes participan?
Las mesas de seguimiento están integradas por entidades del Distrito como el IDU, UMV, Secretarías de Salud, Educación, Hacienda, Gobierno, Catastro Distrital y la agencia ATENEA, así como la Subred Sur de salud, la Universidad Nacional, la ANLA, Parques Nacionales Naturales y organizaciones campesinas como ASOJUNTAS Sumapaz y el Sindicato de Trabajadores Agrarios.
Este mecanismo busca hacer cortes de cuenta cada dos meses, resolver cuellos de botella en la ejecución de obras y garantizar que las decisiones no se queden solo en el papel.
Un llamado a resultados concretos
“El seguimiento constante es clave para que las acciones acordadas se traduzcan en mejoras reales en la vida de las familias campesinas”, aseguró Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.
Más allá de los anuncios, la comunidad espera resultados tangibles en su día a día: vías transitables, mejor atención en salud, conectividad real y acceso a educación de calidad.
La iniciativa también abre un espacio para que los campesinos vigilen el cumplimiento de los acuerdos, promoviendo la transparencia y el control social sobre las acciones del Distrito.
La Troncal Bolivariana, eje de la movilización
La principal preocupación que ha movilizado a la comunidad es el estado de la Troncal Bolivariana, una vía de carácter nacional que conecta la zona rural de Usme con la vereda San José de Sumapaz. Si bien algunos tramos están pavimentados, un segmento considerable —de aproximadamente 20 a 30 kilómetros, entre la vereda Santa Rosa y San Juan— no lo está.
“El mantenimiento de este trayecto corresponde al nivel central del Distrito (IDU), pero ha sido la Alcaldía Local de Sumapaz, a través de su equipo de maquinaria amarilla, la que ha asumido estas labores. No obstante, no ha sido posible utilizar recebo, ya que las autoridades nacionales han prohibido la explotación de canteras en la zona. Como resultado, el Fondo de Desarrollo ha estado ‘revolcando’ el recebo existente desde hace más de 20 años, el cual, debido a la ola invernal, se ha convertido en tierra”, advierte Ríos.
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy (Pacto Histórico) coincide en este diagnóstico y señala que el acelerado y constante deterioro de la vía se debe a la falta de intervención por parte del IDU: “lo que ha dejado toda la carga del mantenimiento en el Fondo de Desarrollo Local, sin equipos ni materiales suficientes para atender la calzada”.
Agrega que a ese panorama “se suma la parálisis de los contratos de regalías para las vías terciarias, que apenas alcanzan un 30 % de ejecución, mientras se pretende adicionar más de la mitad del presupuesto inicial, dejando a las comunidades en condiciones peores que las que tenían, incomunicadas y aisladas de las vías principales”.
Así las cosas, en el pliego de peticiones que la comunidad ya socializó con las autoridades, se propuso explorar la opción de declarar una “emergencia vial local y de la extensión rural de Bogotá”, para lograr la financiación y una intervención inmediata de la Troncal Bolivariana, así como la evaluación de la viabilidad técnica, ambiental, jurídica, presupuestal y socioambiental de su pavimentación. También se pidió la intervención urgente de las vías terciarias de la localidad, que se han deteriorado por la intensa temporada de lluvias.
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Por Redacción Bogotá
