¿Se puede recuperar la gramilla de El Campín con gramilla retirada de otro escenario deportivo público? Esa es la pregunta que dejó en el aire el concejal Leandro Castellanos, quien denunció que camiones con rollos de césped extraídos del parque La Florida, en el occidente de la ciudad, habrían llevado el material al estadio. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que autorizó una intervención en tres canchas del parque, pero la discusión también pasa por las condiciones del permiso, la recuperación de los terrenos y los documentos que permitan establecer cómo se hizo el traslado.
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“Lo que está mal es afectar una cancha de un parque distrital en donde hay escuelas de formación, clubes deportivos y comunidad que va a hacer recreación y actividad física”, cuestionó Castellanos. El Instituto sostiene que la intervención, a cargo de Equiver S. A. S., permitirá recuperar tres canchas de La Florida y que los trabajos, estimados en COP 444 millones, no requerirán recursos públicos.
¿Qué autorizó el IDRD en La Florida?
En respuesta a los cuestionamientos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte explicó que la extracción de gramilla hace parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver. Según la entidad, el proceso permite probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, además de evaluar métodos para su recuperación.
El IDRD reportó intervenciones en 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9 del parque. Esos espacios, indicó, serán nivelados y recuperados con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.
El permiso estará vigente hasta el 1.º de abril de 2027. La entidad aclaró que se trata de una autorización temporal con contraprestación en especie, no de un contrato adicional de mantenimiento.
Castellanos, sin embargo, cuestionó que se recurriera a un parque distrital para atender el deterioro de la gramilla de El Campín, afectada tras los conciertos del grupo surcoreano BTS. “Tan mal quedó la grama de El Campín que fue necesario cambiarla totalmente, pero acá la pregunta es: ¿quién asume el costo?, ¿quién paga la cuenta?”, expresó.
El concejal también preguntó por qué no se utilizó un predio privado y cuáles serían las consecuencias para los niños, niñas y demás usuarios de las canchas de La Florida.
Las dudas sobre los usuarios y la recuperación de las canchas
El parque La Florida cuenta con 11 canchas de fútbol. El IDRD aseguró que, antes de autorizar la intervención, verificó que las tres seleccionadas no tuvieran reservas ni asignaciones vigentes, con el fin de evitar afectaciones a las actividades deportivas programadas.
Durante los seis meses de vigencia del permiso, Equiver tendrá a su cargo el cuidado de las canchas intervenidas. Las otras siete continuarán recibiendo mantenimiento mediante el contrato habitual de conservación de gramas, con el apoyo de Aguas de Bogotá en las labores de poda.
El Instituto sostiene que el objetivo es recuperar las tres canchas y mejorar sus condiciones para la práctica del fútbol. No obstante, Castellanos pidió conocer los documentos que permitan verificar cómo se ejecutó la operación y qué obligaciones quedaron establecidas para restituir las zonas intervenidas.
Por eso, solicitó al IDRD, a Sencia —encargada del proyecto de renovación de El Campín— y a la interventoría publicar “los soportes, permisos, registros de salida y de recepción, contratos, facturas e informes sobre el estado de la zona intervenida”.
También pidió precisar cuánta gramilla se retiró, de qué área, en qué plazo debe reponerse y con qué recursos se recuperará el parque si se confirma que el material salió de allí.
La inversión
Según el IDRD, Equiver asumirá las actividades técnicas y la recuperación de los espacios intervenidos, con un costo estimado de $444 millones. La entidad aseguró que no habrá desembolsos de recursos públicos y que hará seguimiento a las condiciones fijadas en el permiso.
La explicación del Instituto establece quién estará a cargo de los trabajos y cuál es su costo estimado. Sin embargo, en la información entregada no se detalla la cantidad exacta de gramilla que habría llegado a El Campín ni se incluyen los registros de salida y recepción que permitan reconstruir el recorrido de los rollos señalados por el concejal.
Castellanos advirtió que su denuncia no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Su exigencia es que se hagan públicos los documentos de la operación para aclarar quién la autorizó, cómo se pagará y qué recibirá a cambio el parque distrital.
“Bogotá merece respuestas claras: ¿quién autorizó?, ¿quién pagó? y ¿quién recibió ese beneficio?”, afirmó el concejal. Y concluyó: “Lo público se respeta y Bogotá se respeta”.
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