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El Distrito denunció nuevamente talanqueras en la atenció social de menores por parte de voceros de la comunidad Emberá que permanece alojada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida. De acuerdo con la denuncia, habrían bloqueado el ingreso de los equipos técnicos e institucionales desde hace cinco días.
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Advierte la Consejería distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, que, la restricción para el acceso de los funcionarios buscaría presionar la contratación directa de integrantes de la comunidad con entidades públicas de Bogotá como condición para permitir la reanudación de los servicios.
La Secretaría de Integración Social, que también denunció la situación, advierte que el bloqueo estaría encabezado por el vocero indígena Benjamín Arce e impediría la entrada de personal de su despacho y de la secretaría de Salud, así como de la Consejería de Víctimas.
Esta interrupción mantendría sin seguimiento médico ni oferta pedagógica a unos 70 niños, niñas y adolescentes que residen en el lugar.
Los servicios que estarían suspendidos
Entre la oferta institucional que el Distrito afirma no haber podido ofertar ni prestar se encuentra el programa Atrapasueños, una iniciativa orientada a brindar acompañamiento psicosocial y pedagógico a menores víctimas o afectados por el conflicto armado. Asimismo, la administración sostuvo que se encuentran paradas las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades en el predio.
La postura institucional
Ante este escenario expuesto en el comunicado oficial, el Distrito hizo un llamado a la corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y los líderes indígenas para garantizar el bienestar de los menores.
“La garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación”, señala la Secretaría de Integración Social, citando el artículo 44 de la Constitución Política para recordar el carácter prevalente de los derechos de los niños.
Por el momento, las secretarías involucradas manifestaron estar a la espera de que se restablezcan las garantías de acceso e ingreso al asentamiento para retomar la atención.
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Por Redacción Bogotá
