La Oficina de Turismo de Bogotá anunció que plantea acciones legales a responsables o facilitadores de actos de vandalismo durante recientes jornadas de protestas, argumentando su compromiso de proteger el patrimonio turístico de la ciudad.
“No podemos permitir que en cada jornada de protesta se atente contra nuestros espacios históricos y turísticos. Hacemos un llamado respetuoso tanto a la ciudadanía como a los organizadores de manifestaciones para prevenir daños a bienes de interés público”, instó su director, Andrés Santamaría.
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Según el IDT, si bien respetan y defienden el derecho a la protesta, “la destrucción de estos activos no solo debilita la imagen de la capital, sino que también repercute negativamente en el comercio, el turismo y la inversión”. “La legislación vigente nos brinda mecanismos para actuar contra quienes inciten o permitan, por omisión, la destrucción del patrimonio de la ciudad”, agregó Santamaría.
En Bogotá, el patrimonio turístico está compuesto por un inventario de 375 elementos de mobiliario.
¿Qué alcance tiene?
El derecho a la protesta social está plasmado explícitamente en la Constitución Colombiana, más exactamente en el artículo 37 que dice que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y en el artículo 56 que dice que “se garantiza el derecho de huelga”.
El Espectador consultó con Yessika Hoyos Morales, abogada y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR, una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro y defensora de Derechos Humanos en Colombia, para conocer qué implicaciones tiene este tipo de denuncias.
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“Protestar es un derecho. Que no solo está reglado a nivel nacional sino protegido a nivel internacional. Las denuncias que pretende hacer el Distrito, no puedo ser generalizada, sino contra individuos. Y esperamos que a través de estas denuncias no se siga estigmatizando el derecho a protestar”, sentenció Hoyos.
La abogada concluyó también que el hecho de denunciar a organizadores de una marcha, vuelve y recae en una estigmatización, pues “nunca se convoca con la intención de que terminen afectando un bien público, sino hacer un reclamo justo”.
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Por Redacción Bogotá
