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Con la instalación de un Puesto de Mando Unificado en la UPI La Florida, donde según la Unidad de Víctimas permanecen 200 hogares indígenas embera (481 personas), Integración Social y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, evidenciaron el uso de cepo contra dos adolescentes de 14 y 15 años. “Fueron llevadas junto con otras 4 personas más. Nuevamente tenemos que activar las rutas con la Comisaría de Familia de Funza para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta UPI no es jurisdicción indígena”, manifestó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
Por su parte, la consejera, Isabelita Mercado, relató que ante este hecho, se levantaron de la mesa con los líderes indígenas embera donde se discutía un acuerdo de corresponsabilidad sobre siete temas puntuales: arreglos locativos, manejo de agua, disposición de basuras, prevención de violencias basadas en género, atención de animales, acceso y fortalecimiento de ofertas a niños, niñas y adolescentes y demás. “Les pedimos a los voceros que por favor liberaran a las menores, pero los Katio no quisieron acceder a la petición”, explicó.
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Este no es el primer caso que ocurre al interior de esta comunidad indígena embera que vive asentada en condiciones inhumanas y a la espera de un pronto retorno a sus lugares de origen. El 27 de julio, Integración Social denunció ante la Fiscalía el caso en que un habitante de calle también fue sometido al cepo en el Parque Nacional; castigo que se repitió el 16 de agosto contra cinco menores de edad entre los 12 y 17 años, incluyendo una joven embarazada.
¿Cómo abordar este tipo de situaciones?
Marcela Anzola, abogada de la Universidad Externado de Colombia y Ph. D en Estudios Políticos, analizó -en un artículo para Razón Pública- ¿cómo se deben abordar este tipo de casos?, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para tomar una decisión justa y razonable? y ¿qué responsabilidades tienen los actores involucrados?
“Encontrar un equilibrio entre el respeto por las tradiciones culturales y la protección de los derechos humanos es un desafío complejo. Es crucial adoptar un enfoque que combine el respeto por las culturas indígenas con un firme compromiso con los principios de derechos humanos”, acotó la abogada.
Y enfatizó. “Esto incluye:
- Educación y sensibilización: Promover la educación sobre derechos humanos entre las comunidades indígenas para generar conciencia sobre las implicaciones de prácticas perjudiciales y los beneficios de respetar los derechos humanos.
- Diálogo culturalmente sensible: Trabajar con líderes y miembros de la comunidad para encontrar soluciones que respeten las tradiciones culturales pero que también protejan los derechos individuales.
- Fortalecimiento de la ley y la política: Implementar y hacer cumplir leyes que protejan a los individuos contra prácticas dañinas, mientras se promueve la participación comunitaria en la creación y aplicación de estas leyes.
- Apoyo a las víctimas: Proveer apoyo y recursos a las personas afectadas por estas prácticas, ayudándolas a acceder a servicios de salud y apoyo psicológico”.
La situación de la comunidad embera
Según la Unidad de Víctimas, en la UPI La Florida han caracterizado 481 personas (equivalentes a 200 hogares). De estas, más de 100 hogares han manifestado su intención de retornar. Por su parte, en la UPI La Rioja, caracterizaron a 1.212 personas (equivalentes a 522 familias), de las que 626 personas (285 hogares) están preparadas para retornar.
Sin embargo, el inicio de este proceso es urgente, pues tras una visita de la Personería a la UPI La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá, encontraron “riesgos biológicos por mal manejo de residuos, reflujo de aguas negras, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones improvisadas, peligro de explosión por cilindros de gas (existen entre 80 y 100 pipetas), cables eléctricos expuestos y, particularmente, riesgo de derrumbe de algunas estructuras”.
La evidencia señaló, además, que La Rioja no dispone de agua potable y que incluso hay filtraciones de agua en las paredes que representan un riesgo mayor debido a la cercanía con tomas eléctricas y pipetas de gas que tienen los puntos de las filtraciones. También se evidenció la insuficiencia de las baterías de baño y de servicios sanitarios en general, que ha traído consigo la proliferación de roedores e insectos y, por consiguiente, problemas de salud que afectan mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes.
“Ante el riesgo inminente de una tragedia, ya sea por el colapso de las instalaciones o la explosión de una pipeta de gas, es imperativo que se cumpla con la medida de seguridad ordenada por la Secretaría Distrital de Salud de trasladar, reubicar o integrar a la población que permanece en la UPI La Rioja”, adviertió el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.
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La medida a la que hace referencia Castro se expidió hace más de un año, el 26 de mayo de 2023, y ordena “la clausura de forma temporal y total de la UPI La Rioja”. Sin embargo, a pesar de la directriz de la Secretaría de Salud, las personas no fueron reubicadas y, tal y como indica el ente de control, la situación continuó escalando hasta llegar a las circunstancias actuales: riesgos de colapso, riesgos biológicos, malos manejos de residuos, reflujo de aguas negras y conexiones eléctricas improvisadas que dejan cables expuestos, entre otros problemas que necesitan atenderse de manera urgente.
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Por Redacción Bogotá
