Justo después de un año, Bogotá cierra otro capítulo en su historia: el del racionamiento. Pero más allá de lo que se vivió, del nivel de los embales, del llamado al ahorro, de los rifirrafes Distrito-nación, de los debates sobre el futuro o de si las decisiones fueron acertadas y a tiempo, el golpe de realidad para la capital fue claro: el agua es un recurso finito, que la administración debe garantizar y la ciudadanía cuidar.
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Porque la experiencia de los últimos años fue apenas un campanazo de una crisis que podría repetirse con mayor frecuencia e intensidad si no se corrigen los yerros. La inestabilidad climática, con largas sequías o aguaceros que no caen donde se necesitan; los niveles del sistema Chingaza en mínimos históricos, los conflictos entre la construcción y el ambiente, la pérdida de agua y un consumo que parece imposible de disminuir plantean un panorama poco alentador.
En caída libre
El sistema Chingaza, el preferido para el abastecimiento por la pureza de su agua y lo económico que resulta tratarla y distribuirla, mostró una alteración en su ciclo de vaciado y llenado en 2022, cuando su nivel máximo fue 82 %. De momento no hubo revuelo, pues en 2020 ocurrió algo similar, pero en 2021 llegó al 99 %. Se esperaba que pasara lo mismo en 2023, pero no, pues desde entonces su nivel no ha vuelto a ser el mismo.
La alarma se disparó en agosto de 2023, cuando el nivel máximo fue un inédito 67 %, dato que, sumado a las predicciones climáticas, hubiera sido suficiente, al menos, para trazar un plan. Sin embargo, según la exalcaldesa Claudia López, “las condiciones climáticas del 2024 no eran predecibles. La sequía se prolongó, tanto en duración como en intensidad, más allá de los escenarios más severos formulados por el IDEAM, el Comité Hidrológico y la Empresa de Acueducto”.
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Y Chingaza se vino a pique. El 31 de diciembre, cuando López dejó la alcaldía, el nivel marcó otro récord: un nivel del 42 %, nunca antes visto. Lo mínimo había sido 54 % en 2011, de resto siempre estuvo sobre 60 %, lo que permitía esperar tranquilos las lluvias de abril. Pese a esto, las medidas llegaron cuando el sistema cayó al nivel más crítico de la historia: 17 %.
Desde entonces, la ciudad viene en una lucha, con aciertos y errores, de debates y críticas sobre la gestión del agua, en los que, ahora sí, parece tomar fuerza la conciencia de proteger y restaurar los ecosistemas de las cuencas que abastecen la capital, la importancia de cuidar la Amazonia y la necesidad de hallar nuevas fuentes e, incluso, pensar en construir el embalse Chingaza 2.
Entonces, ¿qué lecciones deja este año y cómo evitar que la situación se repita? Tras los vivido son muchas las reflexiones y tareas si queremos evitar que la restricción vuelva más intensa. Expertos, gremios, concejales y funcionarios hablan al respecto.
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Nada se puede dar por sentado
Si hay algo que vale resaltar en este punto es lo que señalan académicos, políticos, gremios y funcionarios: gracias a la crisis, el tema del agua dejó de ser invisible y se ubicó en la agenda política, al nivel de asuntos como la movilidad, la seguridad o el empleo. De ahí, los profundos debates alrededor de este recurso vital.
Camilo Prieto, docente de Cambio Climático en la U. Javeriana, comenta que la crisis recordó que el agua y la seguridad hídrica no están garantizadas. “Bogotá creyó que el agua siempre estaría disponible, mientras acumulaba errores en planificación urbana, protección de ecosistemas y mantenimiento de infraestructura. La poca preparación ante escenarios climáticos extremos nos hizo vulnerables”. Y esto, según Sabina Rodríguez Van der Hamen, evidencia lo desconectados que estamos del proceso detrás de cada gota que llega a casa. “Pocos saben de dónde viene. Dependemos de la cuenca del Orinoco, pese a que nuestra fuente debería ser el río Bogotá, ecosistema al que tenemos que proteger, en vez de buscar nuevos embalses”.
Al respecto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) opina que claramente la crisis no fue solo climática, sino también de gobernanza, pues “un racionamiento que se vendió como temporal fue extendió un año, sin resultados significativos”. La concejala Heydi Sánchez (Pacto Histórico) tiene una explicación para esa falta de resultados: “Haber implementado la restricción sin medidas pedagógicas, para valorar más este recurso vital, la hicieron ineficiente”.
Pero estas fallas no son nuevas, solo que la crisis las resaltó. Entre ellas, la improvisación institucional, como lo destaca Prieto, y la falta de medidas estructurales de largo plazo: un estudio de aguas subterráneas, un proyecto de reúso de aguas residuales, la reducción de fugas del sistema y la restauración de ecosistemas. Postura que refuerza Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua, al resaltar que, pese a que la Empresa de Acueducto sabe que del agua que sale de las plantas se pierde el 37 % (de 16 m3, al menos seis se pierden en el camino), no hubo una gestión adecuada para evitarlo. Y, en contraste, prefirieron cargarle la responsabilidad de ahorrar a un solo sector: el residencial. “Si se hubieran controlado las pérdidas, no habría habido racionamiento”.
De esta situación nace una crítica de Alfred Ballesteros, director de la CAR, quien cuestiona que persistan decisiones priorizando infraestructura para llevar el agua y no las inversiones en la producción sostenible. “Algunos no han entendido que, si queremos garantizar la seguridad hídrica, debemos invertir en soluciones basadas en la naturaleza y, en paralelo, controlar la pérdida de agua. Es ilógico un racionamiento si más del 30 % del agua se pierde por entre el tubo”.
Planificación insuficiente
Lo que ven los expertos lo ratifican los entes de control. Para el personero Andrés Castro, aunque las medidas de este año evitaron el colapso, redujeron la dependencia de Chingaza (gracias a la producción en Tibitoc) y obligaron a abrir la discusión sobre cambios en políticas e infraestructura, lo cierto es que la planificación fue insuficiente, así como la tarea de inducir en la gente cambios sostenidos frente al consumo del agua. Añade que la crisis no solo reveló las profundas vulnerabilidades del sistema de abastecimiento y su excesiva sensibilidad a eventos climáticos extremos, sino la falta de coordinación entre múltiples actores distritales, regionales y nacionales. “Las fricciones, la falta de alineación en prioridades y la desconfianza entre entidades frenan decisiones oportunas y soluciones óptimas”. Corregir el esquema es prioridad.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, le agrega al análisis un elemento: la necesidad de tomar decisiones basadas en información técnica y no en cálculos políticos. “Vimos cómo la falta de información de la administración de Claudia López sobre el estado real de los embalses y la ausencia de acciones oportunas, para trasladar la responsabilidad al nuevo alcalde, llevaron a la capital a una crisis sin precedentes”, dice Carrillo quien sí cree que hubo coordinación entre el Distrito y la nación, lo que permitió una respuesta articulada.
¿Qué corregir para el futuro?
En medio de las críticas, también hay espacio para pensar en soluciones. Una de ellas, la urgente necesidad de una gestión inteligente del agua, como dice el director del Instituto Javeriano del Agua, que combine una mayor interacción con la ciencia y la academia. “Había proyecciones desde 2015 de que esto iba a pasar y lo dejamos al azar. Creo que hay que cambiar la gestión reactiva a una más proactiva”.
Eso lleva a la propuesta del personero Castro: “Actualizar e implementar los planes maestros a mediano y largo plazo, para prevenir los impactos de futuras crisis. “La crisis demostró que la infraestructura existente y su flexibilidad operativa son insuficientes para manejar un evento de sequía severa, sin recurrir a medidas drásticas como el racionamiento generalizado”.
Esto se complementa con la idea del director de la UNGRD sobre la necesidad de implementar sistemas de alerta temprana para el desabastecimiento; fortalecer el monitoreo de las fuentes hídricas, para anticiparse a la crisis en lugar de reaccionar a ella, e integrar la gestión del agua en los instrumentos de planificación territorial. “La seguridad hídrica debe ser prioridad nacional. Es urgente planificar el territorio alrededor del agua, entendiendo que el riesgo no se gestiona solo desde el clima, sino desde decisiones políticas informadas”.
Según la exalcaldesa Claudia López, el asunto incluye soluciones estructurales como concluir las obras en Tibitoc y Wiesner, así como modernizar la infraestructura, para evitar el desperdicio de agua, mientras se identifican otras fuentes de abastecimiento que cumplan en términos ambientales. Si bien destaca la manera cómo el alcalde Galán enfrentó crisis, la sorprende que no hubiera hecho dos cosas que podía y debía: liderar y ordenar la captación de aguas lluvias y una gran campaña de cultura ciudadana para incentivar cambios de comportamiento y uso del agua.
“Para captar aguas lluvias no se requieren enormes inversiones. Aunque en Bogotá no llueve tanto como pensamos, hay oportunidades importantes en usar nuestra agua lluvia para los que no requiere potabilización. Según la OCDE, Colombia sigue siendo uno de los países del mundo en los que más agua se consume por persona. Frente a lo impredecible del cambio climático, esos hábitos deben cambiar. El racionamiento impuso restricciones, pero la administración no aprovechó para enseñarle a la ciudadanía a cambiar sus hábitos”.
Chingaza 2
El exalcalde Enrique Peñalosa, quien destaca que Bogotá paga una de las aguas más caras del mundo (casi el doble de lo que se paga en Nueva York, dice), es más crítico; cuestiona con dureza el racionamiento y, contrario a la mayoría, cree que una solución efectiva es construir el embalse Chingaza 2. “En ninguna ciudad civilizada hay racionamientos. Acá el gran error fue no haber impulsado ese proyecto por falsos ambientalismos”. Y critica las excusas para no haberlo hecho, como la afirmación de la secretaria de Ambiente de que lloverá más en las cabeceras del río Bogotá que en Chingaza, lo cual califica de “más brujería que ciencia”, o la que dice que el proyecto le quitaría agua a la Orinoquia, pues “la cantidad que se usaría sería insignificante”, asegura. Por eso, ante el bloqueo a esta vieja iniciativa, señala que el presidente Gustavo Petro ha sido “irresponsable” y el alcalde Galán fue “tímido”.
“Es absurdo que una ciudad y una región con tanta agua tengan racionamiento. Petro, en su alcaldía, frenó los estudios de Chingaza 2 y, a pesar de los esfuerzos posteriores por retomarlo, ahora en la Presidencia, sumado a otros falsos ambientalismos, Petro lo bloquea de nuevo. No se puede poner en riesgo el suministro de agua al 20 % de los colombianos, que producen el 31 % del PIB y pagan el 50 % de los impuestos”.
María Carolina Castillo, exsecretaria de Hábitat y hoy presidenta ejecutiva de Probogotá Región, coincide con Peñalosa y resume su posición en una frase: “No más consultorías. Es momento de decidir y ejecutar”. A la necesidad de acelerar los retrasados procesos de ampliación de Wiesner y Tibitoc le suma ampliar Chingaza, para que la ciudad tenga una capacidad de abastecimiento de 26,4 metros cúbicos por segundo y garantizar agua hasta 2076. Advierte, además, la necesidad de actualizar los contratos de venta de agua en bloque, con la regulación vigente. “Mientras Bogotá es una de las ciudades con menor consumo por hogar de las 50 ciudades más grandes del mundo, los municipios que se abastecen por agua en bloque presentan un rezago en pérdida de agua, por falta de sistemas para regular los caudales”.
Acciones distritales
Por su parte, para Adriana Soto, secretaria de Ambiente, hoy todas las lecciones están siendo incorporadas en la estrategia del Distrito, en la que, además de analizar las necesidades de infraestructura (tarea que le compete al Acueducto), es clave entender mejor el impacto del cambio climático, para anticipar riesgos y definir alternativas, así como la necesidad de conservar y restaurar ecosistemas.
“El 100 % del agua que consume Bogotá viene de los páramos Chingaza, Guerrero, Guacheneque y Sumapaz, pero muchas cuencas están degradadas. Por eso, es clave aumentar la inversión en conservación y restauración, para tener más agua y de mejor calidad. Hoy avanzamos en la conservación de 2.998 hectáreas en Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera, Guatavita, Chingaza y el embalse Tominé”. A la par, dice, se estructura una iniciativa de adaptación al cambio climático que se presentará al Fondo Verde para el Clima, que apunta a invertir US$92 millones en la protección de 172.499 ha vulnerables en Chingaza, Sumapaz y la cuenca alta del río Bogotá, de la mano de 2.100 familias, promoviendo prácticas agropecuarias sostenibles que reduzcan la degradación de los suelos y la contaminación del agua. Y mira más allá: apunta a la deforestación en la Amazonia, que aumentó 35 %, lo cual amenaza la seguridad hídrica de Bogotá. “El 24 % de las lluvias que abastecen Chingaza dependen de la humedad generada por los bosques amazónicos. Por eso es clave que la nación refuerce el control sobre la deforestación y promueva acciones de protección. La defensa del agua de Bogotá empieza en la Amazonia”.
El director de la CAR, de su lado, agrega una reflexión final: “Entendimos que la falta de agua no solo afecta la calidad de vida, sino que las actividades productivas son inviables. El sector privado tiene que asumir esa corresponsabilidad y apoyar iniciativas públicas como la compra de predios y apalancar procesos de restauración de corredores ecosistémicos, para que las comunidades produzcan conservando”.
En resumen, el racionamiento nos dejó reflexiones a todos. Pasar de los debates a la acción será un paso crucial que todos debemos dar. No bastan las acciones de la administración, si no se evita la pérdida de agua, y en los hogares, la industria y otros sectores no hay compromiso para cuidar este recurso vital. Hoy, por fortuna llueve y ojalá sea donde se necesita, para que el racionamiento, que terminó el viernes, sea un capítulo cerrado y no regrese como una medida permanente.
Recursos naturales en el centro de la conversación: gremios
En medio de la crisis hídrica que atraviesa Bogotá, los gremios reconocen el valor de discutir sobre la importancia de proteger, entre todos, los recursos naturales. Edwin Chirivi, director de Camacol Bogotá, destaca que, si bien los desafíos en materia de hídrica que ha enfrentado la ciudad no han sido menores, el Distrito ha actuado con oportunidad, buscando el mejor resultado. “Ciertamente, como sociedad, este proceso nos describe que debemos tener la conciencia de los recursos naturales en el centro de la conversación y entre todos fortalecer nuestro compromiso con su protección”. Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, valora el hecho de reconocer que la gestión del agua es una tarea compartida entre Estado, sector público y ciudadanía. “Aprendimos que esto no es solo un tema ambiental. También es económico y social. Muchas empresas, especialmente las pequeñas, se tuvieron que adaptar rápidamente y buscar nuevas formas de operar con menos agua”.
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