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Las investigaciones que buscan develar cómo algunos políticos se han lucrado con los suelos de expansión urbana en municipios de Cundinamarca empiezan a dar resultados. Mientras siguen las indagaciones contra funcionarios de las administraciones de Mosquera, Apulo, Cajicá, Tabio, Funza, Facatativá y Madrid, la Procuraduría tomó la primera decisión: destituyó e inhabilitó al alcalde y a cinco concejales del municipio El Rosal. (Lea: El Rosal: ¿corrupción vs. desarrollo?)
Los sancionados en primera instancia fueron el alcalde Hugo Orlando Arévalo, quien llegó al cargo con el respaldo del Partido Liberal y Cambio Radical, y los concejales Henry Bohórquez Fierro (Partido Liberal), Hernando Clavijo y Luz Adriana Sabogal (Centro Democrático), Jairo Hernán Pardo (la U) y Milton Chacón (Alianza Verde). Al mandatario lo inhabilitaron por 18 años y a los cabildantes por 12.
Aunque la mayoría de investigaciones apuntan a descubrir cómo algunos funcionarios modificaron el uso del suelo de sus municipios para beneficiar a particulares, en el caso de El Rosal, el alcalde y los concejales, al parecer, pidieron dinero o lotes a propietarios de tierras urbanizables para no frenar sus proyectos de vivienda.
El pleito
Antes de explicar el caso, algunos datos: El Rosal tiene 4.000 viviendas, 17.000 habitantes y está a escasos 20 kilómetros de Bogotá, a orillas de una de las principales vías de acceso a la capital: la autopista Medellín. Hoy el casco urbano ocupa 82 hectáreas, de las cuales 28 están por urbanizar. Los planes de desarrollo urbano hacia el occidente de Bogotá, como ampliar la calle 80, llevar troncales de Transmilenio hasta los límites de la ciudad, el tren de cercanías o el aeropuerto El Dorado II, hacen de ella una zona de gran interés por habilitar suelo para urbanizar.
El 28 de diciembre de 2015, a dos días de terminar su período, el Concejo, presidido por Fernando Sánchez Hidalgo, y el alcalde Luis Jaime Forero Salgado aprobaron el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que convirtieron 136 hectáreas agrícolas en suelo de expansión. Hoy la cabecera municipal ocupa 54 hectáreas y cuenta con 164 para urbanizar.
Tras la elección de Hugo Arévalo llegaron algunos propietarios de esos predios a tramitar los permisos para sus proyectos. Sin embargo, dicen los denunciantes, Arévalo empezó a hacer exigencias para dejar construir. A unos les pidió una casa por cada hectárea a urbanizar; a otro, el 10 % del terreno en el que se levantara el proyecto de vivienda, y al último, una cuantiosa suma de dinero.
A pesar de esta denuncia, que iba acompañada de documentos y grabaciones, la defensa del alcalde Arévalo se concentró desde el principio en decir que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para expansión y que la población no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a las nuevas construcciones.
Tras escuchar a las partes, el Ministerio Público dio por ciertas las denuncias de los propietarios y concluyó que Arévalo Pulido y los cinco concejales vulneraron los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes con el fin de no cambiar el uso del suelo de varios predios donde ellos pretendían adelantar proyectos de vivienda.
Mientras los denunciantes celebran, porque sienten que en este caso se hizo justicia, para Arévalo la sanción es injusta. “La Procuradora falló sin tener en cuenta más de 20 testimonios que desmintieron las denuncias. En este proceso se nota la sevicia y la forma como se ha manipulado todo. Uno de los quejosos contó cómo el Procurador, en un coctel, dio la orden de investigarme y le asignó el proceso a un funcionario que es pariente de los que me denunciaron”.
Y agrega: “Me sancionan, beneficiando a unas personas que se están lucrando con unos suelos que antes valían $10.000 millones y ahora cuestan $80.000 millones. Fue una consultoría la que señaló que la expansión autorizada por la pasada administración era innecesaria. Mi deber era ajustarla. No tengo otro camino que apelar”.
Qué sigue
Con el fallo, la estabilidad política del municipio El Rosal está en veremos y todo depende del resultado de la apelación. Si revocan la decisión, todo se resuelve con el reintegro del mandatario y los concejales a sus cargos. De lo contrario, el escenario es más complejo. En el caso del alcalde, de confirmarse el fallo antes del 30 de junio se convocaría a elecciones atípicas. Si la Procuraduría tarda más, será el gobernador Jorge Rey quien tenga que designar a alguien de una terna presentada por el partido del alcalde. En este caso tendrán que ponerse de acuerdo el Partido Liberal y Cambio Radical.
En el caso de los concejales, el proceso es diferente. Si bien la Constitución dice que los miembros de las corporaciones de elección popular no podrán ser reemplazados si son condenados por delitos “dolosos contra la administración pública”, también indica que entre las faltas absolutas, que dan lugar a reemplazo, está “la sanción disciplinaria consistente en destitución”.
Acá no se trata de una sentencia penal, sino disciplinaria, por lo que podrían ser reemplazados por los candidatos de su lista que no resultaron electos, pero obtuvieron altas votaciones. Por ahora, quienes reemplazarían a los concejales destituidos serían Pedro Pablo Rodríguez (Partido Liberal), Ómar Darío Díaz y Marta Ramírez (Centro Democrático), Reinaldo Forero (U) y Wilson Blanco Lache (Alianza Verde). Pero si alguien interpreta que se podría aplicar la figura de la silla vacía, el concejo de El Rosal tendrá que terminar su período con seis concejales.
La apelación está en marcha. La Fiscalía, por su parte, sigue en sus indagaciones. Sin embargo, las investigaciones sobre cómo algunos políticos se han lucrado con los suelos de expansión urbana en municipios de Cundinamarca aún tiene mucho por ahondar.
Por -Redacción Bogotá -bogota@elespectador.com
