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La Personería de Bogotá, por medio de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, formuló cargos contra el exjefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Movilidad, Alexander Ricardo Andrade, por presuntas irregularidades en un proceso contractual.
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El funcionario, al parecer, violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés en la celebración de un contrato suscrito por la Secretaría de Movilidad y una fundación, de la cual presuntamente era socio un familiar del servidor público.
Cabe aclarar que, el investigado podrá presentar sus descargos ante el organismo de control, de conformidad con los fines y garantías previstos en el Código General Disciplinario.
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Para lo anterior, según un documento compartido por la propia secretaría, del proceso, se conoce los testimonios y pruebas que deben ser presentados.
Más enredos de la entidad
El pasado mes de enero, se conoció que la Contraloría de Bogotá anunció que, tras una Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, realizaron un hallazgo fiscal de $4.456 millones, producto de la falta de gestión en el cobro efectivo de miles de multas por infracciones de tránsito.
Puntualmente, señala el ente de control, los hallazgos tienen que ver con la inexistencia del cobro efectivo de más de 3.000 multas de infracciones de tránsito que están asociadas a 319 acuerdos de pago prescritos mediante actos administrativos expedidos en las vigencias de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
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Debido a que la Secretaría de Movilidad no cumplió adecuadamente con los criterios aplicables en el recaudo, además de generar un impacto importante en las arcas del Distrito, esta situación fomenta la cultura del no pago de infracciones, señala la Contraloría.
Durante esta actuación especial, ordenada por el contralor Julián Ruiz, “la Dirección del Sector Movilidad de la Contraloría verificó y examinó la base de datos suministrada por la Secretaría de Movilidad, revisó la gestión de cobro y las facilidades de pago otorgadas a los infractores, y también observó el estado financiero y del recaudo; lo cual permitió establecer que las prescripciones de las acciones de cobro se debieron a omisiones e ineficiencias administrativas”, señala el ente de control.
Por otro lado, como parte del ejercicio de control fiscal, la contraloría examinó en detalle el cumplimiento de las normas aplicables a la entidad del Distrito en relación con leyes, decretos, acuerdos y manuales de cobro, con el objetivo de determinar la medida en que la Secretaría de Movilidad cumplió sus obligaciones en relación con la gestión de cobro.
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Tras las revisiones, la Contraloría encontró que la no ejecución de la totalidad de los mecanismos de ley que permiten ejercer los cobros de manera oportuna, llevó a la solicitud por parte de los contraventores para que se decretara la prescripción del derecho a ejercer la acción de cobro de las obligaciones.
“Este tipo de situaciones no solo afectan las finanzas del Distrito, además, fomentan la cultura del no pago en nuestra ciudad”, manifestó el Contralor Julián Mauricio Ruiz.
Finalmente, los hallazgos por $4.456 millones fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia.
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Por Redacción Bogotá
