La Fiscalía Seccional Bogotá tipificará como femicidio la muerte de Natalia Villalba de 36 años, a quien encontraron sin vida, dentro de una maleta, en un apartamento en Chapinero. Las pistas halladas en el apartamento 702, del edificio Morph, ubicado en inmediaciones al Parque de la 93, indican que hubo un intento de encubrir lo ocurrido con la modelo cucuteña, cuyo cuerpo será entregado en las próximas horas a su familia, para ser trasladado a su ciudad natal.
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Cronología del caso, ¿es un feminicidio?
De acuerdo con los informes de las autoridades, el hallazgo se produjo el lunes 22 de junio. Esa mañana, había terminado el tiempo de alojamiento pactado entre Villalba y el dueño del inmueble (que reservó por Airbnb, el pasado 3 de junio). En la tarde llegó una trabajadora de servicios generales y encontró en el baño el cuerpo de la mujer, metido en una maleta gris. Todo indica que el cadáver de la modelo permaneció allí varios días.
Se pudo establecer que Villalba se hospedó allí de manera temporal. En realidad, la mujer estaba buscando un nuevo lugar para vivir en la capital, donde residía desde hace 17 años. Mientras las causas de su muerte siguen siendo analizadas por Medicina Legal, continúan las pesquisas para dar con el sospechoso del crimen: un ciudadano británico.
Mercedes Cevallos Sánchez, directora área de Investigación criminal de la Universidad del Rosario, indica a que, todo apunta a un feminicidio. “Bajo el artículo 104A del Código Penal colombiano, el feminicidio se configura cuando un hombre da muerte a una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. No se requiere que exista una relación previa entre la víctima y el agresor. Y en este caso, podemos en contrar al menos tres indicadores criminológicos que asocia la doctrina”.
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El primero, señala la experta, es la cosificación del cuerpo. “Introducir el cuerpo de una mujer en una maleta y ocultarlo en un baño, no es simplemente una conducta de un ocultamiento. Criminológicamente es un acto de negación de la humanidad de la víctima, patrón que se documenta en feminicidios donde el agresor percibe a la mujer como un objeto descartable”, agregó.
El segundo es el control post-mortem del relato. “La desaparición del teléfono celular de la escena es un elemento que la criminología de género identifica como una destrucción del vínculo social de la víctima. El agresor borra su red de contactos, sus conversaciones, su historia; es un intento, digamos, por eliminar no solo el cuerpo, sino la esencia de una persona”.
Un tercer punto es la planificación de la huida. La ventana de muerte se ubica el 18 de junio, entre cuatro y cinco días antes de que el cuerpo fuera hallado, y la ducha la dejaron abierta, de forma deliberada, para retardar la descomposición y ganar el tiempo de fuga. “Este nivel de premeditación, considero, explica que el agresor no actuó por impulso, sino que conocía el riesgo y que calculó su escape”.
El sospechoso estaba bajo vigilancia en Reino Unido
Los registros fílmicos del edificio permitieron establecer que entre el 3 y el 7 de junio ingresaron al apartamento al menos 15 hombres, entre ellos, dos extranjeros, uno de Estados Unidos y otro Reino Unido. Posteriormente, Villalba Angarita extendió su permanencia hasta el 21 de junio. Dentro de esa prórroga, las cámaras captaron el ingreso del británico, quien, al parecer, entró al inmueble el pasado miércoles 17 de junio y abandonó el edificio al día siguiente. Siendo hasta ahora, el único sospechoso del caso.
Este hombre fue identificado como Matthew Ashley Foster‑Smith, de 46 años, originario de Poole. El sujeto quedó registrado en los videos de seguridad mientras trasladaba sábanas hacia la zona de lavandería del complejo residencial y se tendrían registros de que salió del país por Ecuador.
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La Fiscalía está preparando una orden de captura y circular roja de interpol, para dar con Matthew Ashley Foster‑Smith, de 46 años, quien sería la última persona en salir del apartamento donde se estaba quedando la víctima. Lo que llama la atención del caso es que, en octubre de 2025 y enero de este año, reportes de prensa de Reino Unido reseñaban que el hombre se encontraba cumpliendo una condena de casi dos años por un acoso ocurrido en 2023.
The New Stour and Avon Magazine reseñó el 23 de octubre de 2025, una nota titulada: “Acosador que dejó a una víctima viviendo con miedo es encarcelado”. En dicho artículo, la revista contó que el hombre había sido encontrado culpable en al menos dos casos de acoso, en uno de los cuales seguía constantemente a la víctima, tanto en el trabajo como en espacios que frecuentaba: “Fue encontrado culpable de acoso, en el Tribunal de la Corona de Bournemouth el martes (21 de octubre de 2025). En el mismo tribunal, el miércoles (22 de octubre), también se determinó que había violado una orden de alejamiento que estaba vigente en relación con una víctima diferente”.
Tras esas diligencias de octubre, Foster-Smith recibió una sentencia de dos años y dos meses de prisión, luego de que los detectives compilaran evidencia detallada. Incluso, la revista citó las declaraciones del investigador Thomas Norman, quien aseguró que los actos del hombre causaron “un impacto extremamente significativo en la vida de la víctima”. Y añaden, citando a Norman, “tomamos muy en serio los casos de acoso y estamos comprometidos en asegurar que los acosadores como Foster-Smith, estén bajo vigilancia por su comportamiento”.
La cadena BBC también se refirió a Smith en un artículo del 21 de enero de 2026, titulado “Acosador encarcelado enfrentará restricciones indefinidas”, en el cual el medio inglés reseñó cómo el Tribunal de Magistrados de Poole impuso una orden de prevención de acecho por tiempo indefinido tras una solicitud de la Unidad de Alto Impacto de la Policía de Dorset. Según el medio: “la orden exige que Foster-Smith se mantenga en contacto regular con la policía, lo que incluye notificarles su dirección y los detalles de su vehículo. También le prohíbe comunicarse con su víctima de cualquier manera y establece restricciones en su uso de dispositivos de comunicación electrónica”.
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Los antecedentes de Foster-Smith llaman la atención en la capital colombiana y ponen en duda las razones por las que el británico había salido de prisión y pudo volar más de 8.400 kilómetros y cruzar los controles migratorios, para llegar a Bogotá sin inconvenientes.
Escenario judicial y de extradición
La Fiscalía señaló a El Espectador, que la circular de Interpol para ubicar a Foster-Smith está en trámite. Cevallos Sánchez, experta, indicó sobre los escenarios: “la circular roja es una alerta internacional, que solicita a más de 190 países miembros de la red de la Policía Internacional para localizar personas que estén siendo requeridas en alguna jurisdicción. No es una orden de arresto en sí misma, pero, digamos que obliga a los países a reportar si la persona que se está buscando pues ingresó a ese territorio”.
En cuanto a un escenario de extradición desde el Reino Unido, dijo la experta: “entre Colombia y Reino Unido no hay un tratado bilateral de extradición. Sin embargo, el Reino Unido es firmante de convenios multilaterales y tiene mecanismos de cooperación judicial internacional, que permiten la extradición bajo el principio de reciprocidad y con base en la gravedad del delito. En este caso, el enfrentar delitos por un presunto feminicidio son unos factores que facilitarían, sin duda, la extradición por la gravedad del caso”.
¿Revictimización?
Un aspecto importante en este caso es el riesgo de revictimización en el que, asegura la experta, es fácil caer por las condiciones en las que se desarrollaron los hechos, el contexto laboral de la víctima, entre otros factores.
Mercedes Cevallos analiza que el relato que se ha difundido en medios, incluso reforzados por los hallazgos de la Fiscalía, sobre los supuestos servicios sexuales de la de la víctima, es “una de las dimensiones que merece más análisis desde lo criminológico. La hipótesis sobre la actividad de Natalia formaba parte de las líneas de investigación bajo el análisis y no de una conclusión que haya sido ya determinada. Sin embargo, esa insinuación filtrada a los medios, digamos, sin tener todavía un respaldo probatorio, desencadena algo que en la criminología feminista se denomina “revictimización institucional secundaria”. ¿Qué significa esto? El sistema debería proteger a la víctima y, más bien, contribuye a su estigma público”.
La experta explica que este mecanismo es bien conocido cuando se asocia a una mujer asesinada con el trabajo sexual. “La opinión pública activa de manera automática un esquema cognitivo, o la doctrina lo llama victim blaming o culpabilización de la víctima. El razonamiento de la sociedad es: “Ella se expuso a algo que hizo”. Ese razonamiento es muy falaz y es peligroso; realmente es irrelevante desde el punto de vista jurídico”.
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La actividad que haya ejercido Natalia no tiene ninguna relevancia jurídica para determinar la responsabilidad del agresor, indicó la experta. “El Código Penal colombiano no contempla una atenuante alguna por la condición o comportamiento de la víctima en casos de homicidio o feminicidio. Una mujer puede ser trabajadora sexual, modelo, abogada, ama de casa, y su muerte tiene el mismo peso jurídico y el mismo reproche penal para quien lo cause”.
Organizaciones de mujeres del país rechazaron los hechos ocurridos en Bogotá e hicieron un llamado por más casos reportados de violencia de género, perpetrados en otras regiones. La Fundación Mujer y Futuro expresó: “este crimen ocurre en un contexto alarmante para la región. En los últimos días, Santander ha sido escenario del asesinato de al menos cuatro mujeres en Floridablanca, El Carmen de Chucuri, Bucaramanga y Barrancabermeja. Estos hechos, ocurridos en distintos municipios y bajo circunstancias de extrema violencia, evidencian una realidad que no puede seguir siendo ignorada: las mujeres continúan siendo víctimas de agresiones letales a causa del conflicto armado y social presente en nuestra región”.
“Nos preocupa profundamente la normalización de la violencia contra las mujeres y la persistencia de barreras institucionales que dificultan el acceso oportuno a medidas de protección, prevención y justicia”, concluyó la fundación.
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Por Juan Camilo Parra
