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El museo de la memoria de Colombia tendrá una nueva oportunidad para culminar sus obras y entrar en funcionamiento. En las últimas horas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo oficial la firma del contrato mediante el cual un consorcio se encargará de finalizar la grisácea mole de concreto ubicada en el corazón administrativo de Bogotá.
El anuncio viene dos semanas después de que el contrato por $37.37 749 para finalizar las obras del complejo fuera adjudicado al consorcio Memorial, integrado por las empresas Telval S. A. S., Constructora Ossa López S. A. S. y Bernardo Ancízar Ossa López.
Por otro lado, la interventoría de esta nueva etapa del proyecto estará a cargo del Consorcio Internacional ING, conformado por las firmas ING Ingeniería S. A. S. y Gavinco Ingenieros Consultores S. A. S.
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Durante el proceso de licitación y posterior adjudicación del contrato, liderado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), se estableció que el plazo de ejecución de las obras será de 14 meses, por lo cual el museo debería estar habilitado para finales de 2026.
El proceso de contratación pudo materializarse luego de un estudio técnico realizado a la infraestructura, el cual concluyó que cumple las condiciones técnicas necesarias exigidas por la normativa, pese a las dudas sobre el estado de la infraestructura.
Con una inversión de 37 749 millones de pesos, el Museo de Memoria de Colombia reactiva su construcción: un hito para las víctimas, sus familias y el país.
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) August 30, 2025
El CNMH avanza en la fase II de este proyecto, que se prevé habilitar parcialmente hacia finales de 2026, reafirmando su… pic.twitter.com/9XJ1KqNhYL
¿Por qué se detuvo la obra?
La construcción fue adjudicada en 2020 a la firma española Obras con Huarte Lain S.A. (OHLA) y debía entregarse en 2022. Sin embargo, poco después comenzaron a evidenciarse problemas por falta de recursos y fallas técnicas, los cambio en la dirección del proyecto, lo que llevó a la suspensión de actividades cuando la obra alcanzaba apenas un 70 % de avance.
La construcción quedó suspendida hasta el anuncio de la apertura de una nueva convocatoria que busca reactivar y culminar la obra.
Informes de la Contraloría General advirtieron sobre un presunto detrimento patrimonial de hasta $12.000 millones y documentan fallas estructurales, como la ausencia de garantía sismorresistente, entre otras irregularidades.
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