“Es un proceso ilegal”, Galán increpa a Muhamad por resolución sobre la Sabana

El alcalde citará una rueda de prensa el miércoles para aclarar su posición frente a las decisiones del Ministerio de Ambiente sobre Bogotá.

Foto: Archivo Particular

El proyecto de resolución de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que busca delinear el territorio de la Sabana de Bogotá al rededor del agua y establecer la ruta de conservación ambiental, generó desencuentros con el gobierno local del alcalde Carlos Fernando Galán. Horas después de que la ministra anunciara la publicación de la hoja de ruta para que la ciudadanía hiciera comentarios hasta el 14 de marzo, el mandatario capitalino calificó el anuncio como “una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”.

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Antes de que Galán explotara, la ministra había hecho público un video en el que explicó los alcances de la resolución, afirmando que es resultado de más de un año de trabajo técnico y social. “Establece lineamientos obligatorios para los planes de ordenamiento territorial, que incluyen: protección de humedales y bosques secos; límites al uso del agua y restricción de urbanización en suelo rural; y la evaluación ambiental para nuevas infraestructuras”, dijo la funcionaria.

En respuesta, Galán se mostró enfático en advertir que el ministerio nunca se reunió con la administración distrital para socializar un tema que le atañe al gobierno de Bogotá. “Llevamos meses pidiendo conversar con el Gobierno Nacional y la ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el Acuerdo de Escazú”, escribió el mandatario.

Más tarde, Muhamad, respondió al trino del alcalde: “Apreciando alcalde en realidad abrimos a consulta y comentarios, no es un tema menor, así que esperamos una amplia participación sobre un texto concreto, construido además participativamente durante un año”, enfatizó.

Y finalizó diciendo: “Ya como ciudadana seguiré en el debate del tema. Estoy segura de que Lena Estrada (nueva ministra de Ambiente) y el equipo del Ministerio de Ambiente estarán atent@s a las inquietudes del distrito”.

La reacción del alcalde responde a varias inquietudes, ya que el territorio que el Ministerio quiere delimitar, ya cuenta con normas de ordenamiento como el POT que contiene, a su vez, actuaciones estratégicas y proyectos, algunos inmobiliarios, que se adentrarían a una paradoja si son delimitados Zonas de protección para la Producción Alimentaria (ZPPA), como busca la resolución.

De acuerdo con la resolución emitida desde el documento maestro, las ZPPA serán hectáreas que no podrán ser intervenidas, ni utilizadas para otros fines, que no sean los de producción alimentaria. Evidentemente, dada la jerarquía del Plan Nacional de Desarrollo, que consignó estas acciones, la resolución en disputa afecta directamente al contenido de los POT de todas las unidades territoriales del territorio nacional, incluida Cundinamarca.

Por ejemplo, bajo esta nueva resolución, el departamento debe delimitar 50.800 hectáreas de su territorio para que solo puedan ser explotadas en actividades agrícolas. De estas hectáreas, el 46,7 % está destinada actualmente para la construcción de vivienda en 8 municipios del departamento.

En esa línea, el concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) advirtió que cerca 10,3 millones de personas resultarían afectadas con la resolución y el 30 % del PIB en riesgo “por una resolución que frena el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca. Quedaría prohibido construir en 581 mil hectáreas, bloqueando viviendas, infraestructura vial y proyectos estratégicos para la región. Crisis de agua y servicios públicos: la resolución impide obras clave como Chingaza II y el Embalse La Playa, dejando a Bogotá sin futuro hídrico. Golpe a la economía: sectores como ganadería, floricultura, minería y agricultura sufrirán restricciones que amenazan miles de empleos”.

La resolución se concentra en varios ejes como: la protección de áreas de especial relevancia ambiental, que, según Minambiente, buscan garantizar la conservación de acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial. También establecen la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. Además, en zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas.

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