Quienes recorren regularmente el septimazo capitalino habrán notado las nuevas vallas negras, que enmarcan un paso controlado denominado Zonas Seguras. Lo mismo se ve sobre el tramo de la carrera séptima con calle 16, marcando un cambio radical en el parque Santander. El lugar, que antes estaba atiborrado de vendedores y peatones, y era punto crítico de venta de drogas, es ahora un sitio libre del comercio de estupefacientes, tras una intervención que también transformó el espacio, que hoy se siente distante e hipercontrolado.
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A pesar de su valor histórico, el mobiliario del parque Santander, los muros de la iglesia San Francisco y los techos de los quioscos eran aprovechados por estructuras del microtráfico para ocultar las drogas que vendían en la zona. Eso lo descubrieron agentes encubiertos y, pese a las constantes operaciones de las autoridades, en las que la Policía logró 200 capturas entre 2024 y lo corrido de 2026, por años fue un lío difícil de controlar, pues cada vez que capturaban a un grupo de jíbaros aparecía otro.
En marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas, respondiendo a las denuncias de ciudadanos y comerciantes turísticos sobre microtráfico, invasión del espacio público e insalubridad en el parque Santander y sus alrededores. El Ministerio Público advirtió, además, problemas de libre locomoción y pidió acciones de varias entidades. La respuesta fue la instalación de las vallas, solución que, si bien parece funcionar, altera un espacio público y la libre circulación por un espacio que antes disfrutaba cualquier capitalino.
Recuperación del parque Santander
Yessica Solórzano fue la gestora de convivencia que lideró las intervenciones desde la Secretaría de Seguridad. En entrevista con El Espectador, comentó que las operaciones se iniciaron en el parque Santander en 2024. “La intervención robusta y sostenida comenzó en 2025 y continúa”. Antes la Secretaría identificaba en el parque venta de sustancias psicoactivas, acumulación de basura, ocupación desorganizada del espacio público y deterioro del entorno. Esto generaba percepción de inseguridad y muchas personas evitaban permanecer allí.
De poco valían las acciones de la Policía y los esfuerzos por desarticular las bandas que operaban en el parque. Por la forma en la que ocultaban los estupefacientes, los detenidos quedaban libres en poco tiempo y volvían a ocupar la zona. Entre los golpes más recordados están la desarticulación de grupos delincuenciales como Los Tigres (septiembre de 2022) y Santander (diciembre de 2024), a los cuales se suman a los resultados recientes del 2026, cuando se liberó completamente el parque.
“La infraestructura del parque facilitaba el ocultamiento de drogas: se utilizaban materas, postes de luz y espacios debajo de las jardineras para almacenar sustancias. Por eso, esta estrategia se diseñó como una intervención interinstitucional. La Secretaría consideró que el problema no era exclusivamente de seguridad y participaron entidades como la Secretaría de Salud, las alcaldías locales, la UAESP y el Departamento Administrativo del Espacio Público, entre otras. Las acciones incluyeron recuperación física del parque, limpieza, pintura, mantenimiento y operativos de seguridad”, explicó la funcionaria.
La intervención no consistió solo en instalar las vallas en el parque para controlar el paso. También en atender su entorno y el corredor de la séptima. Allí se dispusieron controles sobre la venta de sustancias prohibidas y elementos de uso militar, cuya comercialización está restringida. “Gas pimienta y tambos, entre otras cosas, incautamos. La intención era recuperar no solo el parque, sino también las zonas de acceso, para facilitar que la ciudadanía volviera a utilizarlo”.
Uno de los cambios frente a intervenciones anteriores fue mantener la presencia institucional, sostenida y permanente. La Secretaría asegura que se realizaron jornadas diarias, aproximadamente entre 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., con equipos de varias entidades. Mientras los equipos distritales permanecían en el lugar, la Policía adelantaba investigaciones sobre las personas que presuntamente utilizaban el mobiliario para esconder drogas. Esa investigación terminó en una serie de capturas realizadas en marzo pasado, según la funcionaria.
Las vallas y la zona segura
Las autoridades dicen que la medida ha dado resultados, pero la ciudadanía tiene sentimientos encontrados sobre el cerramiento: algunos transeúntes se muestran a favor, a otros les incomoda, al punto de preferir bodear el cierre, exponiéndose a la ciclorruta.
Comentarios como “ya era hora” o “parece un cuartel militar”, rodean la iniciativa. El cerramiento lo lideró la Alcaldía Local dentro de la estrategia de zona segura. La Secretaría explica que su objetivo no es impedir el ingreso de ciudadanos, sino controlarlo y evitar que se pierda lo que se ha logrado hasta el momento.
Según la entidad, trabajadores de bancos, comercios y estudiantes han podido volver a utilizar el parque como corredor peatonal. De momento, la Secretaría no contempla ampliar el cerramiento ni extender la intervención hacia el norte. La prioridad es mantener el control del parque Santander y ordenar a los vendedores. Y como el aspecto también importa para transmitir seguridad, desde las 6:00 p. m. se realiza un barrido desde el parque hasta la calle 24, con el propósito de organizar a los vendedores y recuperar el espacio al fin de la jornada comercial.
Por ahora, el cerramiento es la opción del Distrito para mantener bajo control un parque asediado por el microtráfico y otras dinámicas de inseguridad. La medida, sin embargo, también pone a prueba la percepción que tienen los ciudadanos del lugar y la forma en que se relacionan con un espacio que, por definición, debería ser abierto y de libre circulación. El reto será determinar si las vallas son una solución transitoria para recuperar el parque Santander o si terminan convirtiéndose en parte permanente de su paisaje.
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Por Juan Camilo Parra
