En este instante, para miles de niños, niñas y mujeres en Bogotá su hogar no es seguro. La ciudad registra el mayor índice de violencia intrafamiliar en su historia y necesita de una respuesta institucional rápida y efectiva. Sin embargo, en la práctica, persisten barreras que alejan a las víctimas de ese derecho de justicia, situación que esperan corregir con la reciente firma de un acta de entendimiento, entre el Distrito y entidades judiciales, que apunta a mejorar el servicio de las comisarías de familia.
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No es la primera vez que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reúne con la Corte Suprema de Justicia. En estos dos años y bajo dos magistraturas, la agenda se ha concentrado en buscar caminos para resolver la crisis de hacinamiento carcelario, así como la lentitud de los juzgados penales. El más reciente apuntó a acelerar la protección de personas vulnerables en el contexto familiar.
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Para fijarlo en un papel, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Alcalde de Bogotá y las secretarías de Integración Social, Mujer, Seguridad y Educación firmaron un memorando de entendimiento o instrumento de colaboración, para cumplir de mejor manera los propósitos comunes entre dichas entidades. Así lo explica Douglas Lorduy, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la U. del Rosario.
¿Por qué el memorando?
Para la Corte Suprema existen “problemáticas recurrentes” en las Comisarías de Familia, relacionadas con la adopción y seguimiento de medidas de protección; la armonización entre decisiones administrativas y judiciales, y la aplicación efectiva del precedente jurisprudencial en asuntos de familia. Nada menor cuando la esencia de esta autoridad administrativa es justo proteger, prevenir, garantizar y restablecer derechos en casos de violencia intrafamiliar. Un delito que no disminuye en la ciudad.
Según cifras oficiales, mientras delitos de alto impacto como hurtos, homicidio y extorsión disminuyeron, la violencia intrafamiliar va al alza. La Veeduría Distrital informó que solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 15.538 casos, un aumento de 58,5 % frente al mismo periodo de 2025. Las cifras ubican, además, a las mujeres como principales víctimas, con el 71,9 % de los reportes. Adicionalmente, los casos que involucran a menores de edad aumentaron 99,1 %, duplicando los números en un año.
De ahí la alerta de la Corte por la falta de “seguimiento a las medidas de protección”, herramienta que podría poner fin a la violencia, mientras el proceso avanza hacia la autoridad competente. El meollo está en que, en la realidad, para acceder a esta medida, las víctimas se enfrentan a escenarios revictimizantes como contar varias veces los hechos o ser confrontadas con su agresor. Así mismo, los comisarios asumen altos volúmenes de trabajo; el agresor incumple la medida, o hay un déficit de policías para garantizar la vigilancia a las víctimas.
“En los acompañamientos jurídicos que hemos hecho, es desgastante hacerle entender a las Comisarías de Familia que el caso se pudo haber solucionado si hubieran revisado las pruebas de manera distinta, si se cumplían de manera cercana las audiencias o qué pasaba si la víctima es un niño con discapacidad o adulto mayor. Ene stos casos, la violencia institucional existe”, sentenció Karol Martínez, directora de la clínica jurídica contra la violencia intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario.
En 2025, las Comisarías de Familia atendieron a 145.351 casos, de los cuales 45.749 fueron víctimas de violencia familiar. El 71 % fueron mujeres y el 33 % menores de edad, cifras que evidencian la urgencia de una protección inmediata.
Así se mejoraría la atención
El memorando de entendimiento es por dos años, con opción de prórroga de un mes. Principalmente, el alto tribunal y el Distrito acordaron difundir y divulgar fallos de tutela y casación proferidos por la Corte, con especial énfasis en la Sala de Casación Civil. Un ejemplo es la sentencia T-341 de 2025, donde se ordenó al Ministerio de Justicia capacitar a las comisarías del país en enfoque de género.
En paralelo, acordaron adoptar las 100 Reglas de Brasilia, un marco para que los poderes judiciales eliminen obstáculos en los procesos legales, así como una línea de trabajo enfocada en realizar estudios para identificar patrones de conflicto o dificultades en las rutas de atención, para formular recomendaciones, para mejorar la respuesta; prevenir la revictimización, capacitar a los servidores y promover la resolución pacífica de conflictos.
De igual manera, apunta a coordinar la capacidad instalada del Distrito (Casas de Justicia, Centros CAVIF, CAIVAS y Centros de Atención a Víctimas) para atender problemáticas familiares y de violencias de género en las zonas urbanas y rurales. Incluso, llama a la articulación con universidades, organizaciones sociales y colegios de abogados, para superar barreras de acceso a la justicia.
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“No buscamos uniformar las decisiones o afectar la autonomía de los comisarios, sino que exista un lenguaje jurídico común y mejor comprensión de los estándares, para que situaciones semejantes se aborden con criterios consistentes. Por lo tanto, (esperamos) mejorar la correspondencia entre el riesgo y la medida adoptada, el enfoque de género y que los NNA sean una consideración central cuando se adopten determinaciones sobre custodia”, agregó Diana Martínez, directora de Inclusión de la Secretaría de Integración Social.
Por su parte, la Secretaría de la Mujer resaltó que el memorando prioriza los criterios jurisprudenciales orientados a “incorporar la perspectiva de género, eliminar estereotipos discriminatorios en el análisis de los casos, prevenir la revictimización de las mujeres que acuden en busca de protección, valorar los hechos y las pruebas con enfoque de género y garantizar una respuesta efectiva frente a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres”.
Las Comisarías de Familia son la primera puerta de justicia en la sociedad. Los comisarios tienen la facultad de proteger a tiempo a la mujer o el menor que atestigua un hecho de violencia, una población vulnerable que necesita de una justicia efectiva, en especial, ante un delito que crece en la ciudad. Este memorando, sin duda, será un pilar más para ajustar la respuesta institucional. El reto para el Distrito será que no quede solo en papel.
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Por María Angélica García Puerto
