Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El estudiante de la Universidad Nacional Kevin Arriguí, quien fue atacado con arma blanca en el campus de la institución, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) resolvió finalizar su esquema de protección, una decisión que, según él, lo dejó “en absoluta desprotección”.
En un pronunciamiento público, Arriguí aseguró que solo contaba con un escolta durante algunas horas del día y que la UNP determinó retirarle las medidas al considerar que su nivel de riesgo era “ordinario”.
“La UNP resolvió finalizar mi esquema de protección al considerar que tengo un riesgo ordinario. Solo cuento con un escolta algunas horas al día y han resuelto dejarnos en absoluta desprotección”, escribió.
El estudiante pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al Gobierno entrante que le brinden garantías de seguridad para él y su familia.
En conversación con El Espectador, Arriguí explicó que el esquema de protección no le fue asignado por su papel como representante estudiantil, sino por amenazas que, asegura, recibió antes de ingresar a la Universidad Nacional.
“Yo era presidente de una veeduría ciudadana en el Huila y hacíamos denuncias de corrupción. Después recibí amenazas de las disidencias de las Farc; incluso tengo un audio donde dicen que existe una orden para fusilarme. Gracias a una tutela y a un trámite de urgencia me asignaron el esquema de protección”, afirmó.
Según dijo, la decisión de retirarle esas medidas fue comunicada hace aproximadamente una semana.
Un comunicado anónimo genera nuevas denuncias
La denuncia de Arriguí coincidió con la circulación de un comunicado anónimo, firmado por un grupo de trabajadoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, en el que se denuncian presuntos hechos de hostigamiento, intimidación y violencia atribuidos a Diego Flores, trabajador de la Facultad y presidente de Sintraunal Bogotá.
En el documento, las firmantes aseguran haber sido víctimas de agresiones verbales, intimidaciones y daños a bienes, y afirman que los recientes hechos conocidos públicamente —entre ellos el ataque contra un estudiante— incrementaron su sensación de temor.
El comunicado también sostiene que estos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de las directivas de la Facultad y de la Universidad, aunque, según las denunciantes, no habría existido una respuesta institucional suficiente.
Sin embargo, consultada por este diario, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Liliana Alejandra Chicaíza Becerra , aseguró que la Facultad no elaboró ni divulgó ese documento, por lo que indicó que no puede confirmar su origen ni pronunciarse sobre su contenido.
“La Facultad no elaboró ni divulgó ese documento, por lo que no me es posible confirmar su origen ni pronunciarme sobre su contenido.”
La decana agregó que cualquier denuncia relacionada con posibles casos de violencia o acoso debe tramitarse por los canales institucionales y las autoridades competentes, respetando el debido proceso, y señaló que actualmente se adelantan las actuaciones institucionales correspondientes.
Hasta el momento, la Universidad Nacional no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre la autenticidad del documento que circula en redes sociales.
Lea más: Obras, déficit y tributaria: la ecuación fiscal que enfrenta Bogotá en 2026
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
