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Blanca Inés Durán, directora del IDRD entre 2020 y 2023, radicó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presunta omisión funcional, prevaricato por omisión y negligencia sistemática en el manejo de 41 denuncias penales interpuestas por deportistas mujeres que denunciaron acoso, abuso sexual, discriminación y violencias basadas en género.
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En el documento de la denuncia al que pudo acceder El Espectador, la ex funcionaria asegura que, lejos de avanzar en su investigación, los casos con denuncias por presuntos casos de violencia sexual contra deportistas terminaron entre pérdidas administrativas, archivos sin explicación sólida y respuestas tardías que comprometerían el rol de la Fiscalía como ente investigador.
Según Durán, cuando desempeñó su rol como cabeza del IDRD, acompañó estas 41 denuncias que surgieron en 2022. Sin embargo, dice el documento de denuncia, tras un derecho de petición presentado en marzo de 2024 para conocer el avance de los casos, la Fiscalía no respondió.
Después de la insistencia de Durán en el marco de este proceso, llegó una respuesta gracias a una acción de tutela fallada a su favor el 19 de agosto de 2025. Sin embargo, pese al avance que vino de la mano de esta acción judicial, lo contenido en la respuesta reveló una inconsistencia con las cifras: la entidad solo reportaba 27 casos, lo que deja 14 denuncias desaparecidas del registro oficial, más del 30% del total.
En ese orden de ideas, de los 27 visibles, apenas ocho siguen activos, mientras que 19 fueron archivados o precluidos bajo causales genéricas como “inexistencia del hecho” o “conducta atípica”.
Esto, para Durán, no constituye una tendencia aislada sino un patrón que evidencia inactividad institucional, falta de diligencia, y un incumplimiento grave de la responsabilidad estatal frente a víctimas de violencia de género.
El documento enviado a la Comisión es contundente: ninguna de las denuncias ha llegado a sentencia condenatoria y, en varios casos, ni siquiera se ha adelantado la audiencia de imputación a pesar de haber transcurrido más de tres años desde su radicación.
Este estancamiento, sostiene la exdirectora del IDRD, constituye una omisión funcional que revictimiza a las deportistas y niega su acceso real a la justicia. Del mismo modo, la denuncia también señala que la propia respuesta de la Fiscalía demuestra “una política interna de cierre acelerado de casos, con motivaciones débiles y sin análisis serio de los hechos, lo que podría configurar una falta disciplinaria gravísima y eventualmente el delito de prevaricato por omisión”.
Durán afirma que la fiscal general, como jefa del ente acusador, tiene la obligación constitucional de garantizar que las investigaciones avancen, más aún cuando se trata de violencias basadas en género.
Al no hacerlo, sostiene, la fiscal Camargo habría incumplido sus deberes como garante y permitido que los casos se pierdan, se archiven sin sustento o permanezcan inactivos por años.
Por todo esto, la directora del IDRD le pidió a la Comisión que abra investigación formal contra la fiscal general y ordene a la Fiscalía entregar un informe completo y actualizado sobre las denuncias interpuestas por deportistas entre 2021 y 2025, sin vulnerar la identidad de las víctimas.
También propone crear una unidad especial para investigar violencias en el deporte, revisar los criterios de archivo y establecer un sistema de seguimiento estadístico permanente. Si la Comisión encuentra mérito, el proceso podría escalar a la Cámara, el Senado o incluso la Corte Suprema, según corresponda.
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Por Redacción Bogotá
