“Exigimos la PTAR Salitre terminada y sin deficiencias”: Acueducto de Bogotá

La empresa se pronunció frente al proceso que ha tenido desde septiembre del 2021, cuando el consorcio CEPS le entregó la segunda fase de la PTAR. Asimismo, le respondió a esa entidad privada, ya que esta denunció que el Acueducto había modificado las tarifas de diciembre de 2021.

Redacción Bogotá
13 de julio de 2022 - 10:30 p. m.
RÍO BOGOTÁ - RECORRIDO
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Foto: MAURICIO ALVARADO

Este 13 de julio, la Empresa de Agua y Acueducto de Bogotá (EAAB) se pronunció sobre la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Salitre, e informó que desde el 16 de diciembre de 2021, y por orden judicial, “la empresa asumió la operación de la Planta de Tratamiento El Salitre, el pago de energía, personal técnico (97 operativos), el mantenimiento preventivo de la planta, y por supuesto, todo lo que implica la operación adecuada de la infraestructura”.

Asimismo, que la sentencia del río Bogotá ordenó que la optimización de la PTAR debía ser construida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien suscribió un contrato con el consorcio CEPS por alrededor de $1,5 billones.

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“La interventoría contratada por la CAR para hacer el seguimiento del contrato no ha aprobado la totalidad de los componentes que hacen parte del mismo. Sin embargo, por orden judicial, desde diciembre de 2021 estamos operando de manera asistida la planta de tratamiento, cumpliendo con los parámetros exigidos en la licencia ambiental” señaló el Acueducto.

La empresa también denunció una serie de irregularidades que puede leer en este enlace: Los líos de la PTAR Salitre, obra que les costó $1.5 billones a los bogotanos.

Por otra parte, habló sobre el mantenimiento que le hace a la PTAR y de las tarifas que maneja respecto a esta:

Mantenimiento: “la EAAB ha realizado más de 826 mantenimientos preventivos a los equipos de la planta y que corresponden al componente propio de la operación. Sin embargo, no podemos reponer equipos que han presentado fallas recurrentes o nunca han operado”. Para el Acueducto, el contratista CEPS debe entregar la planta en condiciones adecuadas para su operación y con los equipos funcionando.

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Tarifas: “la tarifa que le cobramos a los usuarios está regulada legalmente y refleja los costos de operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, las normas no permiten incluir cargos diferentes a los previstos por la ley. Cualquier cambio en las tarifas es vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA”.

Esto último, a raíz de que el consorcio CEPS haya encontrado que el Acueducto había modificado las tarifas de diciembre de 2021, en esas tarifas “se encontraban los equipos de la PTAR, entonces si ellos estaban cobrando en las tarifas esos costos no entendemos por qué no se estaban haciendo el mantenimiento de los equipos”, señaló CEPS.

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Respecto a esto, el Acueducto recalcó que cuando comenzó a asumir la operación asistida de la PTAR Salitre en diciembre de 2021, “se incluyen los costos de operación y mantenimiento en la tarifa. Los esfuerzos operativo, técnico, financiero de la empresa se han enfocado en recibir una planta en condiciones óptimas de funcionamiento, de forma tal que la tarifa no tenga que asumir sobre costos por causas atribuibles al constructor o a falencias en las condiciones de entrega de la infraestructura, que terminen siendo trasladadas a los usuarios”.

Asimismo, la empresa de acueducto y alcantarillado suscribió el contrato de consultoría No. 2-02-25500-1420-2021 con el Consorcio NHB - PTAR Salitre II, integrado por las empresas Nippon Koel Latin America - Caribbean Co, LTD. Sucursal Colombia (43.75%), HMV Igenieros LTDA. (43.75%) y Brigard Urrutia DP SAS (12.5%), con el objetivo de, “consultoría para apoyar y asesorar técnica, ambiental, legal y financieramente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el proceso de recepción de la fase II de la PTAR Salitre a ser entregada por la CAR en el marco del Convenio Interadministrativo 171 de 2007. Y vale la pena aclarar que el objetivo de este contrato no es una interventoría al contrato de obra”.

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