Los peros de Ubalá contra plan petrolero

Ubalá, con una población de 11.000 habitantes, es un municipio atípico en Cundinamarca. Al estar partido en la mitad por el pueblo de Gachalá, es el único del departamento dividido en dos zonas: Ubalá A y Ubalá B, que a pesar de ser la misma jurisdicción tienen marcadas diferencias.

En la montaña, sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, está la zona A. Allí queda la cabecera municipal y la vereda El Santuario, epicentro hace 15 años de una explotación de hierro, en una mina a cielo abierto. La B, por su parte, se ubica en el piedemonte llanero, con grandes fincas agrícolas y algunas zonas vírgenes de naturaleza. Aunque se diferencian, pronto podrían compartir un rasgo en común: la explotación extractiva.

La idea no es nueva. Es un viejo fantasma que surgió a finales de los 90 y que se creía sepultado. No obstante, lo revivieron el año pasado y mostró su cara a mediados de este año, cuando al pueblo llegaron técnicos con equipos y vestidos con insignias de Ecopetrol a realizar estudios geotécnicos.

Fue tomando forma a comienzos de septiembre, cuando Ecopetrol radicó una solicitud para reactivar y ampliar una licencia ambiental en Boyacá y en el oriente de Cundinamarca, que había concedido el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 0373 del 6 de mayo de 1998.

Y finalmente los rumores se confirmaron a finales de septiembre, cuando Ecopetrol realizó una audiencia pública para dar a conocer los detalles de un proyecto que ahora es más ambicioso, pues incluye nuevas áreas para la exploración de pozos en áreas cercanas a Santa María, en Boyacá, y Medina y Ubalá, en Cundinamarca.

El plan no cayó bien. En Ubalá B, zona que sería una de las más impactadas, las organizaciones y la comunidad rechazan la iniciativa. A pesar de que el proyecto apenas lleva un 5 % de avance y Ecopetrol ha intentado acercarse con propuestas de mitigación y proyectos sociales, poco ha cambiado. Las lecciones que han dejado lustros de minería extractiva en Ubalá A, así como sus impactos sociales y ambientales, los mantienen firmes en su posición.

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“Aunque ya no es hierro, sino petróleo, si arriba acabaron con una vereda, no queremos que nos pase lo mismo”, dice José Luis Rodríguez, gestor comunal de Ubalá, quien explica el temor de las comunidades de la zona B. La actividad minera en las zonas cercanas a las veredas El Santuario, Santa Bárbara, Las Mercedes y La Mesa viene causando desplazamiento progresivo de habitantes.

Según datos del Sisbén, en las cuatro veredas hace cinco años vivían 713 personas y hoy hay 546, es decir, una reducción del 23 %. Esto se debe, explica Rodríguez, a que la mayoría de las zonas de explotación están en predios privados, de familias que vendieron y se fueron del pueblo.

Expansión del bloque Cóndor

La historia en esta nueva etapa se remonta a octubre de 2020, cuando Ecopetrol y la firma Lukoil anunciaron un consorcio para la exploración en el bloque Cóndor, zona en el mapa nacional de hidrocarburos, ubicada en el centro del país. Este incluye el proyecto Área de Perforación Medina Occidental (APE), que busca la expansión de pozos en Cundinamarca y Boyacá.

Pero para poder explorar, la petrolera necesita una nueva y más rigurosa licencia ambiental, que debe aprobar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Los estudios deben contemplar la caracterización de la zona e información detallada sobre su biodiversidad de fauna y flora, para conocer el impacto y las medidas de mitigación.

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Los estudios de exploración ya empezaron, y con ellos surgieron las primeras denuncias. La veeduría Sumak Kawsay, que viene haciendo seguimiento al proyecto APE Medina, denunció que el 23 de septiembre la petrolera adelantó labores sin los permisos necesarios y, de paso, contaminaron los ríos de la zona. “Si esto ocurrió con un estudio que adelantan 20 personas, cómo será cuando sean más”, asegura Mariel Vargas, presidente de la veeduría ciudadana.

La líder alertó de paso sobre posibles inconsistencias en los estudios previos. Al parecer, el informe que presentó el consorcio y que caracteriza la situación medioambiental no concuerda con la realidad del municipio. “Ellos dicen que solo hay siete manantiales, cuando es una zona de recarga hídrica de la cordillera Oriental, donde están las fábricas de aguas”.

A pesar de esto, los interesados en la explotación muestran las bondades del plan. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por Ecopetrol, no solo generaría empleo mejor remunerado, sino que dinamizaría la economía de la región, sin grandes impactos ambientales. Frente a estas denuncias sobre el riesgo en el que quedarían las fuentes hídricas, Ecopetrol respondió que la represa del Guavio, al estar a más de 15 kilómetros del proyecto, está fuera de la zona de influencia.

Para convencer a la comunidad, la petrolera, a través de una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha intentado acercarse infructuosamente con concursos para proyectos locales. El último que se presentó, hace un mes, fue rechazado por el alcalde, por considerar que el monto no correspondía al impacto social y ambiental. También se han registrado disputas en las juntas, por aquellos que quieren vender sus tierras y los que se quieren quedar en el municipio.

Por ahora, en las primeras semanas de diciembre, la ANLA realizará una audiencia pública, relacionada con el trámite de la licencia ambiental. Las preocupaciones que se recojan serán consideradas a la hora de definir si otorga o no la licencia ambiental. En caso de aprobarla, las preocupaciones deberán ir ligadas a las medidas de mitigación y compensación.

Pero la gente tiene clara su posición. Por eso las comunidades hicieron un llamado a la autoridad ambiental para que revise certeramente el estudio ambiental, de lo que ellos denominan un santuario natural donde, entre otras cosas, se realiza un festival de avistamiento de aves, ya que estudios de la Universidad Nacional indican que la zona es hogar de 594 especies, de las 1.914 existentes en el país.

A contramano está el argumento de la petrolera, sobre los beneficios sociales del plan, pues de resultar exitoso el trámite en la ANLA, tendría permiso para exploración y excavación de seis pozos en la región, dos de ellos en Ubalá, con lo que dicen se dinamizaría la región.

Ubalá, con una población de 11.000 habitantes, es un municipio atípico en Cundinamarca. Al estar partido en la mitad por el pueblo de Gachalá, es el único del departamento dividido en dos zonas: Ubalá A y Ubalá B, que a pesar de ser la misma jurisdicción tienen marcadas diferencias.

En la montaña, sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, está la zona A. Allí queda la cabecera municipal y la vereda El Santuario, epicentro hace 15 años de una explotación de hierro, en una mina a cielo abierto. La B, por su parte, se ubica en el piedemonte llanero, con grandes fincas agrícolas y algunas zonas vírgenes de naturaleza. Aunque se diferencian, pronto podrían compartir un rasgo en común: la explotación extractiva.

La idea no es nueva. Es un viejo fantasma que surgió a finales de los 90 y que se creía sepultado. No obstante, lo revivieron el año pasado y mostró su cara a mediados de este año, cuando al pueblo llegaron técnicos con equipos y vestidos con insignias de Ecopetrol a realizar estudios geotécnicos.

Fue tomando forma a comienzos de septiembre, cuando Ecopetrol radicó una solicitud para reactivar y ampliar una licencia ambiental en Boyacá y en el oriente de Cundinamarca, que había concedido el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 0373 del 6 de mayo de 1998.

Y finalmente los rumores se confirmaron a finales de septiembre, cuando Ecopetrol realizó una audiencia pública para dar a conocer los detalles de un proyecto que ahora es más ambicioso, pues incluye nuevas áreas para la exploración de pozos en áreas cercanas a Santa María, en Boyacá, y Medina y Ubalá, en Cundinamarca.

El plan no cayó bien. En Ubalá B, zona que sería una de las más impactadas, las organizaciones y la comunidad rechazan la iniciativa. A pesar de que el proyecto apenas lleva un 5 % de avance y Ecopetrol ha intentado acercarse con propuestas de mitigación y proyectos sociales, poco ha cambiado. Las lecciones que han dejado lustros de minería extractiva en Ubalá A, así como sus impactos sociales y ambientales, los mantienen firmes en su posición.

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“Aunque ya no es hierro, sino petróleo, si arriba acabaron con una vereda, no queremos que nos pase lo mismo”, dice José Luis Rodríguez, gestor comunal de Ubalá, quien explica el temor de las comunidades de la zona B. La actividad minera en las zonas cercanas a las veredas El Santuario, Santa Bárbara, Las Mercedes y La Mesa viene causando desplazamiento progresivo de habitantes.

Según datos del Sisbén, en las cuatro veredas hace cinco años vivían 713 personas y hoy hay 546, es decir, una reducción del 23 %. Esto se debe, explica Rodríguez, a que la mayoría de las zonas de explotación están en predios privados, de familias que vendieron y se fueron del pueblo.

Expansión del bloque Cóndor

La historia en esta nueva etapa se remonta a octubre de 2020, cuando Ecopetrol y la firma Lukoil anunciaron un consorcio para la exploración en el bloque Cóndor, zona en el mapa nacional de hidrocarburos, ubicada en el centro del país. Este incluye el proyecto Área de Perforación Medina Occidental (APE), que busca la expansión de pozos en Cundinamarca y Boyacá.

Pero para poder explorar, la petrolera necesita una nueva y más rigurosa licencia ambiental, que debe aprobar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Los estudios deben contemplar la caracterización de la zona e información detallada sobre su biodiversidad de fauna y flora, para conocer el impacto y las medidas de mitigación.

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Los estudios de exploración ya empezaron, y con ellos surgieron las primeras denuncias. La veeduría Sumak Kawsay, que viene haciendo seguimiento al proyecto APE Medina, denunció que el 23 de septiembre la petrolera adelantó labores sin los permisos necesarios y, de paso, contaminaron los ríos de la zona. “Si esto ocurrió con un estudio que adelantan 20 personas, cómo será cuando sean más”, asegura Mariel Vargas, presidente de la veeduría ciudadana.

La líder alertó de paso sobre posibles inconsistencias en los estudios previos. Al parecer, el informe que presentó el consorcio y que caracteriza la situación medioambiental no concuerda con la realidad del municipio. “Ellos dicen que solo hay siete manantiales, cuando es una zona de recarga hídrica de la cordillera Oriental, donde están las fábricas de aguas”.

A pesar de esto, los interesados en la explotación muestran las bondades del plan. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por Ecopetrol, no solo generaría empleo mejor remunerado, sino que dinamizaría la economía de la región, sin grandes impactos ambientales. Frente a estas denuncias sobre el riesgo en el que quedarían las fuentes hídricas, Ecopetrol respondió que la represa del Guavio, al estar a más de 15 kilómetros del proyecto, está fuera de la zona de influencia.

Para convencer a la comunidad, la petrolera, a través de una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha intentado acercarse infructuosamente con concursos para proyectos locales. El último que se presentó, hace un mes, fue rechazado por el alcalde, por considerar que el monto no correspondía al impacto social y ambiental. También se han registrado disputas en las juntas, por aquellos que quieren vender sus tierras y los que se quieren quedar en el municipio.

Por ahora, en las primeras semanas de diciembre, la ANLA realizará una audiencia pública, relacionada con el trámite de la licencia ambiental. Las preocupaciones que se recojan serán consideradas a la hora de definir si otorga o no la licencia ambiental. En caso de aprobarla, las preocupaciones deberán ir ligadas a las medidas de mitigación y compensación.

Pero la gente tiene clara su posición. Por eso las comunidades hicieron un llamado a la autoridad ambiental para que revise certeramente el estudio ambiental, de lo que ellos denominan un santuario natural donde, entre otras cosas, se realiza un festival de avistamiento de aves, ya que estudios de la Universidad Nacional indican que la zona es hogar de 594 especies, de las 1.914 existentes en el país.

A contramano está el argumento de la petrolera, sobre los beneficios sociales del plan, pues de resultar exitoso el trámite en la ANLA, tendría permiso para exploración y excavación de seis pozos en la región, dos de ellos en Ubalá, con lo que dicen se dinamizaría la región.