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El juez 43 penal del circuito de Bogotá condenó a Amanda Azucena Castillo Cortés a 10 años y 8 meses de prisión por su participación y responsabilidad en el caso de discriminación y persecución que sufrió Sergio Urrego Reyes, en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, en razón de su orientación sexual. Estos hechos, según la madre del joven y la Fiscalía, causaron en el joven una crisis de depresión que lo llevó a suicidarse el 4 de agosto de 2014.
Castillo había sido imputada en mayo de 2015 por los delitos de discriminación agravada, falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; sin embargo, solo pudo ser procesada y juzgada por los dos últimos, pues el primero prescribió en 2018.
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En la lectura de la sentencia, el despacho aseguró que la actuación de la exrectora fue dolosa y grave, pues no veló por los derechos de dos menores (Sergio y su pareja, Danilo Pinzón) que estaban a su cargo y fue enfático que la falsa denuncia por acoso sexual fue determinante para que Urrego decidiera suicidarse.
“Lo que le ocurrió a Sergio Urrego no puede repetirse en otro niño de este país”, dijo el togado.
En la sentencia condenatoria, también ordenó a Castillo Cortés pagar una multa de 500 salarios mínimos y negó el beneficio de casa por cárcel que su apoderado, Víctor Sánchez, había pedido en la audiencia de sentido del fallo el pasado viernes 30 de abril, por lo cual deberá pagar su condena en establecimiento carcelario.
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Aún así, el abogado manifestó que presentarán recurso de apelación a este fallo, maniobra que preocupa a Alba Reyes y su abogado, pues los términos del caso vencen el próximo 15 de mayo y no se podría avanzar y el caso prescribiría.
Al respecto, Reyes le dijo a El Espectador que, ante este escenario, “lo más probable es que lo lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedir también que se investigue por qué se permitieron tantas dilaciones en el proceso. Para mí como madre, es muy doloroso llevar un proceso así”.
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Amanda Azucena Castillo Cortés era la rectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre en el año en que Sergio Urrego cursaba undécimo grado, tiempo en el que el adolescente empezó a sufrir actos de discriminación luego de que se conociera una foto en la que estaba besándose con su pareja sentimental. Según demostró la Fiscalía, este hecho conllevó a que la institución le iniciara un proceso disciplinario al menor, a que fuera obligado a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y a asistir a un psicólogo para volver a clases.
Esta decisión es la tercera que la Justicia toma contra las directivas del colegio responsables del trágico desenlace de la vida de Sergio David Urrego Reyes, quien se destacaba por sus destacadas calificaciones y buen puntaje en las pruebas Icfes de 2014. La primera fue en 2016, cuando la exveedora de la institución, Rosalía Ramírez, aceptó los cargos por discriminación y ocultamiento de pruebas; la segunda, en 2017, cuando la expsicóloga del colegio, Ivonne Cheque, lo hizo por los delitos de discriminación y falsa denuncia.
El de Sergio Urrego se convirtió en el caso de discriminación y homofobia más representativo de Colombia, ya que a raíz de este se han tomado otras determinaciones jurídicas que han representado hitos.
En este proceso, que inició en mayo 2015, fue la primera vez que en el país se impuso medida de aseguramiento y se hizo imputación de cargos por discriminación a la población Lgbti. En noviembre de 2015, por orden de la Corte Constitucional, el Gimnasio Castillo Campestre hizo un acto de disculpas públicas a la familia del adolescente, en el cual también fue develada una placa conmemorativa en su honor ubicada a la entrada del colegio. Y, en febrero de 2020, la psicóloga Ivonne Cheque solicitó excusas públicas a las familias de Urrego Reyes y de Danilo Esteban Pinzón Valdés (expareja) por los actos de discriminación en su contra.
Para esta madre, las condenas y las otras decisiones judiciales sientan un precedente para prevenir que se repitan casos como los de su hijo y a que todos los colegios sean entornos escolares libres de discriminación: una labor que intenta hacer desde la Fundación Sergio Urrego que dirige. “Los niños necesitan ser escuchados, pues hay mucho bullying en los colegios, y así prevenir el suicidio de niños. Estamos trabajando en orientación psicosocial y jurídica a padres de familia y hemos atendido casi 4 mil casos al año”, manifestó a este diario.
“¡Que viva Sergio Urrego!”, dijo Alba Reyes entre lágrimas tras conocer la decisión del juez.
Por Redacción Bogotá
