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De poco o nada sirvieron las denuncias y alertas que por cuatro años hizo Leidy Delgado para evitar una nueva agresión de su expareja. Si bien permanece con vida y se recupera de graves heridas (que hacen que sea incierto si volverá a caminar), su caso es un reflejo de las dificultades que viven algunas mujeres maltratadas a la hora de buscar ayuda de las autoridades, así como de las fallas de esos organismos cuando de velar por su integridad se trata.
Aunque no es un caso aislado –pues cada hora una mujer denuncia violencia de pareja (ver infografía al final)–, lo ocurrido con Leidy, de 21 años, da cuenta además de la crueldad y la sevicia de algunos agresores. El pasado 3 de junio, minutos después de dejar su hijo al cuidado de su abuela paterna, en el barrio Mirachuela, fue atacada por su expareja: Brian Steven Aldana, de 22 años. Sin importar que estaban cerca de un CAI, el sujeto le propinó varias puñaladas, así como a la actual pareja de Leidy y a un vecino que intentó defenderla. En medio del forcejo, la emprendió también contra los policías del sector, quienes, ante la violencia del sujeto, no tuvieron otra opción que dispararle, acabando con su vida.
“Leidy apenas lo vio empezó a correr, pero él la alcanzó y le pegó una puñalada por la espalda. Él iba a matarla”, explica su tía, Alexandra Delgado, quien hoy anda con una carpeta llena de papeles que evidencian las denuncias, conciliaciones, dictámenes y hasta pantallazos de los chats en los que Brian amenazaba con asesinarla.
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Entre el miedo y los trámites
Según los familiares de Leidy, la relación con su agresor comenzó en 2013. Pasado el primer año, ella quedó embarazada y se fueron a vivir juntos. En ese momento comenzaron los ataques físicos y las amenazas. La primera denuncia por lesiones la interpuso Leidy en mayo de 2015, cuando tenía 17 años. Acababan de pelear, tras descubrir que consumía drogas. Una semana antes, narra que él le “sacó un chuchillo porque se quería llevar al niño. Me dijo que me fuera o me chuzaba. Cuando vivíamos juntos me trataba mal y me empujaba”.
A su turno, la madre de la joven puso el caso en conocimiento de la Comisaría Quinta de Familia, que expidió una medida de protección. En ella le advertía a Brian que “le quedaba prohibido cualquier tipo de maltrato” y que, de lo contrario, se enfrentaba a multas o días de arresto. También recomendaba apoyo policivo o protección. Por su parte, la Policía le entregó un documento con recomendaciones de autocuidado y los teléfonos de cuadrantes y del CAI de Yomasa.
Lo que siguió fueron citaciones a conciliar, acuerdos y una evaluación de su situación. Menos de dos años después –cansada de las agresiones– la joven se fue a vivir a casa de sus padres. Desde ese momento la expareja intensificó las amenazada a través de redes sociales. En julio de 2018, cuando Leidy le llevó su hijo a Brian, este la atacó con tal violencia que Medicina Legal le dio 20 días de incapacidad. En un documento elaborado por esa entidad quedó plasmado que la situación era recurrente.
Por todo esto, –advirtiendo que el sujeto era consumidor de drogas, presentaba estereotipos sexuales machistas y celos intensos– Medicina Legal determinó que Leidy estaba en riesgo extremo de llegar a sufrir heridas de tipo mortal a manos de su excompañero. Con todo, el organismo agregó que la mujer contaba con características que permitían minimizar los efectos de la violencia, como una red de apoyo familiar y social robusta.
Además de darle un folleto de autocuidado y de las rutas de atención, en Medicina Legal le recomendaron buscar asesoría jurídica con “carácter inmediato”. Ante esto, la Fiscalía a través de un documento rotulado “labor preventiva urgente”, le pidió al comandante de la Estación Quinta de la Policía proveer protección a Leidy.
“Ella mantenía con miedo de encontrárselo, de que la siguiera. Todo era muy traumático, pues a pesar de haber puesto denuncias por todo lado, no hicieron nada”, reclama su tía. A su turno, Alberto Echeverry, uno de sus compañeros de estudio, asegura que semanalmente la acompañaba para ver cómo estaban los procesos. “Siempre se pasaban la pelota: que no ha salido audiencia; que hay que esperar; que no ha llegado tal papel. Nunca hubo apoyo del Estado”.
A esto se sumó otra denuncia por inasistencia alimentaria. Si bien ambos conciliaron en una Comisaría de Familia, los acuerdos frente a las cuotas de manutención del bebé nunca se concretaron.
¿Qué hacer?
De acuerdo con Olga Amparo Sánchez, directora de La Casa de la Mujer, lo ocurrido con Leidy es una muestra de que los trámites y medidas no son suficientes. “Las rutas de atención no solucionan mucho, ni contribuyen a protegerlas. La dificultad es que no hay seguimiento a los casos, no hay atención integral. Esto lo sufren el 90 % de mujeres maltratadas”.
En ese punto coincide Ángela Gómez, profesora de derecho y temas de género de la Universidad Libre, quien sostiene que estas instancias no van a ser efectivas hasta tanto haya una capacitación para las autoridades que reciben la denuncia, así como para los encargados de vigilar y condenar: “En todas las instancias falta conocimiento en cómo aplicar la perspectiva de género. El sistema seguirá fallando. Este caso es la materialización de la negligencia del Estado en brindar garantías para que las mujeres vivan libres de violencia”.
Según la docente, aunque las rutas de atención y los mecanismos de conciliación están consagrados en la ley, casos como el de Leidy revelan que no son efectivos y se debe recurrir a medidas más contundentes. “Cuando hay una agresión tan evidente debe existir un acompañamiento más serio”.
Por su parte, Bibiana Bohórquez, una de las creadoras de la serie Las Igualadas –que trata temas de género y violencia contra la mujer– sostiene que la problemática es que las mujeres se están quedando atrapadas en la burocracia. “El Estado debe estar alerta, porque es más fácil evitar un feminicidio que investigarlo”.
Mientras la familia de Leidy confía en su pronta recuperación e insiste en que su estado de salud mejora cada día, no dejan de advertir las fallas y dificultades que tuvo que padecer y que hubieran evitado toda esta situación. Incluso, reclaman mejor y más pronta atención en el Hospital El Tunal, pues dicen que aún no le han practicado una resonancia que podría preservar su estado de vida.
jgonzalez@elespectador.com