Durante años, los registros judiciales de la Cárcel Nacional La Modelo en Bogotá mostraron a William Rafael Martínez Alvarino como un interno modelo de su pabellón. Purgaba una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por haber perseguido y propinado más de 20 puñaladas a su anterior pareja en 2015.
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Tras ser capturado en febrero de 2018, Martínez pareció enfocar cada minuto de su tiempo tras las rejas en un objetivo prioritario: reducir su condena mediante el trabajo continuo.
En los folios del Juzgado de Ejecución de Penas constan 12 providencias que avalaron sus jornadas laborales e incluso lo beneficiaron con la readecuación de favorabilidad de la Ley 2466 de 2025. En total, había logrado redimir dos años, ocho meses y 10 días de pena.
Sumados a sus más de ocho años de reclusión efectiva, Martínez sumaba un cómputo superior a los 11 años de condena purgada. Si mantenía su ritmo laboral en el taller del penal, le restaba poco más de un año para cumplir las tres quintas partes de su sentencia y solicitar la libertad condicional.
Incluso, la vía hacia la libertad domiciliaria parecía estar a su alcance. El condenado solicitó el traslado a prisión domiciliaria de manera insistente ante los estrados, hecho que generó la visita virtual de asistencia social del despacho el 10 de julio de 2026 para verificar su arraigo familiar. Sin embargo, la justicia penal le cerró la puerta de forma tajante: el 14 de julio de 2026, el juzgado le negó la prisión domiciliaria. Martínez interpuso recursos e incluso una acción de tutela que fue fallada en su contra por el Tribunal Superior de Bogotá.
Apenas un mes después de ese último portazo legal, el espejismo de su readaptación se desmoronó por completo en el pabellón 13 del penal. El sábado 22 de agosto de 2026, durante la jornada habitual de visitas, Martínez atacó a su nueva pareja dentro de una celda hasta causarle la muerte.
Horas después, cuando las alarmas se encendieron entre los dragoneantes, el propio recluso confesó ante la Fiscalía haber perpetrado el crimen en el interior del recinto penitenciario.
El feminicidio consumado dentro de uno de los pabellones bajo custodia estatal desató una severa controversia alrededor de los controles de seguridad del INPEC y los protocolos de evaluación del tratamiento penitenciario. Martínez, quien había dedicado cerca de una década a descontar días con trabajo en un intento por retornar a las calles, no solo anuló cualquier posibilidad de libertad, sino que evidenció las fallas de un sistema incapaz de contener la violencia feminicida reincidente dentro de sus propias instalaciones.
*Este artículo fue elaborado con asistencia de inteligencia artificial como herramienta de apoyo. El contenido fue revisado y editado por el equipo periodístico.
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Por Redacción Bogotá
