Franja de los cerros: ¿rural o urbana?

Una iniciativa de la administración enfrenta de nuevo al alcalde Enrique Peñalosa con los ambientalistas y detractores de sus políticas. La Secretaría de Planeación elevó una consulta al Tribunal de Cundinamarca para conocer si es posible cambiar la clasificación del suelo de la franja de adecuación de la reserva de los cerros orientales, de rural a urbano. (Vea: Derechos adquiridos en cerros orientales de Bogotá, tema resuelto)

Mientras ambientalistas y expertos en urbanismo aseguran que esa decisión abriría la puerta a nuevas construcciones, el Distrito señala que eso es imposible pues, sin importar la clasificación, un fallo del Consejo de Estado prohibe construir en esa zona. Agrega que el objetivo es mejorar los indicadores de espacio público de la ciudad. A propósito de este debate, en el Congreso se hará hoy una audiencia pública sobre el cumplimiento del fallo de los cerros orientales.

Para entender este enredo hay que volver al 2005, cuando el Ministerio de Ambiente clasificó 973 hectáreas de los cerros como franja de adecuación. Es decir, un espacio para amortiguar los efectos de la expansión urbana sobre las 14.000 hectáreas de reserva. Años después, una ciudadana interpuso una acción popular para que la justicia ordenara proteger los cerros y acabar con la expansión. En 2013, el Consejo de Estado atendió el llamado y ordenó la creación del área de aprovechamiento ambiental en la franja de adecuación, para compensar los daños que los bogotanos le han causado al medio ambiente. Con ese argumento prohibió la expedición de nuevas licencias de construcción o de explotación en la zona. Eso sí, reconoció que aquellas obras que estaban en marcha o a punto de comenzar tenían unos derechos adquiridos. (Vea también: CAR confirma demolición de lujosa construcción que invadió los cerros orientales de Bogotá) 

Sin embargo, el fallo no fue tan claro con este último punto y para resolverlo se necesitaron dos años y 15 audiencias del Comité de Verificación del fallo. Al final, el Tribunal de Cundinamarca declaró que los proyectos urbanísticos que empezaron o que obtuvieron licencia antes de que se delimitara la zona en 2005, y que estaban suspendidos, podrían reiniciarse. Eso sí, con dos condiciones: demostrar que no sabían la existencia de la reserva y no causar daños ambientales.

Mientras esas reuniones se llevaban a cabo, en 2015 la alcaldía de Gustavo Petro emitió una resolución para precisar la cartografía, en la que clasificó como área urbana las construcciones con licencias y los barrios legalizados. El resto quedó como suelo rural.

Los reclamos

Y en este punto se centra la nueva discusión entre los ambientalistas y el Distrito, pues hace dos semanas se conoció el plan de la Secretaría de Planeación de modificar esa cartografía para clasificar toda la franja de adecuación como suelo urbano. Los ambientalistas encendieron las alarmas, pues aseguran que eso abriría la puerta para que algunos constructores intenten tramitar licencias para urbanizar 500 de las 900 hectáreas de la franja de adecuación, que aún son espacios verdes.

“La administración lo hace porque, al ser suelo rural, los curadores no han podido autorizar licencias. Son 500 hectáreas valiosas para mitigar los daños que ocasionamos al medio ambiente”, asegura María Mercedes Maldonado, vocera Veeduría Cerros Orientales y exsecretaria de Hábitat de la administración de Gustavo Petro, quien agrega que mantenerlo como está protege la franja y evita que aumente el precio del suelo.

Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señala que la administración debe cumplir con la tarea que le impuso el Consejo de Estado de crear 19 parques para los bogotanos, con senderos peatonales. De hecho, recuerda que se le debe dar prioridad a este punto del fallo, por encima del Sendero de las Mariposas, que se quiere construir en los cerros y hoy no está en el plan de manejo ambiental de la reserva.

Lozano le preguntó a la Secretaría de Planeación el porqué de la modificación. La respuesta fue que había imprecisiones en la cartografía, que no fueron detectadas en 2015. Para la representante, esas peticiones debían ser conocidas por la ciudadanía, sobre todo los habitantes de los barrios ilegales y que están en el limbo.

El Distrito

Ante estas alertas, el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, señala que quienes denuncian intentan confundir a la ciudadanía, pues “se vende una idea de que cuando pasa a ser urbano se va a permitir la construcción. Nada más lejos de la realidad”. Enfatiza que ningún proyecto de construcción, sin importa la categoría del suelo, puede arrancar hasta que se demuestren los derechos adquiridos.

“Estamos obligados a cumplir el fallo y estamos 100 % de acuerdo. El alcalde no quiere construir nada más de lo que ya está. Vale la pena aclarar que la sentencia no discrimina si es suelo urbano o rural. La orden es igual para todos. Si tienen derechos adquiridos, se les reconocen”.

Según Ortiz, la idea es que la franja de adecuación se sume a la estructura ecológica principal de la ciudad: “Cuando es rural, el suelo es jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional (CAR). Cuando es urbano, pasa a la Secretaría de Ambiente. En el área urbana hay muchas áreas de este tipo, como los humedales, ríos y parques”.

Al ser parte del área urbana, dice, mejorarían los indicadores de espacios público, en los que Bogotá se raja, pues solo cuenta con 4,4 metros cuadrados por habitante. “Esta área nos ayudaría a mejorarlos. La idea es que la franja sea un espacio de recreación. Queremos que los ciudadanos la disfruten y la recorran”. Ortiz aclara que estas modificaciones apenas están en borrador y que solo les enviaron una cartografía al magistrado, a los veedores y a las demás entidades públicas encargadas, como la Personería, para que la revisaran y conocer sus opiniones antes de presentar la propuesta final.

Por último, desmiente las afirmaciones de Maldonado, argumentando que no es verdad que se triplique el precio de la tierra, porque no se cambian los usos ni tiene potencial de aprovechamiento. “Si bien se vuelve urbano, sería parte de la estructura ecológica. Es como ser dueño de un humedal. Lo tiene, pero no puede modificar nada porque es un espacio protegido”.

Hace un año, el magistrado César Palomino, en entrevista con este diario, aseguró que no valía la pena diferenciar si el suelo es urbano o rural: “Si se vuelve urbano igual es suelo protegido y para construir necesita la licencia ambiental. Es decir, esa discusión quedó superada y la comunidad puede estar tranquila, porque se van a respetar los valores ambientales que se ampararon”.

De todas formas, para algunos, la diferenciación sigue siendo vital para evitar interpretaciones de la norma que puedan ir en contra del área protegida.

Una iniciativa de la administración enfrenta de nuevo al alcalde Enrique Peñalosa con los ambientalistas y detractores de sus políticas. La Secretaría de Planeación elevó una consulta al Tribunal de Cundinamarca para conocer si es posible cambiar la clasificación del suelo de la franja de adecuación de la reserva de los cerros orientales, de rural a urbano. (Vea: Derechos adquiridos en cerros orientales de Bogotá, tema resuelto)

Mientras ambientalistas y expertos en urbanismo aseguran que esa decisión abriría la puerta a nuevas construcciones, el Distrito señala que eso es imposible pues, sin importar la clasificación, un fallo del Consejo de Estado prohibe construir en esa zona. Agrega que el objetivo es mejorar los indicadores de espacio público de la ciudad. A propósito de este debate, en el Congreso se hará hoy una audiencia pública sobre el cumplimiento del fallo de los cerros orientales.

Para entender este enredo hay que volver al 2005, cuando el Ministerio de Ambiente clasificó 973 hectáreas de los cerros como franja de adecuación. Es decir, un espacio para amortiguar los efectos de la expansión urbana sobre las 14.000 hectáreas de reserva. Años después, una ciudadana interpuso una acción popular para que la justicia ordenara proteger los cerros y acabar con la expansión. En 2013, el Consejo de Estado atendió el llamado y ordenó la creación del área de aprovechamiento ambiental en la franja de adecuación, para compensar los daños que los bogotanos le han causado al medio ambiente. Con ese argumento prohibió la expedición de nuevas licencias de construcción o de explotación en la zona. Eso sí, reconoció que aquellas obras que estaban en marcha o a punto de comenzar tenían unos derechos adquiridos. (Vea también: CAR confirma demolición de lujosa construcción que invadió los cerros orientales de Bogotá) 

Sin embargo, el fallo no fue tan claro con este último punto y para resolverlo se necesitaron dos años y 15 audiencias del Comité de Verificación del fallo. Al final, el Tribunal de Cundinamarca declaró que los proyectos urbanísticos que empezaron o que obtuvieron licencia antes de que se delimitara la zona en 2005, y que estaban suspendidos, podrían reiniciarse. Eso sí, con dos condiciones: demostrar que no sabían la existencia de la reserva y no causar daños ambientales.

Mientras esas reuniones se llevaban a cabo, en 2015 la alcaldía de Gustavo Petro emitió una resolución para precisar la cartografía, en la que clasificó como área urbana las construcciones con licencias y los barrios legalizados. El resto quedó como suelo rural.

Los reclamos

Y en este punto se centra la nueva discusión entre los ambientalistas y el Distrito, pues hace dos semanas se conoció el plan de la Secretaría de Planeación de modificar esa cartografía para clasificar toda la franja de adecuación como suelo urbano. Los ambientalistas encendieron las alarmas, pues aseguran que eso abriría la puerta para que algunos constructores intenten tramitar licencias para urbanizar 500 de las 900 hectáreas de la franja de adecuación, que aún son espacios verdes.

“La administración lo hace porque, al ser suelo rural, los curadores no han podido autorizar licencias. Son 500 hectáreas valiosas para mitigar los daños que ocasionamos al medio ambiente”, asegura María Mercedes Maldonado, vocera Veeduría Cerros Orientales y exsecretaria de Hábitat de la administración de Gustavo Petro, quien agrega que mantenerlo como está protege la franja y evita que aumente el precio del suelo.

Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señala que la administración debe cumplir con la tarea que le impuso el Consejo de Estado de crear 19 parques para los bogotanos, con senderos peatonales. De hecho, recuerda que se le debe dar prioridad a este punto del fallo, por encima del Sendero de las Mariposas, que se quiere construir en los cerros y hoy no está en el plan de manejo ambiental de la reserva.

Lozano le preguntó a la Secretaría de Planeación el porqué de la modificación. La respuesta fue que había imprecisiones en la cartografía, que no fueron detectadas en 2015. Para la representante, esas peticiones debían ser conocidas por la ciudadanía, sobre todo los habitantes de los barrios ilegales y que están en el limbo.

El Distrito

Ante estas alertas, el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, señala que quienes denuncian intentan confundir a la ciudadanía, pues “se vende una idea de que cuando pasa a ser urbano se va a permitir la construcción. Nada más lejos de la realidad”. Enfatiza que ningún proyecto de construcción, sin importa la categoría del suelo, puede arrancar hasta que se demuestren los derechos adquiridos.

“Estamos obligados a cumplir el fallo y estamos 100 % de acuerdo. El alcalde no quiere construir nada más de lo que ya está. Vale la pena aclarar que la sentencia no discrimina si es suelo urbano o rural. La orden es igual para todos. Si tienen derechos adquiridos, se les reconocen”.

Según Ortiz, la idea es que la franja de adecuación se sume a la estructura ecológica principal de la ciudad: “Cuando es rural, el suelo es jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional (CAR). Cuando es urbano, pasa a la Secretaría de Ambiente. En el área urbana hay muchas áreas de este tipo, como los humedales, ríos y parques”.

Al ser parte del área urbana, dice, mejorarían los indicadores de espacios público, en los que Bogotá se raja, pues solo cuenta con 4,4 metros cuadrados por habitante. “Esta área nos ayudaría a mejorarlos. La idea es que la franja sea un espacio de recreación. Queremos que los ciudadanos la disfruten y la recorran”. Ortiz aclara que estas modificaciones apenas están en borrador y que solo les enviaron una cartografía al magistrado, a los veedores y a las demás entidades públicas encargadas, como la Personería, para que la revisaran y conocer sus opiniones antes de presentar la propuesta final.

Por último, desmiente las afirmaciones de Maldonado, argumentando que no es verdad que se triplique el precio de la tierra, porque no se cambian los usos ni tiene potencial de aprovechamiento. “Si bien se vuelve urbano, sería parte de la estructura ecológica. Es como ser dueño de un humedal. Lo tiene, pero no puede modificar nada porque es un espacio protegido”.

Hace un año, el magistrado César Palomino, en entrevista con este diario, aseguró que no valía la pena diferenciar si el suelo es urbano o rural: “Si se vuelve urbano igual es suelo protegido y para construir necesita la licencia ambiental. Es decir, esa discusión quedó superada y la comunidad puede estar tranquila, porque se van a respetar los valores ambientales que se ampararon”.

De todas formas, para algunos, la diferenciación sigue siendo vital para evitar interpretaciones de la norma que puedan ir en contra del área protegida.