Fredy Gustavo Orjuela Hernández fue elegido nuevo gerente de Corabastos, la principal central mayorista de alimentos del país. El abogado, quien fue secretario Jurídico de Cundinamarca y directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), llegará a una organización que conecta la producción del campo con los mercados de Bogotá y otras regiones.
La dimensión de esa operación explica el alcance del cargo: durante 2025 ingresaron a Corabastos cerca de 2,36 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a alrededor del 31 % del abastecimiento registrado en las principales centrales mayoristas del país. Orjuela reemplazará a David Martínez, quien salió del cargo a finales de septiembre. Su llegada ocurre en medio de dificultades financieras, un requerimiento tributario cercano a los $99.000 millones y cuestionamientos sobre las condiciones de operación de la central.
¿Quién es Fredy Gustavo Orjuela?
El nuevo gerente es abogado y ha desarrollado su trayectoria en la administración pública. Fue secretario Jurídico de Cundinamarca y ocupó cargos directivos en la CAR, donde desempeñó funciones jurídicas y administrativas. Ahora estará al frente de una operación que requiere coordinación con productores, transportadores y comerciantes. Cerca del 42 % de los alimentos que ingresan a Corabastos proviene de Cundinamarca, lo que convierte la relación con ese departamento en uno de los asuntos centrales de su gestión.
Las deudas y el requerimiento de la Dian
Uno de los principales pendientes de la nueva gerencia es la situación financiera de Corabastos. Según reveló Blu Radio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) formuló un requerimiento por la declaración de renta de 2024, al considerar que la central incumplió la regla de tributación mínima. La entidad reclama COP 49.903 millones en impuesto de renta y cerca de COP 49.000 millones adicionales como sanción. El requerimiento llegó el 17 de julio y el plazo para responder vence el 16 de octubre. Al 7 de octubre, la central preparaba su respuesta jurídica, pero todavía no la había presentado.
El monto reclamado, cercano a los COP 99.000 millones, supera el presupuesto anual de Corabastos, estimado en COP 98.000 millones. Sin embargo, se trata de un requerimiento en trámite y no de una obligación definitiva de pago. El mismo medio reportó que las deudas de la central superan los COP 200.000 millones. Las dificultades financieras también afectaron la recolección de residuos: en junio de 2026, Interaseo suspendió el servicio por problemas en los pagos.
Sanciones y cuestionamientos sanitarios
Los problemas de Corabastos también han llegado a las autoridades de control. En mayo de 2026, este diario informó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la central con una multa de COP 260 millones por restringir la libre competencia mediante disposiciones de su reglamento interno que limitaban el ingreso de nuevos comerciantes.
Según la entidad, estas restricciones afectaban la posibilidad de que otros proveedores participaran en el mercado y ofrecieran mejores condiciones de precio, calidad y variedad a comerciantes y consumidores. La decisión, contenida en la Resolución 32553 del 30 de abril, también impuso multas por COP 71,2 millones, en conjunto, a dos personas naturales vinculadas al caso.
Además de las sanciones económicas, la SIC ordenó eliminar las disposiciones que restringían la competencia y ajustar el reglamento interno de Corabastos para garantizar condiciones equitativas de acceso a sus instalaciones. La decisión todavía no estaba en firme cuando la Superintendencia la anunció.
A estos antecedentes se suman los cuestionamientos por el deterioro de la infraestructura y las condiciones sanitarias. En abril de 2026, el columnista Julián López de Mesa publicó en El Espectador el artículo “¿Quién controla Corabastos?”, en el que describió el estado de algunas bodegas y la acumulación de barro, residuos y desperdicios que observó durante una visita con sus estudiantes.
El autor advirtió sobre los riesgos sanitarios que, a su juicio, representa ese deterioro para una central que abastece a tiendas, plazas de mercado, restaurantes y supermercados de Bogotá y municipios cercanos. También cuestionó la distribución de responsabilidades entre la administración, los comerciantes y las entidades encargadas de ejercer vigilancia.
Corabastos funciona desde 1972 como una sociedad de economía mixta, con participación de entidades públicas y accionistas privados. Para López de Mesa, esa estructura administrativa y las dinámicas informales que se han consolidado dentro de la central dificultan establecer responsabilidades frente a los problemas de infraestructura, salubridad y funcionamiento.
Frente a los cuestionamientos sanitarios, Corabastos aseguró que adelanta labores permanentes de recolección de residuos, limpieza y mantenimiento. Sin embargo, los antecedentes dejan pendiente establecer el estado actual de las instalaciones y las medidas adoptadas para atender los problemas denunciados.
Lea más: Lograr cita con especialista, la mayor queja de salud en Bogotá: Personería alerta demoras
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.