Fue a votar y terminó capturada por un delito que no cometió por una suplantación

Ejercer el derecho al voto para la gran mayoría de ciudadanos habilitados suele ser un trámite rápido y libre de riesgo o eventualidades. Pero para Rosalba Correa terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial: cuando llegó a su puesto de votación fue rodeada por la Policía debido a una orden de captura vigente por un delito que jamás había cometido.

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Para las autoridades, su nombre aparecía vinculado a un proceso por hurto calificado y agravado, incluso en los registros judiciales figuraba como prófuga. Sin embargo la realidad era otra: la señalada había sido víctima de una suplantación de identidad combinada con fallas en los sistemas de verificación de datos.

Su caso es uno de los que ha documentado el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, una iniciativa académica que desde 2007 investiga posibles condenas erradas en Colombia y busca demostrar la inocencia de personas que terminaron en la cárcel por errores judiciales.

Este 5 de marzo, el Concejo de Bogotá otorgará una condecoración oficial al programa en reconocimiento a una labor que ya ha permitido que 15 personas recuperen su libertad tras comprobarse equivocaciones en procesos judiciales.

Condenados por errores del sistema

Las investigaciones del proyecto han revelado un patrón inquietante: suplantaciones de identidad, fallas en la verificación de huellas dactilares y registros judiciales incompletos que terminan llevando a personas inocentes a la cárcel.

Uno de los casos más recientes es el de Rodrigo José Rodríguez Canoles. En diciembre de 2024 fue detenido en Cartagena mientras caminaba cerca de su casa. La Policía le informó que debía cumplir una condena de 108 meses de prisión por porte ilegal de armas en un proceso ocurrido cuatro años antes.

La investigación posterior reveló que otra persona había sido capturada en Turbaco, en el departamento de Bolívar, y se había hecho pasar por él utilizando su número de cédula. Las autoridades no verificaron correctamente la identidad en ese momento.

El detalle que permitió descubrir la verdad fue un rasgo físico: el verdadero delincuente tenía un tatuaje de un pez en la pierna izquierda, mientras que Rodríguez Canoles no tiene ninguno.

Un error similar ocurrió en Bogotá con Carlos Estiben Morales Vargas. Fue detenido durante un control policial y en cuestión de minutos se enteró de que tenía una condena de 96 meses de prisión por hurto calificado y agravado.

El delito había sido cometido por un hombre capturado en flagrancia que se identificó con su nombre y número de cédula. Un fallo en el cotejo de huellas permitió que la justicia terminara condenando al hombre equivocado. Meses después, una nueva verificación dactilar demostró que las huellas no coincidían. Morales recuperó su libertad.

Una pesadilla que se repite

El caso de René Martínez Gutiérrez ilustra otro tipo de error judicial: la coincidencia de datos personales.

Desde 2010 ha sido capturado tres veces por compartir nombre y fecha de nacimiento con un narcotraficante peruano buscado por Interpol. En una de esas detenciones pasó tres meses en la cárcel La Picota e incluso enfrentó un proceso de extradición hacia Perú por un delito que nunca cometió.

Aunque fue liberado, la orden internacional aún permanece activa, por lo que el Proyecto Inocencia continúa trabajando para demostrar definitivamente su inocencia y cerrar el proceso.

Un reconocimiento a la defensa de la inocencia

La condecoración que entregará el Concejo de Bogotá busca destacar el impacto del programa impulsado por la Universidad Manuela Beltrán, que además de formar estudiantes en derecho e investigación criminal ha contribuido a corregir graves errores del sistema judicial colombiano.

Sus investigaciones han evidenciado cómo fallas aparentemente menores —como una mala verificación de huellas o un error en el registro de identidad— pueden tener consecuencias devastadoras para personas que terminan privadas de la libertad sin haber cometido delito alguno.

Buscan nuevos casos de posibles condenas erradas

Más allá del reconocimiento institucional, el equipo del proyecto asegura que su principal objetivo sigue siendo identificar nuevos casos de posibles condenas injustas.

Para que una historia sea analizada, la persona debe haber alegado siempre su inocencia, contar con una sentencia condenatoria en firme, disponer de nuevas pruebas o hechos no conocidos durante el juicio y no tener recursos económicos suficientes para su defensa.

Quienes consideren que un familiar o conocido podría estar pagando por un delito que no cometió pueden contactar al programa a través del correo proyecto.inocencia@umb.edu.co.

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