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La conformación de los gobiernos de las 20 localidades de Bogotá ha estado plagado de varios escollos. Los problemas han residido desde albores del proceso para su elección, y han sido objeto de cuestionamientos por las demoras, impedimentos e imposibilidad de cumplimiento de los requisitos.
Pero incluso, después de la posesión de los alcaldes, las denuncias por el manejo de los fondos locales y las decisiones en los tribunales produjeron una crisis de legitimidad que instó a Carlos Fernando Galán a exigir la renuncia protocolaria de todos los alcaldes el pasado 30 de agosto.
Cinco días después de la renuncia protocolaria, las alcaldesas locales de Chapinero, Alexandra Mejía, y la de Fontibon, Adriana Ortiz, fueron las primeras en dar el paso al frente al presentar su renuncia formal y, la cual, ya fue aceptada por Galán.
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Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien además anunció que la secretaría a su cargo continúa revisando aspectos clave de los gobiernos locales, “en ejecución presupuestal, acuerdos locales de gestión, transparencia, relacionamiento comunitario y otros aspectos claves para transformar la calidad de vida de los bogotanos”.
En ese orden de ideas, de acuerdo con la normativa existente en caso de renuncia protocolaria, todavía quedan 25 días calendario para que otros alcaldes locales, en compañía de la Secretaría de Gobierno, anuncien si acatan la renuncia protocolaria y dejan su cargo de manera oficial.
Alcaldesas cuestionadas
No resulta extraño que las primeras dimitir hayan sido las alcaldesas de Chapinero en Fontibón, teniendo en cuenta los inconvenientes en torno a su nombramiento y gestión que se hicieron eco en la opinión pública. En primer lugar, un mes antes de la renuncia protocolaria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad en primera instancia del nombramiento de Adriana Yaneth Ortiz Ubaque por no cumplir el requisito de vínculo de 2 años con la localidad.
Antes de dar la pelea para conservar su puesto, y en vista del vacío de legitimidad azuzado por el Distrito, Adriana Ortiz optó por dejar su puesto. De hecho, el Tribunal emitió un fallo similar para declarar la nulidad del nombramiento de Karla Marín, actual alcaldesa de Kennedy, aunque dicha determinación judicial ya fue apelada.
De otro lado, Alexandra Mejía, quien hasta ayer ocupó el puesto de alcaldesa local de Chapinero, tuvo varias críticas durante su año y medio de gestión.
El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el edil de Chapinero, Daniel Velasco, denunciaron presuntos sobrecostos de $40 millones en motos para la estación de Policía de Chapinero, por parte de la alcaldía local. Ambos señalaron que mientras en Suba, Engativá y otras localidades, cada moto tuvo un costo de no más de $50 millones, en Chapinero las compraron por $93 millones.
¿Qué sigue?
Para Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno durante la Alcaldía de Claudia López, hay un término de 30 días calendario para aceptar o no las renuncias. En caso de ser aceptada, dice, la alcaldía local no puede quedar vacante y el alcalde debe proceder encargando un funcionario del nivel central.
“Puede ser un asesor de la Secretaría de Gobierno o un directivo que esté mientras se surte el proceso de: uno, que las Juntas Administradoras Locales tomen los nombres de los candidatos que ya habían aprobado el examen para conformar una nueva terna. O la otra opción es que la Alcaldía convoque a un nuevo examen y luego se presenten nuevas ternas”, lo que, por supuesto, implicaría nuevos recursos como los $417 millones que costó la pasada elección.
“No es usual que el alcalde pide la renuncia protocolaria a todos los alcaldes, pero tiene la potestad. Entonces es un momento en que, como dejaron ver, es una reorganización de la actividad local que al parecer, ahora como está, parece no satisfacer al alcalde mayor”, manifestó Gómez.
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Por Redacción Bogotá
