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El debate sobre la restricción del parrillero en Bogotá quedó finalmente zanjado. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que descartó la imposición de esta medida pese a las solicitudes de algunos concejales y ciudadanos que conciben, a esta forma de transporte, como un agente catalizador de la inseguridad en la ciudad.
Uno de los episodios más recordados consistió en el hurto que sufrió el concejal Rolando González, por parte de dos motociclistas que lo abordaron a pocas cuadras de su casa. Desde aquel momento, el cabildante volvió a agitar el debate sobre la necesidad de prohibir al pasajero en las motos, como se ha hecho en otras ciudades del país.
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Así lo informó Galán durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana de este martes, 25 de marzo. En la alocución, el burgomaestre descartó la imposición de la medida, con base en los estudios técnicos que él y su equipo habrían realizado en las últimas semanas.
“Estudios que se han hecho en el pasado por la implementación que tuvo esa medida reflejaron que el resultado no era el que se buscaba”, manifestó el alcalde, refiriéndose al periodo entre 2022 y 2023 en el cual la anterior administración implementó la medida, pero no logró incidir en los índices de criminalidad como el hurto —en sus diferentes modalidades— y el homicidio.
Pero, además, la información recolectada por el Liévano durante el estudio de la medida, apuntó a que el 99 % de las personas que conducen motocicleta, y lo usan para movilizar parrilleros, no tienen ningún tipo de vínculo con actividades ilegales. En cambio, como ocurrió durante la primera implementación de la restricción al parrillero, familias que dependen de este medio de transporte para movilizar a sus allegados, e incluso como sustento económico, podrían verse afectados de manera colateral.
Finalmente, el alcalde dijo que priorizaría otro tipo de estrategias para mejorar los índices de seguridad, en los cuales, sobre todo el homicidio y la extorsión, continúan sin ceder desde que comenzó su mandato, al cual llegó bajo la bandera de una Bogotá más segura para todos. “Hemos priorizado identificar con cámaras, mejorar las cámaras presentes en Bogotá para poder identificar a los integrantes de las bandas que operan en la ciudad”, apostilló Galán durante la conferencia a medios de comunicación.
Antecedentes de la restricción en Bogotá
Luego de aplicar la restricción de parrillero en las dos alcaldías de Enrique Peñalosa (2000 y 2018) y recientemente en la administración de Claudia López (entre el 21 de abril de 2022 y el 30 de junio de 2023), los resultados no parecen tan efectivos. La última medida, aplicaba los jueves, viernes y sábado, desde las 7:00 de la noche hasta las 4:00 de mañana. Igualmente, los conductores y sus acompañantes debían tener un distintivo con la placa de la moto en la parte posterior externa del casco. El incumplimiento de estas medidas significaba la inmovilización de la moto y una sanción para el conductor.
Según la Secretaría de Seguridad, para junio de 2022, la medida impactó el 3 % del total de viajes que se hacen en motocicleta en la capital y disminuyó el hurto a comercio (15 %), hurto a personas (13 %), hurto a residencias (30 %), hurto a automotores (28 %), hurto a motocicletas (1 %) y lesiones personales (4 %). Si bien, estos indicadores darían un resultado positivo, la interpretación que hacen los expertos es otra. Por ejemplo, Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes, asegura que esta restricción no reduce sustancialmente los delitos. “No hay variación pública de estas medidas y sus efectos sobre la seguridad no son persistentes en el tiempo. Desaparecen con diferentes formas”.
Por esta razón, para Weintraub, propuestas como la del concejal de implementar la medida, en zonas específicas, terminarían por desplazar el delito a otras localidades u otros medios de transporte. Pero este no sería el único costo. El documento ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, elaborado por el CESED, resalta que tendría un impacto para la misma Policía de Tránsito, ya que “depende de la capacidad de las autoridades locales de hacer respetar la prohibición”. Es decir, los uniformados terminan enfocándose en monitorear si se está acatando la medida (más costos) y no “patrullando las calles, para intentar persuadir el delito”, dice el docente.
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Por Redacción Bogotá
