Gimnasio Castillo Campestre deberá ajustar manual de convivencia

Este jueves se conoció que la Secretaría de Educación de Cundinamarca sancionó al colegio Gimnasio Castillo Campestre por el caso de Sergio Urrego, de 16 años, quien habría sido discriminado y perseguido por su orientación sexual hasta que decidió quitarse la vida, el pasado 4 de agosto de 2014. (Lea Sancionan colegio por muerte de Sergio Urrego) 

El Espectador revisó en detalle la resolución 003526 del 20 de marzo de 2015, donde la Secretaría rechaza los alegatos del colegio y lo sanciona con una multa de $32 millones y la suspensión de la licencia de funcionamiento por seis meses. Tiempo que duraría la interventoría por parte de la Secretaría. Sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, el colegio tendrá una licencia provisional de seis meses luego será intervenido.

Si bien la decisión no reconoce la discriminación por orientación sexual que habría sufrido Urrego, (acorde con la denuncia inicial y formal que hizo Alba Reyes y su hijo Sergio, el 1 de julio de 2014, cuando empezaron las presiones del colegio tras conocer la foto entre este con otro compañero y que la Secretaría nunca contestó) sí reconoce que a Sergio Urrego se le negó el derecho a la educación, cuando no le permitieron entrar a clase a través de exigirle certificados de psicológicos luego de que se enteraron de su orientación sexual. (Lea Las pruebas de Sergio)

Asimismo, la Secretaría ordenó al colegio un “plan correctivo” que deberá seguir si no quiere que le cancelen definitivamente la licencia de funcionamiento. “En caso de incumplimiento de este plazo el establecimiento educativo será calificado como reincidente y se procederá de inmediato a la cancelación de la Licencia de Funcionamiento, que se encuentra suspendida”, afirma la resolución.

Durante los seis meses en que estará intervenido, el colegio deberá elaborar y socializar el reglamento del comité de convivencia escolar. Esto ya que como evidenció la Secretaría de Educación de Cundinamarca el caso de Sergio Urrego no fue puesto en conocimiento de este comité, negándole su obligación para actuar. Por eso no fue posible que se activara una ruta de atención integral y protocolos, que permitió que se tomaran decisiones unilaterales y arbitrarias.

También, y quizás sea lo más importante, el Gimnasio Castillo Campestre deberá ajustar su manual de convivencia. El colegio tipificó la conducta de Sergio Urrego como una falta grado II al manual de convivencia. Pero este manual, aseguró la Secretaría, no está ajustado a la Ley 1620 de 2013 que sostiene que se debe “garantizar a los estudiantes el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

Por eso se ordenó que el colegio desarrolle esos componentes de prevención, promoción y protección de derechos. Se infiere (porque no está explícito) que en esa línea de interpretación un beso entre estudiantes del mismo sexo no podría ser catalogado como una falta grave, como sucedió en el caso de Sergio Urrego y su compañero. (Lea Tras las pistas que dejó Sergio)

Asimismo, la ley 1620 de 2013 dice que “El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar: se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes”. Por eso se espera que este espíritu se traduzca en las modificaciones.

Al tiempo, la Secretaría ordenó la devolución de los dineros recaudados por concepto de bonos de solidaridad, reconociendo que se constituyó bajo la ficción de no ser obligatorio dentro de su estructura de costos, sin consultar su viabilidad, y en la práctica se recaudó de forma masiva con la comunidad estudiantil.

La suspensión que puso la Secretaría es la máxima del grado tres, de una escala de cinco. La sanción más leve es una amonestación pública y la más grave la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento. Aun así hay quienes creen que la resolución es bastante tímida y se queda corta en probar la denuncia de discriminación homofóbica que hizo el propio Sergio Urrego.

Por lo pronto, mientras el colegio no asuma su responsabilidad en este caso o esta sea probada judicialmente, la historia de Sergio Urrego seguirá trasegando caminos de justicia, que en este país son largos y en ocasiones cuestionados. Por ejemplo, a la espera de la imputación de cargos a la exrectora Amanda Azucena Castillo y dos empleadas más del colegio sigue la familia de este joven, luego del aplazamiento de la diligencia en dos oportunidades. (Lea Imputarán cargos en caso Sergio Urrego)

La perla de la resolución

Llama la atención también en la resolución que en sus alegatos, el abogado del colegio, Óscar Carvajal, corroboró que las directivas del colegio pusieron en conocimiento de las autoridades la denuncia por supuesto acoso sexual que instauraron los padres de la pareja de Sergio Urrego cuando se destapó la relación que mantenían estos jóvenes.

“Se procedió a informar a las autoridades competentes mediante oficio del 22 de julio de 2014, es claro que ningún establecimiento educativo puede manejar adecuadamente un caso como el que se estaba presentando en el colegio, pero que perfectamente encuadraba con una conducta típica punible”, afirma el abogado.

Y llama la atención porque en declaraciones públicas, la entonces rectora del colegio Amanda Azucena Castillo, quien renunció cuando estalló el escándalo, negó conocer la denuncia por acoso sexual: “No, para nada, ni estoy enterada de que había una demanda. Pues los papás sí se manifestaban, pero hasta uno no tener pruebas, pues no. Ni por el uno ni por el otro. Simplemente una de las familias se alejó del colegio y al parecer buscaron otros medios”, enfatizó Castillo.

nherrera@elespectador.com

Este jueves se conoció que la Secretaría de Educación de Cundinamarca sancionó al colegio Gimnasio Castillo Campestre por el caso de Sergio Urrego, de 16 años, quien habría sido discriminado y perseguido por su orientación sexual hasta que decidió quitarse la vida, el pasado 4 de agosto de 2014. (Lea Sancionan colegio por muerte de Sergio Urrego) 

El Espectador revisó en detalle la resolución 003526 del 20 de marzo de 2015, donde la Secretaría rechaza los alegatos del colegio y lo sanciona con una multa de $32 millones y la suspensión de la licencia de funcionamiento por seis meses. Tiempo que duraría la interventoría por parte de la Secretaría. Sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, el colegio tendrá una licencia provisional de seis meses luego será intervenido.

Si bien la decisión no reconoce la discriminación por orientación sexual que habría sufrido Urrego, (acorde con la denuncia inicial y formal que hizo Alba Reyes y su hijo Sergio, el 1 de julio de 2014, cuando empezaron las presiones del colegio tras conocer la foto entre este con otro compañero y que la Secretaría nunca contestó) sí reconoce que a Sergio Urrego se le negó el derecho a la educación, cuando no le permitieron entrar a clase a través de exigirle certificados de psicológicos luego de que se enteraron de su orientación sexual. (Lea Las pruebas de Sergio)

Asimismo, la Secretaría ordenó al colegio un “plan correctivo” que deberá seguir si no quiere que le cancelen definitivamente la licencia de funcionamiento. “En caso de incumplimiento de este plazo el establecimiento educativo será calificado como reincidente y se procederá de inmediato a la cancelación de la Licencia de Funcionamiento, que se encuentra suspendida”, afirma la resolución.

Durante los seis meses en que estará intervenido, el colegio deberá elaborar y socializar el reglamento del comité de convivencia escolar. Esto ya que como evidenció la Secretaría de Educación de Cundinamarca el caso de Sergio Urrego no fue puesto en conocimiento de este comité, negándole su obligación para actuar. Por eso no fue posible que se activara una ruta de atención integral y protocolos, que permitió que se tomaran decisiones unilaterales y arbitrarias.

También, y quizás sea lo más importante, el Gimnasio Castillo Campestre deberá ajustar su manual de convivencia. El colegio tipificó la conducta de Sergio Urrego como una falta grado II al manual de convivencia. Pero este manual, aseguró la Secretaría, no está ajustado a la Ley 1620 de 2013 que sostiene que se debe “garantizar a los estudiantes el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

Por eso se ordenó que el colegio desarrolle esos componentes de prevención, promoción y protección de derechos. Se infiere (porque no está explícito) que en esa línea de interpretación un beso entre estudiantes del mismo sexo no podría ser catalogado como una falta grave, como sucedió en el caso de Sergio Urrego y su compañero. (Lea Tras las pistas que dejó Sergio)

Asimismo, la ley 1620 de 2013 dice que “El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar: se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes”. Por eso se espera que este espíritu se traduzca en las modificaciones.

Al tiempo, la Secretaría ordenó la devolución de los dineros recaudados por concepto de bonos de solidaridad, reconociendo que se constituyó bajo la ficción de no ser obligatorio dentro de su estructura de costos, sin consultar su viabilidad, y en la práctica se recaudó de forma masiva con la comunidad estudiantil.

La suspensión que puso la Secretaría es la máxima del grado tres, de una escala de cinco. La sanción más leve es una amonestación pública y la más grave la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento. Aun así hay quienes creen que la resolución es bastante tímida y se queda corta en probar la denuncia de discriminación homofóbica que hizo el propio Sergio Urrego.

Por lo pronto, mientras el colegio no asuma su responsabilidad en este caso o esta sea probada judicialmente, la historia de Sergio Urrego seguirá trasegando caminos de justicia, que en este país son largos y en ocasiones cuestionados. Por ejemplo, a la espera de la imputación de cargos a la exrectora Amanda Azucena Castillo y dos empleadas más del colegio sigue la familia de este joven, luego del aplazamiento de la diligencia en dos oportunidades. (Lea Imputarán cargos en caso Sergio Urrego)

La perla de la resolución

Llama la atención también en la resolución que en sus alegatos, el abogado del colegio, Óscar Carvajal, corroboró que las directivas del colegio pusieron en conocimiento de las autoridades la denuncia por supuesto acoso sexual que instauraron los padres de la pareja de Sergio Urrego cuando se destapó la relación que mantenían estos jóvenes.

“Se procedió a informar a las autoridades competentes mediante oficio del 22 de julio de 2014, es claro que ningún establecimiento educativo puede manejar adecuadamente un caso como el que se estaba presentando en el colegio, pero que perfectamente encuadraba con una conducta típica punible”, afirma el abogado.

Y llama la atención porque en declaraciones públicas, la entonces rectora del colegio Amanda Azucena Castillo, quien renunció cuando estalló el escándalo, negó conocer la denuncia por acoso sexual: “No, para nada, ni estoy enterada de que había una demanda. Pues los papás sí se manifestaban, pero hasta uno no tener pruebas, pues no. Ni por el uno ni por el otro. Simplemente una de las familias se alejó del colegio y al parecer buscaron otros medios”, enfatizó Castillo.

nherrera@elespectador.com