‘IDÚ, consiga la plata antes de contratar’: Procuraduría

Lo reveló la Contraloría Distrital: por contratos mal celebrados, mal ejecutados e, incluso, en los que se han robado directamente el dinero de los bogotanos, actualmente hay 1.243 procesos de responsabilidad fiscal, que suman un posible detrimento por casi $5,3 billones. Detrás de esta cifra hay un problema común: falta de planeación. (Lea: Bogotá ha perdido en malos contratos $5,3 billones) 

A propósito del dato que reveló el ente de Control Fiscal y ante la gran cantidad de obras que planea contratar la actual administración (solo en movilidad suman casi $43 billones), la Procuraduría envió una advertencia al Instituto de Desarrollo Urbano (IDÚ) para que se asegure de tener la plata para las obras antes de contratar los estudios y diseños. Esto, con el fin de evitar posibles detrimentos patrimoniales “por obras que se queden en el papel o que se desactualicen antes de empezar a ser ejecutadas”. (Lea: Peñalosa: “$49 de cada $100 serán para movilidad”) 

La recomendación de la Procuraduría apunta especialmente a los estudios y diseños de obras como la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima (entre las calles 32 y la 200);  la de la avenida Ciudad de Cali (Soacha hasta Cota); la troncal de la avenida 68, desde la autopista Sur hasta la carrera Séptima; la extensión de la troncal de la avenida Caracas, desde Molinos a Yomasa y el ramal La Aurora – Yomasa; la troncal de la avenida Villavicencio, desde la NQS hasta la avenida Boyacá, y la conexión de la calle 26 con Avenida Las Américas. (Lea: El Transmilenio que dejaría Peñalosa) 

La advertencia tiene relevancia si se tiene en cuenta que solo para el proyecto de Transmilenio por la carrera Séptima se han invertido multimillonarios recursos públicos en estudios que se han quedado en el papel. Por ejemplo, en 2007 la administración de Luis Eduardo Garzón invirtió casi $10.000 millones en estudios (casi $17.000 millones a precios de hoy); luego Samuel Moreno, invirtió casi $2.000 millones en la actualización, para la construcción de un Transmilenio liviano (que tampoco se hizo), y ahora la administración de Enrique Peñalosa tiene en marcha un proceso para contratar la actualización de diseños, que costarán $10.500 millones. (Lea: Avanza Transmilenio por la carrera Séptima y la calle 72) 

En el oficio, el Ministerio Público a través de su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, sugirió hacer una amplia difusión de los proyectos, que no solo se concentre en los interesados, “con miras a proteger los derechos de los ciudadanos y evitar afectaciones al patrimonio público”. (Lea: Obras que se harían en Bogotá con plata prestada) 

Finalmente, la Procuraduría le recordó al IDÚ que este tipo de advertencias obedecen a actuaciones preventivas en materia de contratación estatal, con el fin de “proteger el cumplimiento de la ley y salvaguardar los recursos públicos, y evitar en lo posible la comisión de faltas disciplinarias”, concluyó. (Lea: Hasta ocho nuevas troncales de Transmilenio estrenará Bogotá)

Lo reveló la Contraloría Distrital: por contratos mal celebrados, mal ejecutados e, incluso, en los que se han robado directamente el dinero de los bogotanos, actualmente hay 1.243 procesos de responsabilidad fiscal, que suman un posible detrimento por casi $5,3 billones. Detrás de esta cifra hay un problema común: falta de planeación. (Lea: Bogotá ha perdido en malos contratos $5,3 billones) 

A propósito del dato que reveló el ente de Control Fiscal y ante la gran cantidad de obras que planea contratar la actual administración (solo en movilidad suman casi $43 billones), la Procuraduría envió una advertencia al Instituto de Desarrollo Urbano (IDÚ) para que se asegure de tener la plata para las obras antes de contratar los estudios y diseños. Esto, con el fin de evitar posibles detrimentos patrimoniales “por obras que se queden en el papel o que se desactualicen antes de empezar a ser ejecutadas”. (Lea: Peñalosa: “$49 de cada $100 serán para movilidad”) 

La recomendación de la Procuraduría apunta especialmente a los estudios y diseños de obras como la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima (entre las calles 32 y la 200);  la de la avenida Ciudad de Cali (Soacha hasta Cota); la troncal de la avenida 68, desde la autopista Sur hasta la carrera Séptima; la extensión de la troncal de la avenida Caracas, desde Molinos a Yomasa y el ramal La Aurora – Yomasa; la troncal de la avenida Villavicencio, desde la NQS hasta la avenida Boyacá, y la conexión de la calle 26 con Avenida Las Américas. (Lea: El Transmilenio que dejaría Peñalosa) 

La advertencia tiene relevancia si se tiene en cuenta que solo para el proyecto de Transmilenio por la carrera Séptima se han invertido multimillonarios recursos públicos en estudios que se han quedado en el papel. Por ejemplo, en 2007 la administración de Luis Eduardo Garzón invirtió casi $10.000 millones en estudios (casi $17.000 millones a precios de hoy); luego Samuel Moreno, invirtió casi $2.000 millones en la actualización, para la construcción de un Transmilenio liviano (que tampoco se hizo), y ahora la administración de Enrique Peñalosa tiene en marcha un proceso para contratar la actualización de diseños, que costarán $10.500 millones. (Lea: Avanza Transmilenio por la carrera Séptima y la calle 72) 

En el oficio, el Ministerio Público a través de su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, sugirió hacer una amplia difusión de los proyectos, que no solo se concentre en los interesados, “con miras a proteger los derechos de los ciudadanos y evitar afectaciones al patrimonio público”. (Lea: Obras que se harían en Bogotá con plata prestada) 

Finalmente, la Procuraduría le recordó al IDÚ que este tipo de advertencias obedecen a actuaciones preventivas en materia de contratación estatal, con el fin de “proteger el cumplimiento de la ley y salvaguardar los recursos públicos, y evitar en lo posible la comisión de faltas disciplinarias”, concluyó. (Lea: Hasta ocho nuevas troncales de Transmilenio estrenará Bogotá)