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Las tensiones entre la comunidad Emberá, el Gobierno Nacional y el Distrito continúan si tener una solución larga y duradera. Tras múltiples jornadas de retornos, reubicaciones y esfuerzos por brindar una estadía digna a la comunidad que continúa en la capital, la madrugada de este jueves se vivió un nuevo intento de ocupación en los predios del Parque Nacional.
En contexto: Con esperanza y dudas, comunidad Embera emprende el retorno a sus territorios
Equipos de Distrito realizaron una intervención temprana para retirar a las familias e impedir que se asentaran nuevamente en el espacio público, reiterando lo que se viene diciendo hace varios años: que el parque no puede ser ocupado y que esta situación implica riesgos graves para la comunidad, particularmente para los menores de edad.
La Consejería de Paz y Víctimas del Distrito explicó que fueron las 26 personas que participaron en la vía de hecho, 17 son mayores de edad (16 con cédula de ciudadanía y una persona aún con tarjeta de identidad). De estos, 11 han sido identificados por la comunidad como jefes de hogar.
En medio de los diálogos establecidos en una reunión por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Consejería alertó que un líder intentó ejercer presión y solicitó COP 200 millones para salir de las inmediaciones del parque. “Al vocero se le brindó oferta de recibirle en territorio de la autoridad Embera. Sin embargo, decidió no aceptarla y afirmó que dejaría el Parque Nacional si le entregaban COP 200 millones. Adicional, indicó qué, de no recibir el recurso solicitado, él y los demás integrantes no se retirarán del Parque”.
Finalmente la comunidad cedió y salió despejó el área, rumbo al Ministerio de Vivienda, no obstante, información reciente indica que retornaron a unos ‘pagadiario’ en donde se establecieron semanas atrás.
Así las cosas, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que desde las primeras horas del día se desplegó presencia permanente de funcionarios, gestores de convivencia y equipos sociales en predios del Parque. “Reiteramos enfáticamente que esta vía de hecho no fue —ni será— permitida”, afirmó. Asimismo, hizo un llamado directo a los voceros de la comunidad para evitar exponer a niños, niñas y adolescentes a condiciones inseguras: “El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación”.
De acuerdo con los equipos de diálogo del Distrito, los líderes Emberá reiteraron que esperan una respuesta pendiente del Gobierno Nacional sobre procesos de reubicación, restitución de tierras y compromisos adquiridos durante los retornos de 2024. Y en ese sentido, señalaron que continuarán exigiendo un diálogo para encontrar una salida real y duradera.
Cabe recordar que en mayo de este año, cerca de 300 indígenas Emberá regresaron nuevamente al Parque Nacional tras salir de la UPI La Rioja por las condiciones sanitarias y los riesgos de infraestructura latentes. La Alcaldía alertó entonces que entre ellos había aproximadamente 150 menores que estaban expuestos a los riesgos de la intemperie.
Sin embargo, esa salida de la Rioja y la posterior llegada al Parque Nacional es un ciclo que se repite desde, al menos, el 2021. La comunidad ha transitado por asentamientos temporales, albergues como La Rioja o la UPI La Florida, retornos masivos o parciales a sus territorios, plantones a las afueras de varios ministerios, y finalmente, el regreso de sus territorios a Bogotá por falta de garantías.
La orden judicial que sigue sin cumplirse del todo
A pesar de que en 2024 y 2025 se han hecho esfuerzos institucionales, sigue pendiente la reubicación definitiva de quienes continúan en La Rioja. El Tribunal de Cundinamarca ordenó identificar un inmueble digno y evacuar de manera urgente a la comunidad que aún vive allí, pero el proceso avanza lentamente debido a la dificultad habilitar un predio que cumpla las condiciones mínimas para ofrecer una estadía digna.
El nuevo intento de ocupación del 27 de noviembre confirma que la situación de la comunidad Emberá en Bogotá continúa sin solución estructural. Mientras el Distrito insiste en que el Parque Nacional no volverá a ser un asentamiento, la comunidad exige diálogo directo con el Gobierno Nacional para destrabar compromisos sobre tierras, reubicación y garantías de retorno.
La tensión permanece, y el riesgo de nuevas llegadas al parque sigue latente.
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Por Redacción Bogotá
