El miércoles se descubrió un aborto en un baño de en un colegio distrital. La noticia la confirmó la Secretaría de Educación, que informó que “de inmediato” se activaron los protocolos para tratar de identificar a la mujer y brindarle atención. El Espectador preguntó si la mujer ya fue encontrada, pero no confirmaron por temas de confidencialidad y protección de derechos.
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Este caso reabrió el interrogante sobre cómo está la capital en términos de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que tienen las mujeres y personas gestantes hasta la semana 24 de gestación, gracias a la histórica sentencia C-055 de la corte constitucional en 2022.
En Bogotá, el Acuerdo 023 de 2022, aprobado en el Concejo, expidió la primera norma de las ciudades en el país, donde determina que todas las EPS, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPBs e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del Distrito deben garantizar el acceso a este derecho en condiciones dignas, promoviendo la eliminación de barreras, persecuciones y hostigamientos a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
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Asimismo, ordena a las Secretarías de Salud y de la Mujer, fortalecer las competencias del talento humano para prevenir y erradicar todo tipo de violencias (especialmente la violencia obstétrica), acciones de promoción y sensibilización frente al derecho, fortalecer las líneas de atención para recibir casos en que se haya negado la IVE e iniciar el proceso ante la SuperSalud y garantizar la privacidad y la humanización en atención inicial.
Sin embargo, este marco normativo no siempre se cumple al pie de la letra en la realidad. Desde que se cumplió tres años de la sentencia, las organizaciones sociales y civiles han resaltado que si bien Bogotá ha avanzado en dar garantías de acceso en el sistema de salud, como en el Hospital La Victoria, la falta de información o barreras de acceso y calidad del servicio, siguen siendo un muro para el aborto.
El más reciente informe de Profamilia, publicado en 2024, ‘Evaluación del ecosistema de aborto en Bogotá’, analizó que para acceder a este derecho, depende si la persona se encuentra asegurada (afiliada al sistema de salud) o no. “Adicionalmente, es más fácil acceder a los servicios de aborto desde el sector privado que desde el sector público, donde se identifican mayores barreras”.
Así lo muestran los datos. Según la Secretaría de Salud, entre enero y septiembre de 2024 se reportaron a la entidad, 19.249 procedimientos de IVE. Del total de atenciones realizadas, el 91% se brindaron en IPS del sector privado, principalmente en la Asociación Profamilia, 61,4 % (11.823) y la Fundación Oriéntame, 27,1 % (5.215). Mientras que la SubRed Centro Oriente fue la que más atenciones brindó 6 % (1.082), seguido de la SubRed Suroccidente 1,8 % (345), Subred Norte 1 % (154) y Subred Sur 0,5 % (90).
Por su parte, los Hospitales que más atendieron el derecho al aborto fueron: Hospital De La Victoria, 5,6 % (1.081); Clínica Magdalena, 2,1 % (413); Hospital De Kennedy, 1,2% (235); Hospital De Suba, 0,8% (154) ; Hospital De Meissen, 0,5% (90); Hospital Bosa, 0,3% (59); y Hospital Fontibón, 0,3% (49).
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“De acuerdo a las orientaciones técnicas realizadas por la Secretaria Distrital de Salud, se identifica un total de 23 centros han reportado la prestación de servicios de IVE, de los cuales 12 son privados y 11 son públicos (...) Toda la red pública de la ciudad de Bogotá cuenta con oferta de la atención de IVE”, indicaron.
Derechos sexuales y reproductivos
Otro obstáculo identificado, nuevamente depende del tipo de población. A pesar de que la Sentencia C - 355 de 2006 determina que las menores de 14 años tienen derecho a abortar y está prohibido exigirles el consentimiento de sus padres o representantes legales, la Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres, ha recibido casos donde menores de 18 o 14 años, expresan su temor de que el prestador de salud filtre su historia clínica a sus familias o instituciones educativas.
“Por ejemplo, antes del acceso a la IVE llaman a los cotizantes de los planes de salud de las niñas y adolescentes a solicitar su autorización para la toma de muestras o para la práctica de exámenes que sean asociados a la IVE. O también casos donde padres o acudientes reciben llamadas de seguimiento de salud para conocer el estado de salud de sus hijas, luego de haber accedido a una IVE. En mayores de edad, también tenemos casos de filtración de sus historias clínicas, cuando el Estado se vio obligado a garantizar el derecho luego de una acción legal y el empleador debe pagar sus incapacidades”.
El estigma y la discriminación, sigue siendo también un componente de impedimento. Aunque el 92% de las personas consideran que las decisiones de las mujeres sobre su reproducción deben ser respetadas (encuesta Cifras y Conceptos, 2023), en el ámbito educativo, Profamilia identificó que “hay docentes con posiciones a favor de la autonomía reproductiva, con quienes el estudiantado puede contar, pero es una tarea al azar y no una política educativa institucional que contemple los derechos sexuales y reproductivos”.
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Según la Secretaría de Salud, en lo corrido del 2024, impartieron 1.494 sesiones sobre educación sexual integral en 179 colegios y 34.342 estudiantes impactados, tal como lo establece la Ley 115 de 1994 tanto para colegios oficiales como privados y en todos los niveles de educación. “Con la educación sexual prevenimos que algo así ocurra. Esta administración tiene muy claro la importancia de un abordaje con enfoque en derechos, pero eso toma tiempo en la formación de un plantel educativo. Aquí no hay que revictimizar, sino acompañar, comprender las razones y prevenirlo”, sentenció Mariana Sanz De Santamaría, fundadora de la ONG Poderosas que refuerza el poder de decisión en menores con mayor grado de vulnerabilidad en Colombia.
En el caso puntual ocurrido el 29 de enero, informaron que el equipo de salud pública de la Subred realizó ese mismo día sesiones educativas de bienestar emocional en 3 cursos de los grados octavo y noveno por una dupla de psicólogos universitarios, “priorizando el evento de prevención de violencias”, de autocuidado en 3 cursos de los grados quinto y noveno por parte de una dupla de profesionales de enfermería y psicología, de ciclo menstrual y bienestar emocional en grado quinto, derechos sexuales y reproductivos en grado noveno, de planificación familiar con los 6 salones de grado once, y abordaje a 4 cursos de los grados séptimos y octavos en salud mental.
Desde Profamilia destacan que en Bogotá, la Mesa Intersectorial de IVE sigue siendo un espacio con la oportunidad de acordar un plan de acción claro y realista, aunque “aun las barreras morales y subjetivas pueden representarse en funcionarios o funcionarias que tengan algún lugar de gestión o de decisión en las entidades y que se permiten salpicar sus prejuicios morales en la prestación del servicio de salud”, reclama la Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres.
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El Distrito plantea en los próximos tres años, garantizar la ejecución del plan de acción de esa Mesa Intersectorial, ampliar y fortalecer la Red Integrada de Servicios de Salud pública y privada, completar las visitas a IPS que ya tienen implementado el servicio de IVE, iniciar visitas de asistencia técnica a las IPS con quejas, casos índices o con negación sistemática del servicio, búsqueda activa de lugares clandestinos, desarrollo de estrategias de información y comunicación masiva, fortalecer al talento humano en salud y fortalecer los sistemas de información y reporte de atenciones con enfoque diferencial y de género tan pronto como se implemente el sistema CIE-11.
La “despenalización social”, como lo han señalado varias expertas, es uno de los principales retos que derivan en la dificultad para acceder a servicios y se vuelve más problemático para los sectores más vulnerables. Por ello, el llamado de la Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres a que el Estado cumpla con su obligación de divulgación y capacitación de sus funcionarios, y se complemente con la experiencia territorial de las organizaciones sociales, de los colectivos y movimientos.
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Por María Angélica García Puerto
