Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá
Juan Pablo Bocarejo deberá responder ante la Procuraduría por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia y planeación.
-Redacción Bogotá -bogota@elespectador.com
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en el marco de la licitación de semáforos inteligentes para Bogotá que está en curso.
El Ministerio Público informó que el proceso se inicia por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos por un valor de asciende a los $215.000 millones.
Mediante un oficio del pasado 11 de diciembre, firmado por el procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, se pidió suspender la licitación de manera inmediata.
El ente de control informó, además, que se abrió un proceso contra la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, como ordenadora del gasto, y contra Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad.
Para la Procuraduría se busca establecer por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. “Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas”, indicó la Procuraduría.
Indicó también que no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidad y los que están publicados en portal de contratación.
Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes, quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite.
Algunos de ellos han insistido en el contrato de consultoría por $5.499 millones con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto.
Finalmente, la Procuraduría afirmó que, pese a que notificó a la Secretaría de Movilidad el 13 de diciembre, a la fecha la entidad ha seguido incorporando documentos para avanzar en el proceso hacia la adjudicación del contrato.
En contexto
La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $200.000 millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte. (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes).
Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal Conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.
La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.
***
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en el marco de la licitación de semáforos inteligentes para Bogotá que está en curso.
El Ministerio Público informó que el proceso se inicia por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos por un valor de asciende a los $215.000 millones.
Mediante un oficio del pasado 11 de diciembre, firmado por el procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, se pidió suspender la licitación de manera inmediata.
El ente de control informó, además, que se abrió un proceso contra la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, como ordenadora del gasto, y contra Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad.
Para la Procuraduría se busca establecer por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. “Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas”, indicó la Procuraduría.
Indicó también que no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidad y los que están publicados en portal de contratación.
Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes, quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite.
Algunos de ellos han insistido en el contrato de consultoría por $5.499 millones con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto.
Finalmente, la Procuraduría afirmó que, pese a que notificó a la Secretaría de Movilidad el 13 de diciembre, a la fecha la entidad ha seguido incorporando documentos para avanzar en el proceso hacia la adjudicación del contrato.
En contexto
La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $200.000 millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte. (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes).
Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal Conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.
La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.
***
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook