Irregularidades en contratación, también en Santa Fe y Bosa

En momentos en los que a la Personería de Bogotá le estalla un escándalo por posible tráfico de influencias –protagonizado por quien fuera el coordinador de las personerías locales, Camilo Bonilla Guevara– este miércoles el organismo de control advirtió irregularidades de contratación en otras dos localidades de la ciudad: Santa Fe y Bosa. (Lea: ¿Tráfico de influencias en la Personería?)

La denuncia –que se suma a las investigaciones que adelanta el ente contra las administraciones de Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos– está relacionada con “graves irregularidades” en materia de contratación en las alcaldías de Santa Fe y Bosa, y en las que están comprometidos recursos por el orden de $11.820 millones. (Lea también: Contratación indebida, el mal de las alcaldías locales).

Según la Personería, que ya inició dos indagaciones preliminares, se trata de irregularidades en la contratación de la malla vial de ambas localidades. En tales procesos, las administraciones habrían vulnerado las normas de contratación “al realizar procesos en los que limitan la participación plural, transparente y objetiva de todos los interesados o amañan documentos para habilitar proponentes con el fin de favorecer a particulares”.

En el caso de la localidad de Santa Fe, advierte el organismo, se adjudicó un contrato por $6.107 millones a una firma que habría presentado un documento falso para concursar. A pesar de las supuestas inconsistencias en la información de experiencia del proponente, la Alcaldía dio luz verde a la firma, que se hizo a un contrato por ocho meses para el diagnóstico, estudio, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial y el espacio público de la localidad.

“Antes de la audiencia de adjudicación, el Comité Evaluador de la Alcaldía Local determinó que uno de los proponentes no cumplía con la experiencia requerida en el pliego de condiciones, y, por lo tanto, no pasó los requisitos técnicos habilitantes (…) Semanas después, la firma resultó habilitada con unas certificaciones expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Sin embargo, en una visita al IDU, la Personería encontró que los números de los documentos no corresponden a ninguna de las certificaciones aportadas en la licitación, es decir, el Instituto no elaboró esos documentos. Pese a la presunta falsedad, la Alcaldía adjudicó la licitación”, determinó el ente.

Por otro lado, en Bosa, se habrían direccionado los estudios previos y el pliego de condiciones de un contrato por $5.713 millones para favorecer a una firma, al punto que fue la única habilitada para participar en la licitación.

De acuerdo con la Personería, en los pliegos para la construcción de vías locales y espacio público, la Alcaldía hizo “altas exigencias y otras solicitudes muy específicas”, que habrían evitado la pluralidad de oferentes en condiciones transparentes y objetivas, tanto que solo quedó una firma habilitada.

Incluso, agrega el organismo, la empresa ganadora fue la única que no realizó observaciones a los pliegos. Algo similar ocurrió con la contratación de la firma interventora de la ejecución de la malla vial.

“En los pliegos de condiciones para concursar por la adjudicación de la obra y la interventoría se exigió como condición para participar a las firmas privadas haber sido constituidas mínimo cinco años antes. La justificación a esa solicitud no se encontró (…) A los interesados en construir la malla vial se les pidió que los proponentes acreditaran una experiencia específica en un solo contrato igual o superior a $5.714 millones y debían demostrar que realizaron excavaciones mecánicas, piso en loseta aso, relleno compactado, sub base granular b-400, entre otros. Tampoco se evidenció soporte técnico para tal requisito”, advirtió la Personería.

“Todo se ha ajustado a la ley”: alcalde de Santa Fe

Ante el anuncio de la investigación, Gustavo Niño Furnieles, alcalde de la localidad de Santa Fe, señaló que a la fecha no ha sido notificado del proceso y que la información la conocieron de forma extraoficial, “desconociendo, por demás, principios esenciales de nuestro Estado relativos al debido proceso y la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa”.  El mandatario indicó que la gestión contractual en su administración se ha desarrollado conforme a la ley, garantizado la pluralidad de oferentes a “tal punto que en la licitación de la que habla la Personería participaron 16 proponentes, con 32 propuestas para adjudicar 2 módulos de malla vial”, agregó.

Sobre la discusión alrededor del consorcio que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de selección investigado, giró en torno a la veracidad y autenticidad de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) sobre el porcentaje de participación de uno de sus integrantes, dudas que se despejaron al verificar información con el IDU, “por lo que finalmente no existió un elemento para descalificar la propuesta de la firma”.

Sobre los documentos aportados y sobre los cuales existe una presunta inconformidad en su autenticidad, explicó que la Alcaldía Local, al no ser competente para determinar una falsedad en documentos públicos, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía el 29 de noviembre de 2016. “Todo este análisis está plasmado en la Resolución N° 000274 del 12 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa formulada a la resolución de adjudicación”.

Luego de destacar que ha colaborado con los entes de control, el alcalde concluye: “resulta extraño que la Personería, sin siquiera haber abierto o notificado sobre la existencia de una investigación formal, adelante un procedimiento no previsto en ninguna norma jurídica ante los medios de comunicación, y traslade el debate a este escenario, dando lugar a un prejuzgamiento mediático que afecta el buen nombre del suscrito alcalde y el desarrollo de la gestión administrativa local”.

En momentos en los que a la Personería de Bogotá le estalla un escándalo por posible tráfico de influencias –protagonizado por quien fuera el coordinador de las personerías locales, Camilo Bonilla Guevara– este miércoles el organismo de control advirtió irregularidades de contratación en otras dos localidades de la ciudad: Santa Fe y Bosa. (Lea: ¿Tráfico de influencias en la Personería?)

La denuncia –que se suma a las investigaciones que adelanta el ente contra las administraciones de Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos– está relacionada con “graves irregularidades” en materia de contratación en las alcaldías de Santa Fe y Bosa, y en las que están comprometidos recursos por el orden de $11.820 millones. (Lea también: Contratación indebida, el mal de las alcaldías locales).

Según la Personería, que ya inició dos indagaciones preliminares, se trata de irregularidades en la contratación de la malla vial de ambas localidades. En tales procesos, las administraciones habrían vulnerado las normas de contratación “al realizar procesos en los que limitan la participación plural, transparente y objetiva de todos los interesados o amañan documentos para habilitar proponentes con el fin de favorecer a particulares”.

En el caso de la localidad de Santa Fe, advierte el organismo, se adjudicó un contrato por $6.107 millones a una firma que habría presentado un documento falso para concursar. A pesar de las supuestas inconsistencias en la información de experiencia del proponente, la Alcaldía dio luz verde a la firma, que se hizo a un contrato por ocho meses para el diagnóstico, estudio, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial y el espacio público de la localidad.

“Antes de la audiencia de adjudicación, el Comité Evaluador de la Alcaldía Local determinó que uno de los proponentes no cumplía con la experiencia requerida en el pliego de condiciones, y, por lo tanto, no pasó los requisitos técnicos habilitantes (…) Semanas después, la firma resultó habilitada con unas certificaciones expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Sin embargo, en una visita al IDU, la Personería encontró que los números de los documentos no corresponden a ninguna de las certificaciones aportadas en la licitación, es decir, el Instituto no elaboró esos documentos. Pese a la presunta falsedad, la Alcaldía adjudicó la licitación”, determinó el ente.

Por otro lado, en Bosa, se habrían direccionado los estudios previos y el pliego de condiciones de un contrato por $5.713 millones para favorecer a una firma, al punto que fue la única habilitada para participar en la licitación.

De acuerdo con la Personería, en los pliegos para la construcción de vías locales y espacio público, la Alcaldía hizo “altas exigencias y otras solicitudes muy específicas”, que habrían evitado la pluralidad de oferentes en condiciones transparentes y objetivas, tanto que solo quedó una firma habilitada.

Incluso, agrega el organismo, la empresa ganadora fue la única que no realizó observaciones a los pliegos. Algo similar ocurrió con la contratación de la firma interventora de la ejecución de la malla vial.

“En los pliegos de condiciones para concursar por la adjudicación de la obra y la interventoría se exigió como condición para participar a las firmas privadas haber sido constituidas mínimo cinco años antes. La justificación a esa solicitud no se encontró (…) A los interesados en construir la malla vial se les pidió que los proponentes acreditaran una experiencia específica en un solo contrato igual o superior a $5.714 millones y debían demostrar que realizaron excavaciones mecánicas, piso en loseta aso, relleno compactado, sub base granular b-400, entre otros. Tampoco se evidenció soporte técnico para tal requisito”, advirtió la Personería.

“Todo se ha ajustado a la ley”: alcalde de Santa Fe

Ante el anuncio de la investigación, Gustavo Niño Furnieles, alcalde de la localidad de Santa Fe, señaló que a la fecha no ha sido notificado del proceso y que la información la conocieron de forma extraoficial, “desconociendo, por demás, principios esenciales de nuestro Estado relativos al debido proceso y la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa”.  El mandatario indicó que la gestión contractual en su administración se ha desarrollado conforme a la ley, garantizado la pluralidad de oferentes a “tal punto que en la licitación de la que habla la Personería participaron 16 proponentes, con 32 propuestas para adjudicar 2 módulos de malla vial”, agregó.

Sobre la discusión alrededor del consorcio que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de selección investigado, giró en torno a la veracidad y autenticidad de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) sobre el porcentaje de participación de uno de sus integrantes, dudas que se despejaron al verificar información con el IDU, “por lo que finalmente no existió un elemento para descalificar la propuesta de la firma”.

Sobre los documentos aportados y sobre los cuales existe una presunta inconformidad en su autenticidad, explicó que la Alcaldía Local, al no ser competente para determinar una falsedad en documentos públicos, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía el 29 de noviembre de 2016. “Todo este análisis está plasmado en la Resolución N° 000274 del 12 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa formulada a la resolución de adjudicación”.

Luego de destacar que ha colaborado con los entes de control, el alcalde concluye: “resulta extraño que la Personería, sin siquiera haber abierto o notificado sobre la existencia de una investigación formal, adelante un procedimiento no previsto en ninguna norma jurídica ante los medios de comunicación, y traslade el debate a este escenario, dando lugar a un prejuzgamiento mediático que afecta el buen nombre del suscrito alcalde y el desarrollo de la gestión administrativa local”.